Querellante por 27/F reiterará ante el Presidente Piñera su petición para que declare como testigo ante la fiscal Huerta

El abogado Raúl Meza anticipó que solicitará el pronunciamiento del mandatario durante su asistencia a la vigilia del 27 de febrero, en isla Orrego.




El abogado querellante por el caso tsunami, Raúl Meza, comunicó durante esta jornada que efectuará personalmente una petición al Presidente Sebastián Piñera, a fin de que acepte asistir como testigo ante la fiscal Huerta, en el marco de la investigación por responsabilidades del 27/F.

El jurista formuló esta petición  el 11 de febrero en el Palacio de la Moneda, mediante una carta, tras lo cual anunció que insistirá ante el jefe de Estado, para que dé su versión ante Solange Huerta, sobre los hechos producidos en la ONEMI, la noche del 27 de febrero de 2010.

Según aduce Meza, "el motivo de esta peticion tiene su origen, en la afirmación que el Mandatario hiciera el día de viernes 8 de febrero, por vía Twitter, en la que señala: 'cuando se tenga la información suficiente, como se tuvo ese 27/F, debe darse de inmediato la orden de evacuación, para salvar vidas'".

"Resulta de la mayor importancia probatoria, que el Sr. Presidente Sebastian Piñera declare, en la calidad de testigo de los hechos que acontecieron el día 27 de Febrero de 2010 en dicha repartición pública, y sea interrogado sobre la información y los antecedentes que le fueron entregados personalmente por la ex presidenta Michelle Bachelet,  como máxima autoridad que ejerció el mando político durante la emergencia nacional", agregó.

Finalmente, Meza establece que "queremos manifestar nuestro mas profundo y categórico rechazo a la reciente decisión de la Fiscal Huerta de no ampliar las formalizaciones de cargos en contra del exIntendente Jaime Toha, el Ex Comandante Maquiavello y a los funcionarios de la armada de Chile a cargo de las capitanias de puerto y gobernaciones marítimas cuya responsabilidad estaría acreditada conforme al merito del Segundo informe de la PDI, sin embargo, el Ministerio Publico, en una actitud jurídicamente inaceptable e insultante hacia las victimas, decide simplemente reformalizar a los mismos imputados por los mismos delitos".

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