Rebelión diplomática contra la Ley de Lobby

A fines de octubre, un grupo de funcionarios de la Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, encabezados por el abogado Rodrigo Mora, comenzaron a llamar a 40 embajadores chilenos para explicarles a través de videoconferencias los alcances de la ley y del reglamento que regulan el lobby y que regirán a partir del próximo viernes 28 de noviembre.

El proceso era parte de una suerte de marcha blanca por parte del gobierno de lo que será la próxima implementación de la ley del lobby. Y en lo posible, anticipar algunos problemas. Por lo mismo, el equipo de la Segpres seleccionó personeros que ocupan cargos que han sido definidos por la ley como sujetos pasivos de acciones de lobby o de gestiones de interés particular, para ver cómo operaba el nuevo reglamento. Los ministros de Economía, Luis Felipe Céspedes, y de Bienes Nacionales, Víctor Osorio; todos los subsecretarios, jefes de gabinete, e intendentes fueron sometidos a estas capacitaciones en las que también se evaluó a actores activos, entre ellos dirigentes gremiales de la CPC y de la Cámara Chilena de la Construcción, e incluso a agencias de comunicación estratégicas y de lobistas.

Pero fue con los embajadores donde surgieron las principales críticas. Tras escuchar "la inducción" que había preparado la Segpres, la mayoría de los diplomáticos quedaron en extremo preocupados. Algunas de las disposiciones del reglamento que había dictado la Segpres en junio pasado mediante el decreto 71, entre ellas la obligación de publicar los nombres de las personas que solicitaban audiencias y los temas que se trataban en esas reuniones, afirman funcionarios del servicio exterior chileno, "no toman en consideración la especial naturaleza del trabajo que realiza el Ministerio de Relaciones Exteriores". La ley del lobby, dicen, podría convertirse en un obstáculo y un riesgo para el eficaz cumplimiento de la labor diplomática de las misiones chilenas en el extranjero.

Para los embajadores, además, las normas que les impone la ley, al considerarlos sujetos pasivos de lobby y gestiones de interés particular, podría entrañar un conflicto con la Convención de Viena de 1961, que regula las relaciones diplomáticas entre los países. Incluso, contravienen la práctica habitual de las cancillerías de todo el mundo.

Algunos jefes de misión, como el embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, llamaron de inmediato al subsecretario de Relaciones Exteriores, Edgardo Riveros, y al director Jurídico de la Cancillería, Claudio Troncoso, para advertirle los problemas que ocasionaría a la diplomacia chilena la aplicación del reglamento de la ley del lobby.

Parte del trabajo usual de los embajadores es reunirse en forma reservada o pública con autoridades, dirigentes políticos, líderes de opinión, empresarios y personeros de los más diversos ámbitos en los países u organismos internacionales en los que están acreditados. En esas reuniones se intercambian opiniones, se atienden consultas o solicitudes, se habla de la situación política, económica o social o se llevan adelante negociaciones. Si un diplomático pretende hacer bien su gestión, debe establecer redes lo más amplias posibles en los países donde se encuentran desempeñando sus funciones. De esas gestiones, los embajadores informan de manera reservada a sus cancillerías. Pero a partir del viernes 28, a menos que la audiencia trate un tema que afecte a la seguridad nacional, tanto los nombres de quiénes soliciten esas conversaciones como el tenor de lo tratado, deberán quedar registrados en un formulario público.

OFENSIVA DE CANCILLERÍA

El 13 de noviembre pasado, a sólo dos semanas de que comience a aplicarse la ley del lobby, el subsecretario de Relaciones Exteriores subrogante, Alfredo Labbé, presentó un requerimiento de la Cancillería ante la Contraloría General de la República pidiendo que haga una interpretación y una precisión de esa ley. El texto, que iba acompañado de un informe en derecho preparado por la Dirección Jurídica, busca excluir de las obligaciones que impone la norma a un número significativo de funcionarios del ministerio que ostentan el grado de embajador, pero no ejercen funciones de jefe de misiones diplomáticas en el extranjero o ante organismos internacionales.

Cancillería ha sido hasta ahora el único servicio público que ha solicitado un dictamen al contralor Ramiro Mendoza sobre la aplicación de la ley del lobby. Pero es probable, afirman en el ente contralor, que le sigan otros, una vez que entre en rodaje el reglamento del lobby.

El ministerio de Relaciones Exteriores también está trabajando con la Segpres en la elaboración de un proyecto de ley "para introducir una modificación acotada" a la actual ley del lobby, informó a Reportajes el director jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores, Claudio Troncoso. Según el mismo personero, el texto sería enviado al Congreso en el más breve plazo.

"Aquí no hay un intento de sustraernos de la ley. Por el contrario, queremos dar pleno cumplimiento a la ley del lobby. Nos parecen positivas las disposiciones de esta ley en el entendido que contribuye a la transparencia de los órganos del Estado. Pero lo que nos interesa es que se tomen en cuenta la especial naturaleza de la función diplomática", recalcó Troncoso.

Según Cancillería lo que se quiere evitar  es que la aplicación del reglamento vaya a significar un entorpecimiento de la gestión diplomática chilena. "Nos preocupa que por esta ley nuestros agentes diplomáticos en el extranjero pudieran tener menos oportunidades de poder concertar audiencias, pues se les están pidiendo requisitos que podrían ser imposibles de practicar", señaló Troncoso.

Como jefe jurídico del ministerio, Troncoso advierte: "La ley del lobby tiene un sentido de transparencia de la gestión pública. Lo lógico es que los destinatarios de esta ley sean las personas que están en Chile, pero no es posible que se extienda esa disposición a agentes estatales extranjeros o a funcionarios internacionales que piden audiencias a nuestros jefes de misión en el exterior (...) Los funcionarios diplomáticos tienen contactos habituales con funcionarios o agentes estatales de otros países y no se pude pedir que esos contactos estén regulados por leyes particulares de cada nación, para eso está la Convención de Viena, que rige las relaciones diplomáticas y consulares, y que tiene reglas bien específicas. Lo que está gobernado por tratados internacionales debe seguir gobernado por esos tratados internacionales. Creo que nadie pensó en Chile que con la ley del lobby íbamos a sustituir a la Convención de Viena", recalcó Troncoso.

Desde la Segpres respaldan la posición de Cancillería. "Es relevante que la ley del lobby no se transforme en una barrera entre la ciudadanía y las autoridades. Esta ley sin duda apunta a la transparencia de la gestión de las autoridades, para elevar la confianza de la ciudadanía en sus entes públicos, pero no puede ser que esta herramienta se convierta finalmente en un obstáculo para que la ciudadanía acceda a las autoridades y en una barrera para las labores propias del Estado en materias y funciones que incluso trascienden a los gobiernos, como puede ser el caso de Relaciones Exteriores", indicó la subsecretaria de la Segpres, Patricia Silva. La personera señaló que la ley del lobby es perfectible y que debe ser adecuada. "Cuando son políticas de Estado hay que ver cómo esta ley del lobby puede afectar la función del Estado", remarcó.

Que sólo ahora se pongan sobre la mesa los eventuales riesgos que podría acarrear la aplicación de la ley del lobby en la gestión diplomática no deja de sorprender. Más aún si se toma en cuenta que los primeros esfuerzos por sacar adelante una ley que regulara a los lobistas se remontan a octubre de 2003. Desde entonces varias iniciativas pasaron sin éxito por el Congreso, hasta que en 2012, el gobierno de Piñera envió un nuevo proyecto el que fue promulgado, con cambios, en enero pasado.

En Cancillería, sin embargo, aseguran que durante la tramitación de la ley en el gobierno anterior, ninguna autoridad del ministerio fue citada a dar su opinión ante las comisiones de la Cámara de Diputados o del Senado.

"Haber incorporado a los embajadores (como sujetos pasivos de lobby) es un error, porque confunde tareas y no toma en consideración la naturaleza distinta de la función diplomática que requiere algún grado de transparencia, pero mucho menor que la que deben tener otras autoridades", señaló el senador UDI Hernán Larraín, quien tuvo un papel protagónico en el impulso y tramitación de esta ley. Para Larraín, en todo caso, se trató de un error compartido por parlamentarios y Cancillería. "Debo confesar que no había reparado en este tema hasta que algunos embajadores me lo hicieron ver cuando ya se había promulgado la ley", admitió el senador.

No todos están de acuerdo en que una mayor transparencia pueda afectar la gestión de los diplomáticos chilenos. Algunos representantes de agrupaciones pro transparencia, de hecho, levantan críticas frente a la ofensiva de la diplomacia chilena para eximirse de las obligaciones que impone la ley. El ex ministro José Antonio Viera-Gallo, actual presidente de Chile Transparente, es uno de ellos. "No veo dificultades en la legislación respecto de la labor de los embajadores. Ellos tienen que registrar sólo las audiencias donde haya lobby, no las de otro tipo. Además, se registran las que tienen lugar en la oficina del embajador y eso es territorio chileno. Y si son extranjeros los sujetos activos de lobby no importa, porque en Chile los que hagan lobby igual están dentro de la legislación", afirma.

El reclamo de los embajadores de que no se les debiera considerar sujetos pasivos de lobby, por cuanto no son ellos los que toman directamente las decisiones sobre las políticas públicas, tampoco debieran ser atendidas, argumenta Viera- Gallo. "Es cierto que ellos no tomarán directamente las decisiones  respecto de algún proyecto, pero informan a las autoridades chilenas sobre temas relacionados con esos proyectos y ahí sí están influyendo", afirmó.

Con esta ofensiva, la Cancillería reinstala un debate a solo días de la entrada en vigencia de la ley de lobby, aún cuando en el Edificio Carrera tienen claro que el dictamen de Contraloría, en ningún caso, estará listo antes del 28 de noviembre, ni mucho menos el proyecto de ley.