Rodrigo Ramírez, subse de Telecomunicaciones: "Es momento de cerrar proyectos e identificar lo que es viable y lo que no"
El proyecto de digitalización de la TV y el reglamento de la Ley de Ductos son algunos de los temas prioritarios.
Varias tareas tiene que enfrentar Rodrigo Ramírez, nuevo subsecretario de Telecomunicaciones, para los últimos 16 meses de gobierno. El sucesor de Pedro Huichalaf pone como prioridades la implementación de la TV digital, el reglamento de la llamada Ley de Ductos, el despliegue del 4G y las contraprestaciones derivadas de la licitación de la banda 700.
Gran parte de esas tareas estarán en la agenda del primer trimestre de 2017, cuyo foco será concretar todo lo avanzado por su antecesor.
¿Cuál es su opinión de que la Presidenta lo haya nombrado quedando tan poco tiempo de gobierno?
El gobierno ha tenido un excelente desempeño en términos de las metas y los proyectos que se definieron en un principio. Pero hoy es momento de cerrar proyectos y de identificar lo que es viable y lo que no. Creo que ya pasó el momento de experimentar y ahora tenemos que ampliar el abanico y ya tener claros cuáles son los proyectos centrales a los que vamos a abocarnos. En eso consiste mi mandato.
¿A cuáles pretende darles urgencia?
La implementación de la TV digital, por ejemplo. Ya en 2017 empezarán a digitalizarse las capitales regionales. Nosotros ya le entregamos al Consejo Nacional de Televisión el informe de las frecuencias disponibles, y los actuales concesionarios ya tienen por derecho una concesión digital, por tanto, ellos ya saben cuál va a ser su canal y ya empezaron a hacer las inversiones para digitalizarse. Esperamos que a partir de enero empiecen a abrirse los nuevos concursos para poder cumplir la promesa de diversidad y pluralidad para democratizar la industria en Chile.
¿Algún otro proyecto que encabece la agenda?
Lo otro importante es el tema de 4G y todas las contraprestaciones de la banda 700. Ahí hay un modelo que Chile ha puesto en juego en América Latina. Uno de ellos es la contraprestación, que creo que acelera e incorpora aquellas localidades que han estado marginadas y aisladas. Además, el próximo año se implementa la multibanda o ley de etiquetado, que también va orientado a favorecer al usuario.
La Ley de Ductos tiene un reglamento técnico pendiente. ¿Hay fecha de publicación?
Lo que buscamos con la ley es democratizar el acceso y la disponibilidad de los servicios en los condominios y eso ya tiene la firma de la Presidenta. Ahora está en Contraloría. Esperamos que para el primer trimestre del próximo año ya esté disponible.
Respecto de la TV digital, ¿cuándo podría ser el apagón analógico?
Creemos que de aquí al año 2020. Hoy, la responsabilidad del timing lo tiene el Consejo Nacional de Televisión, porque la subsecretaría ya entregó la mayoría de la normativa técnica que permite y facilita el despliegue de la TV digital. Ahora el consejo tiene que determinar qué porcentajes van a canales locales comunitarios y regionales.
¿Cómo evalúa el nivel de competencia en la telefonía móvil?
La regulación tiene que favorecer la competencia, porque no puede haber mercado concentrado. La experiencia de nuestro país de compartir infraestructura ha permitido que existan operadores virtuales y operadores móviles, lo que genera que el ciudadano disponga de una amplia gama de ofertas para satisfacer sus necesidades de comunicación.
Hay actores de la industria que afirman que los procesos de fijación tarifaria en telefonía fija no han sido justos. ¿Podrían revisarlos?
Estamos planificando presentar un proyecto de ley que permita simplificar los procesos tarifarios. Eso sí, la subsecretaría no se pronuncia si el proceso es justo o no. Si alguna empresa considera que ese proceso ha sido injusto, tiene a su disposición todas las instancias para reclamar contra el ordenamiento legal y contra las actuaciones de la subsecretaría.
En el sector ven con preocupación los crecientes problemas para instalar antenas de telefonía. ¿Cómo lo ve?
Aquí nosotros hemos sido coincidentes con la industria, pero tenemos dos realidades: la alta demanda por conectividad y, paralelamente, la oposición de la comunidad que no quieren tener cerca de sus hogares grandes infraestructuras. Hubo una discusión tanto en la Comisión de Medio Ambiente como en la de vivienda, que es cómo armonizar las demandas ciudadanas de la necesidad de conectividad.
Hay empresas que tienen espectros que no utilizan. ¿Se va a establecer alguna regulación?
Creo que no es viable que las empresas tengan espectros que no usan. A todos los que han venido a hacer sus saludos protocolares les hemos dicho que esa es una conversación que no podemos obviar. Creo que el Estado debe propiciar una política de recuperación de ese espectro que no está en uso, para volver a ponerlo sobre la mesa y pueda utilizarse.
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