Rodríguez vuelve a poner Dominga en el debate

"Si es rentable, no veo problema en que se haga responsablemente. El recurso está allí, bajo tierra, se debe aprovechar". Con esas palabras, el ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, se refirió al polémico proyecto minero portuario Dominga que, tras su rechazo, desató una crisis política en el gabinete de la Presidenta Michelle Bachelet, que terminó con la salida de los ministros de Economía, Luis Felipe Céspedes y de Hacienda, Rodrigo Valdés.

El secretario de Estado, en entrevista en el programa Estado Nacional de TVN, dijo que no es descartable que el proyecto de US$ 2.500 millones se pueda realizar de todas maneras si cumple con la normativa vigente. De hecho, en El Mercurio, Rodríguez afirmó que "nadie ha matado el proyecto; todavía puede llevarse a cabo". Además, aunque sinceró que no conoce el proyecto, agregó que "habría querido que esto hubiese sido un poco más fácil y ojalá hubiese habido inversión".

Al respecto, Ricardo Irarrázabal, ex subsecretario de Medio Ambiente del gobierno de Sebastián Piñera, dijo que "causan curiosidad las palabras del ministro Rodríguez, porque él es del mismo gobierno que rechazó el proyecto Dominga y de la Presidenta que le dio un tremendo espaldarazo al ministro Mena, que rechazó el proyecto".

Asimismo, cree que es necesario hacer cambios en la institucionalidad medioambiental para sacar el componente político de decisiones que deben ser 100% técnicas.

En todo caso, explica Irarrázabal, si el Primer Tribunal Ambiental acogiera la solicitud de la empresa Andes Iron, dueña de Dominga, de anular la decisión del comité de ministros, el proyecto volvería a su fase política de evaluación. "Si el tribunal acoge la solicitud de la empresa, la ley indica que debe retrotraer todo el proceso al momento previo del comité de ministros. Es decir, debe volver a su evaluación a nivel regional de los Servicios y la Intendencia. Y eso se podría dar en el próximo gobierno", afirma.

Y justamente donde están las miradas del futuro de Dominga es en el Primer Tribunal Ambiental, con sede en Antofagasta, que empieza a funcionar hoy y podrá comenzar a recibir causas que ocurran en su jurisdicción, que comprende desde la región de Arica y Parinacota hasta la de Coquimbo, esta última, donde se emplazaría Dominga.

Pese a que aún el caso no llega a las oficinas de la casona de calle Carrera 1579 en la ciudad nortina, donde está instalado el tribunal, sus integrantes ya comenzaron a prepararse para recibir a Dominga. De acuerdo con fuentes cercanas a la operación del tribunal, desde hace un tiempo los ministros están revisando casos similares, ya sea en materia minera o en proyectos de gran envergadura, cómo se resolvieron, y cuáles fueron los criterios utilizados tanto por los tribunales ambientales, como por los tribunales de justicia. La revisión comenzó casi en paralelo al rechazo del comité de ministros, el pasado 21 de agosto, y dentro de la literatura considerada para este efecto, también están los pormenores del proyecto Cruz Grande de CAP, que se emplazará cerca de donde estaba planificado el puerto de la minera de Andes Iron, y que fue aprobado con condiciones por el comité de ministros.

Las mismas fuentes señalan que los ministros son conscientes de que el caso Dominga es "complejo", y que de vez en tanto deberán enfrentarse a proyectos similares, considerando las características de las iniciativas de inversión pensadas para el norte del país, y las dificultades que distintos proyectos, ya sean mineros o de generación eléctrica, han enfrentado en su tramitación. Pese a esto, también saben que el paso del caso por el tribunal probablemente no será el último peldaño de la tramitación del proyecto de Andes Iron, puesto que independiente de la decisión que adopten, una de las partes podría recurrir a la Corte Suprema vía casación. En todo caso, se estima que Andes Iron no recurrirá esta semana al tribunal.

Pero no ha sido la única actividad que por estos días ha ocupado a los ministros integrantes del nortino tribunal. El pasado viernes se reunieron con integrantes del Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, liderados por su presidente, Alejandro Ruiz, ocasión en la que se hizo entrega oficial de la carta de inicio jurisdiccional, y donde compartieron criterios acerca de explorar acuerdos de colaboración futuros. Las visitas se extendieron también a la Superintendencia de Medio Ambiente.