Sabas Chahuán, fiscal nacional: "En este gobierno no se logró el fortalecimiento del Ministerio Público"
La autoridad indicó que el caso tsunami no afectará la relación de la fiscalía con Michelle Bachelet y que, eventualmente, podría ser llamada a declarar en el juicio.
Para el fiscal nacional, Sabas Chahuán, uno de los lineamientos clave del Ministerio Público para el próximo año es lograr el fortalecimiento de la institución y enfatizar la persecución de la corrupción, abusos contra menores, el narcotráfico y los ilícitos contra la propiedad como robos y hurtos.
En entrevista con La Tercera, Chahuán hace una revisión de lo bueno y lo malo de la relación que mantuvo con el gobierno de Sebastián Piñera, la posible citación de la Presidenta electa, Michelle Bachelet, para declarar en el juicio oral por el caso tsunami y su visión sobre despenalización de la marihuana en Uruguay.
¿Cuál es la evaluación de la relación que tuvo el Presidente Piñera con el Ministerio Público?
Hemos trabajado bien con Sebastián Piñera, bien con la administración anterior de Michelle Bachelet y creemos que seguiremos trabajando con el gobierno que viene. No se puede desconocer que en último año y medio las coordinaciones con el Ministerio del Interior y con otros organismos de gobierno han mejorado.
¿Esta mejora es desde que asumió en Interior el ministro Andrés Chadwick?
No diría exclusivamente, pero también trabajamos bien con el anterior ministro del Interior (Rodrigo Hinzpeter).
Pero con Hinzpeter hubo algunos roces.
Sí, fue evidente. Esos roces pasaron, pero antes que terminara su período la relación era buena, lo que pasa es que con el ministro Chadwick se ha enfatizado en la coordinación, los convenios y el trabajo conjunto.
¿Fue un revés la reducción del presupuesto para fiscalía este año?
Sí, sin dudas es un revés, pero confiamos en que se fortalezca la fiscalía con un proyecto de ley. Queremos que se aumente la dotación de fiscales y funcionarios, que se reconozca una carrera funcionaria. No queremos más personal para hacer más de lo mismo, necesitamos unidades de análisis criminal, de seguimiento de las cautelares, mejorar la atención a víctimas y desde ese punto de vista no se ha logrado.
¿Qué sería lo bueno y lo malo del gobierno respecto de su trato con la fiscalía?
Lo insatisfactorio o malo es que no logramos fortalecer la dotación en las fiscalías. En este gobierno no se logró el fortalecimiento del Ministerio Público. Lo bueno es que se instaló que sin fiscalía no hay persecución penal eficiente, porque en su momento se cuestionó. Ahora, si me pregunta si se mejoró la coordinación, sin dudas y eso es un fortalecimiento indirecto, pero no es lo que queríamos. Lo importante sí es que el gobierno, por lo menos, envió un proyecto de ley y reconoce que es necesario el fortalecimiento.
¿Qué espera de la relación que tendrá con el nuevo período de Michelle Bachelet?
Esperamos sacar el proyecto para fortalecer la fiscalía, ya que es imprescindible. Creo que la presidenta electa señaló que estaba dentro de su programa y por eso estamos expectantes y contentos. Enfatizaremos ciertos proyectos que tenemos en curso con Interior, como el banco unificado de datos y el sistema de análisis delictual investigativo.
¿Cree que pueda incidir en esa relación la investigación por el caso tsunami?
La Presidenta Bachelet no ha sido imputada y mostró una disposición plena a colaborar las veces que fue requerida. No va ni debería influir. No tengo ninguna duda de que habrá buena relación (con ella).
¿Ella, siendo presidenta, podría ser llamada a declarar durante el juicio oral como testigo?
Sí. Pero no nos debe extrañar. Inclusive, cuando yo era fiscal regional cité a declarar al entonces presidente de la Corte Suprema, Enrique Tapia, y él colaboró llanamente. Eventualmente, podría ser citada (como testigo), es una estrategia que algunos abogados podrían ocupar. Cualquier persona que salga mencionada en la investigación puede ser llamada a prestar testimonio.
Este año se generó el debate sobre las modificaciones a la Ley 20.000, en relación con la marihuana. ¿Cuál es su postura?
La ley siempre es susceptible de mejorarse. En Chile no se penaliza el consumo, no es delito si lo hago privadamente y en ninguna parte del mundo el consumo público está permitido sin ninguna sanción. Creo que lo que no sería correcto establecer es que, desde determinada cantidad de droga, es tráfico o microtráfico y menor cantidad de esta, sea consumo. Porque si ponemos cantidades los traficantes parcelarían la cantidad, la esconderían debajo de la piedra o en la rueda del auto, sabiendo que si son detenidos argumentarían que es porte. Estoy de acuerdo que el consumo de las drogas duras todavía sea penado. Como fiscalía, la ley que nos pongan la aplicaremos sin distinciones.
¿La experiencia de Uruguay es replicable en Chile?
Depende de la evolución de las fuerzas políticas, de la sociedad. Acuérdese que en la década de los 90 se despenalizó el adulterio. A lo mejor se despenaliza la marihuana, nosotros vamos a aplicar la ley, que debe ser elaborada por el Parlamento y el Ejecutivo.
¿Y qué opina de lo que ocurre en ese país?
Sin hablar como fiscal, lo encuentro un fenómeno interesante. Más allá de la despenalización, hay que ver si va a tener algún efecto económico en los traficantes y la calidad de la marihuana, porque la de tipo prensado es tóxica, igual que la cocaína. Ahora, no estoy de acuerdo con la experiencia uruguaya.
¿Por qué?
Porque el sistema correcto es el que hay en otras partes del mundo es que el consumo privado de marihuana sea despenalizado.
LA ARAUCANIA
En estos últimos meses se han registrado varios atentados en la IX Región. ¿Qué medidas se tomarán?
El fiscal regional Cristián Paredes ha hecho un catastro de las causas mal llamadas mapuches, porque no son contra ellos, para centralizarlas. Inaugurará un centro de protección de víctimas y testigos de casos complejos y se va a crear una unidad para centralizar todas las causas complejas en La Araucanía. Esto es, en general, no solamente para casos relacionados con mapuches. En unos dos meses más verá la luz.
¿Se busca ordenar los procesos?
Lo que pasa es que las defensas en este tipo de casos son muy activas y tienen recursos, por lo que hay que ordenarnos. Yo creo que la mayoría del pueblo mapuche no tiene nada que ver con delitos y el llamado conflicto mapuche es un tema que va más allá de la fiscalía. Es un tema país, de Estado y político. Nosotros perseguimos delincuentes, no mapuches.
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