Semejanzas y diferencias de pruebas en formalización de caso Bombas y atentados en Metro
En la audiencia de formalización del llamado caso bombas, las pruebas presentadas respondieron a escuchas telefónicas, videos y trazas de pólvora.
El 17 de agosto del año 2010 se formalizó por asociación ilícita terrorista a 15 personas, en el denominado caso Bombas.
En este entonces, en una maratónica audiencia de 17 horas, el fiscal a cargo, Alejandro Peña, hizo lectura de 66 páginas donde dio a conocer las pruebas recabadas por el equipo investigativo.
Esgrimidos los argumentos, el tribunal decidió dejar a ocho de los imputados en prisión preventiva, mientras que el resto con otras medidas cautelares como arraigo nacional, firma semanal y prohibición de acercarse a las casas okupa, de donde estos sujetos habían sido detenidos.
¿Y LAS PRUEBAS?
Durante la jornada de ayer se formalizó a los tres detenidos por el atentado explosivo en la estación del Metro Escuela Militar. Juan Flores y Nataly Casanova quedaron en prisión preventiva, mientras que Guillermo Durán deberá permanecer en arresto domiciliario nocturno.
La pareja deberá permanecer 10 meses detenida debido a las pruebas presentadas por la Fiscalía Sur, las cuales según el juez permiten presumir su participación: la tarjeta de Bip!, videos de seguridad, muestras de ADN, entre ellas.
Pero
¿qué pasó hace cuatro años atrás?
En el llamado caso bombas, en aquella extensa formalización, el otrora fiscal Peña sindicó como cabecillas de la organización a los e
x lautaristas Pablo Morales y Rodolfo Retamales, mientras que como colaboradores nombró a Omar Hermosilla, Carlos Riveros, Camilo Pérez, Iván Goldenberg, Cristián Cancino, Andrea Urzúa, Vinicio Aguilera y Diego Morales Muñoz.
En tanto, imputó a Mónica Caballero, Felipe Guerra, Francisco Solar, Candelaria Cortés-Monroy y Gustavo Fuentes Aliaga (se encontraba cumpliendo condena por haber atacado a su ex pareja) como instaladores de artefactos explosivos.
Según los antecedentes de la investigación de la fiscalía, el grupo operaba desde julio de 2005 y estaba involucrado en, al menos, 17 atentados explosivos ocurridos en la capital, entre los que se contaban el que afectó a la sede de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), al Consejo de Defensa del Estado (CDE) e iglesias, entre otros.
Peña sostuvo que las pericias efectuadas por la PDI y Carabineros, daban cuenta de que los artefactos explosivos ocupados por estos grupos tenían características similares, tales como la utilización de cilindros de gas, TNT, temporizadores y pólvora negra.
En tanto, la policía encontró trazas de pólvora negra y TNT en las ropas de algunos de los detenidos.
Por otro lado, se indicó que esta supuesta agrupación subversiva recibió financiamiento internacional a manos de Mateo de Rossi, quien desde Italia le envió -según la Fiscalía- cerca de 950 euros para colaborar con este movimiento.
En la audiencia además se dieron a conocer diversas escuchas telefónicas, en las cuales se podía individualizar la participación de cada uno de los imputados en la causa y que, además, dejaría de manifiesto el liderazgo de Rodolfo Retamal y Pablo Morales, supuestos cabecillas de esta red que se dedicaba a instalar objetos explosivos.
Sin embargo, la que causó polémica fue la que evidenció la vinculación entre una ex funcionaria de la Intendencia Metropolitana y Rodolfo Retamales, sindicado como uno de los líderes de la organización anarquista.
En una de las escuchas aparece Carola Lizárraga, quien le pide a Retamales reunirse con él para informarle de "una cosa que me contaron de ti y que necesito decirte", a lo que él le responde que se encuentren en la calle Bandera.
A juicio del fiscal, el vínculo entre ambos es señal de que la mujer le prestaba colaboración al sujeto.
LA CAIDA DEL CASO BOMBAS
El 3 de febrero del año 2011, el Octavo Juzgado de Garantía resolvió levantar el secreto del sumario del caso. De esta forma, los abogados de los imputados denunciaron a la Fiscalía Metropolitana Sur de escuchas telefónicas ilegales.
A partir de ese momento las pruebas presentadas por el Ministerio Público comenzaron a ser cuestionadas. De hecho, el juez de garantía Luis Avilés deja fuera 4 mil evidencias presentadas por la Fiscalía, tras cinco años de investigación.
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