SMA levanta cargos contra Collahuasi por 13 eventuales infracciones a su RCA

La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) levantó cargos en contra de la compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM por presuntos incumplimientos a la resolución que calificó favorablemente el proyecto en 1995, ubicado en la comuna de Pica, provincia de Tamarugal, Región de Tarapacá.

El proyecto consiste en la producción de concentrado de cobre en cátodos, molibdeno. Se trata de una explotación a rajo abierto, llamada Rosario, Ujina y Huinquintipa. La SMA detectó 13 infracciones a la RCA, calificando dos de ellas 'gravísimas', 9 'graves' y 2 de carácter 'leves'. Así, la compañía minera arriesgaría hasta 72.000 UTA (US$ 64,8 millones) en multa, e incluso la revocación de su permiso ambiental.

Sin embargo, el superintendente de Medio Ambiente, Cristián Franz, sostuvo que "no me atrevería a decir que son incumplimientos desproporcionados y dado que en este caso no hay una situación de daño ambiental identificado, la multa no puede ser el significado de sumar los máximos de cada una".

Entre las infracciones gravísimas están: el incumplimiento al monitoreo de avisafauna y el traslado de puntos de captación de aguas subterráneas en la Cuenca Coposa. A ello se suma la ausencia de información en el seguimiento de la calidad de aguas y bofedales.

El 25 de julio de 2016, los Sindicatos de Trabajadores Independientes de Recolectores de Orilla y Pescadores de la Caleta Caramucho; de Buzos Mariscadores y Ramos Similares de Caleta Cañamo; y Armadores Nueva Esperanza denunciaron ante la SMA la presencia de un derrame de líquidos provenientes de un rebalse de piscinas de operaciones que contiene agua utilizada en el transporte de concentrado de cobre desde la faena cordillerana a las instalaciones de Puerto Patache.

Posterior a la denuncia de los sindicatos se sumaron la Federación Minera del Norte, la Comunidad Indígena Quechua de Huatacondo y la Asociación indígena Aymara Salar de Coposa.

La firma tiene un plazo de 10 días hábiles para presentar un programa de cumplimiento y 15 días hábiles para formular sus descargos. Desde Collahuasi declinaron efectuar comentarios.