Socios de Penta detallan la fallida negociación con la fiscalía

"El Ministerio Público no cumplió su acuerdo y, aún más, en la audiencia de formalización y posterior revisión de medidas cautelares, se usó mi declaración en mi contra y, por eso, considero que mi declaración se obtuvo en base a un engaño". Ese es parte del nuevo testimonio que entregó el controlador del Grupo Penta, Carlos Alberto Délano al fiscal regional Oriente, Manuel Guerra, el 26 de julio.

Délano y su socio Carlos Eugenio Lavín, acusados de delitos tributarios y cohecho asociado al financiamiento ilegal de campañas políticas, fueron interrogados nuevamente en el caso Penta luego de que el abogado de ambos empresarios, Julián López, pidiera que se les tomara declaración.

El objetivo de su defensa era que entregaran su versión respecto de un presunto acuerdo no cumplido por el fiscal jefe de la Unidad de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo y su par Pablo Norambuena para acceder a un procedimiento abreviado y evitar así un juicio oral, a cambio de que ellos colaboraran con la investigación.

En esa oportunidad de enero de 2015, Délano reconoció haber autorizado apoyos monetarios a diversos candidatos, pero que nunca se involucró en la materialización de dichos aportes. "Los derivaba con Hugo Bravo (ex gerente general de Penta)", sostuvo. Dijo que al ex candidato presidencial Andrés Velasco "se le aportaron luego $ 20 millones que era la suma que aprobamos con Carlos Lavín". Sobre el ex candidato al Senado, Alberto Undurraga, declaró que se le dio un "apoyo para que pagara sus deudas", respecto a Pablo Zalaquett que "se le ayudó a su campaña a senador", y en relación a Pablo Longueira que "nosotros decidimos apoyarlo".

Carlos Lavín, en tanto, declaró que "los dineros que Jovino (Novoa) pedía no eran para él, sino que para candidatos afines".

Lavín declaró el 27 de julio, un día después que Délano, que también fue "engañado" por los fiscales. "Si renuncié a mi derecho a guardar silencio fue porque confié en el acuerdo que teníamos con la fiscalía y jamás me imaginé que la fiscalía podía incumplirlo. Por lo anterior, mi declaración fue obtenida bajo engaño", dijo.

Ambos relataron a Guerra que el 5 y 6 de enero de 2015 fueron a declarar ante Gajardo y Normabuena, luego de que su abogado les dijera que habían llegado a un acuerdo con la fiscalía, el que estaba estipulado en una minuta que había confeccionado su defensa en cojunto con el Ministerio Público.

También dijeron que días antes de que declaran ante los persecutores, su defensor se reunió con Norambuena. "El 31 de diciembre de 2014, mi abogado Julián López había afinando un texto de minuta con el fiscal Normabuena por lo que querían hacerle una revisión final con el fiscal Carlos Gajardo, quien no estaba el 31 de diciembre", indicó Délano. Agregó que la minuta "luego fue revisada el 5 de enero antes de que yo prestara declaración por el fiscal Carlos Gajardo junto a mi abogado" y con eso zanjado, decidió entregar su testimonio como imputado.

Lavín declaró que como Délano le ratificó que en la fiscalía le habían dicho que "había un 100 % de acuerdo en los puntos de un juicio abreviado (...) al día siguiente yo llegué tranquilo a declarar debido a que conocía todo este proceso que estaba terminando bien".

En relación a los términos de la minuta que había acordado con el Ministerio Público, Lavín aseguró que "tenía la obligación de ser honesto y veraz en todo lo que se refiriese a las denuncias presentadas hasta ese momento por el Servicio de Impuestos Internos. Especialmente, tenía la obligación de refrendar que diversas boletas y facturas que se relacionaban con algunos políticos que eran de especial interés de la fiscalía, no se referían a servicios prestados sino que a aportes políticos".

En ese sentido, el empresario indicó que respondió todas las preguntas que le hizo el fiscal sobre esos puntos, y que incluso entregó de forma voluntaria "información a la cual no estaba obligado según los términos del acuerdo". Entre ellos, dijo, se refirió a un forward que había hecho el fallecido Hugo Bravo con la empresa VSA, en relación a "pagos de bonos y remuneraciones a ejecutivos del holding donde habían aparecido muchas irregularidades".

Lavín destacó además que "entre mi declaración del 6 de enero y la formalización de marzo, ocurrieron hechos que conmovieron a la opinión pública relativos a la empresa SQM y el escándalo generado con el caso Caval". Según Lavín "eso trajo mucha agitación en la fiscalía y terminó con el fiscal nacional de la época con participación activa. Los fiscales Gajardo,

Norambuena y Arias tomaron el caso Penta y sus aristas. En ese ambiente, se realizó nuestra audiencia, habiéndose comunicado un día antes que no se nos reconocería colaboración sustancial".

Asimismo, Lavín acusó al Ministerio Público que no cumplió su compromiso "que consistía en pedir arresto domiciliario total para Délano y para mí por un máximo de 60 días y en el curso de ese plazo pedir audiencia de juicio abreviado. Por el contrario, la fiscalía pidió prisión preventiva a la cual ingresamos el 7 de marzo de 2015 y donde permanecimos por 46 días".

El empresario, alegó que en su formalización "la fiscalía nos acusó de no haber dicho toda la verdad en el tema de los forwards, ya que no habíamos hablado en la declaración de enero de los forwards de CB, siendo que no es correcto el que hayamos ocultado información".