Suprema no adoptará medidas contra ministra en visita de caso Karadima por allanamiento

Jéssica González incautó el expediente eclesiástico de la causa en la oficina del abogado Juan Pablo Bulnes.<br><br>




El pleno de la Corte Suprema resolvió ante la presentación del Colegio de Abogados sobre un amparo profesional ante el allanamiento a las oficinas del abogado eclesiástico de Fernando Karadima, Juan Pablo Bulnes, que no sancionará a la ministra en visita de la causa, Jéssica González.

Tras recibir el informe entregado por la ministra González, tal como se había ordenado, el pleno indicó que "respeta y hará respetar todos los derechos que el ordenamiento reconoce a los abogados litigantes y, especialmente, el derecho al secreto profesional y estará permanentemente atenta y preocupada de evitar que se produzcan situaciones que lo afecten, sancionándolas en el evento que resulte conculcado.

El informe del pleno sostiene que "no obstante lo anterior, en el presente caso -que se enmarca dentro de un proceso jurisdiccional- no está en situación de adoptar medidas por cuanto no ha sido requerida para ello a través de los recursos correspondientes y por parte agraviada, y además, porque los antecedentes  hasta ahora reunidos no demuestran la necesidad de hacerlo, frente a las argumentaciones de hecho y de derecho dadas por la señora Ministra en Visita y que corresponden a apreciaciones que dentro el ejercicio jurisdiccional es lícito adoptar".

EL ALLANAMIENTO
El pasado 14 de abril, efectivos de la PDI allanaron el domicilio y oficina de Juan Pablo Bulnes, diligencia decretada por al ministra en visita Jéssica González para acceder al expediente eclesiástico de la causa contra el ex párroco de la iglesia de El Bosque de Providencia.

Por esta razón, el abogado de Karadima solicitó un recurso de amparo al Colegio de Abogados, por "una violación al secreto profesional", como consignó en ese momento.

La jueza había solicitado previamente el expediente a Bulnes con el objetivo de que éstos aportaran a la indagatoria de la justicia ordinaria. Sin embargo, el jurista había rechazado entregarlos amparándose en el secreto profesional y argumentando que el Vaticano y Chile tienen legislaciones distintas.

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