Transportes revisa plan antievasión aprobado por ministro Gómez-Lobo

La nueva ministra de Transportes, Paola Tapia, quien lleva 15 días en el puesto, continúa revisando los proyectos de su antecesor en el cargo, Andrés Gómez-Lobo. Ayer se conoció que la secretaria de Estado está realizando un diagnóstico sobre las medidas contra evasión del pago del pasaje, las que fueron delineadas por el ex ministro.

Gómez-Lobo había presentado un plan ante la Comisión de Transportes de la Cámara, en el marco de la discusión del proyecto de ley que sanciona y crea un registro de infractores. Esta eventual postergación genera molestia en la industria, pues la evasión se disparó a un 34,6% (tres de cada 10 personas no pagan), lo que genera pérdidas millonarias al sector. La secretaria de Estado ya ha sometido a revisión tres bases de licitación: las de Transantiago, de los terminales y de la nueva tarjeta bip! Además, pidió la renuncia del encargado del equipo que llevaba adelante estos procesos, Luis Maluenda.

El plan

El programa difundido por Gómez-Lobo el 14 de marzo pasado en la Cámara daba cuenta de que sólo el 22% de la flota cuenta con torniquetes o barreras de ingreso a los buses, de un total de 6.550 vehículos. El programa entregado contemplaba la instalación de 650 torniquetes, entre el 15 de abril y el 15 de julio de este año, los que alcanzarán los 2.110 buses (30,8% de la flota). Está por definirse si pondrán dispositivos "mariposa" o puertas giratorias. El documento también apuntaba a la imple- mentación de zonas pagas o áreas donde los usuarios deben validar antes de ingresar a los buses. Estas pasarán de 156 puntos "móviles" a 218 este año.

También se determinaron 84 puntos críticos donde se debe fiscalizar el pago del pasaje en la ciudad. La estimación era que se realizarían 400 visitas. La distribución de los controles se haría en las siete unidades de negocio. El cronograma informado indica que la "unidad 2", correspondiente a Subus, tendría la mayor cantidad de controles, con 80, mientras que Express, el mayor operador del Transantiago, tendrá 78. Algunos operadores cuestionan que haya una baja fiscalización a unidades como Redbus, con 40 visitas, y STP, con solo 25 controles en sus servicios.

La ministra Tapia explicó ayer que la evasión "impacta el financiamiento del sistema y, por sobre todo, es injusto para las personas que pagan todos los días su pasaje". Añadió que, a dos semanas de comenzar su labor en el sector, "hemos revisado las medidas implementadas a la fecha". Además, dijo que "finalizado ese análisis y diagnóstico, daremos a conocer un nuevo plan estructural contra la evasión".

Atraso de ley

Felipe Clark, gerente general de Alto Evasión, plantea que hay un retraso en la tramitación del proyecto de ley para fortalecer la fiscalización, sube las multas en dinero y entrega mayores atribuciones a la autoridad. "Hay que potenciar a los fiscalizadores" y que "se califique este delito como gravísimo" (con hasta tres Unidades Tributarias Mensuales o $ 139.104).

En tanto, Leopoldo Pérez (RN), diputado de la Comisión de Transportes, dijo que el Estado "no debe hacerse cargo de implementar las medidas, pues las empresas son las responsables". Alegó que esto lleva a que el Transantiago "sea un pozo sin fondo de platas mal gastadas".

El parlamentario agregó que uno de los puntos que "extenderá" la discusión será el registro de infractores: "Hay resistencia a que se difundan datos personales en estas listas". Además, Pérez denunció que en la licitación del Transantiago -que establece nuevas reglas al sector- no incluye un plan especial para controlar este flagelo.

Mario Venegas, presidente de la comisión del ramo (DC), afirmó que la ley se tramita con suma urgencia, "pero que se deben aclarar cosas fundamentales, como el perfil del evasor".