UDI pide que casos de militares pasen a tribunales de garantía

Como una ofensiva por la conmemoración de 44 años del golpe de Estado, la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, impulsa una moción parlamentaria para sustituir el procedimiento de juicios criminales que aún son regidos por el antiguo Código Penal.

La parlamentaria explica que aún existen 1.240 causas abiertas por violaciones a los Derechos Humanos de hechos ocurridos entre 1973 y 1990. La mayoría de ellos, agrega la ex intendenta, son casos de militares, como por ejemplo el del ex alcalde Cristián Labbé, procesado por el caso Tejas Verdes.

"Es injusto. Nadie está pidiendo que no lo juzguen, sino que lo hagan con las mismas normas que juzgan a cualquier chileno, porque el sistema penal se cambió producto de que no generaba todas las garantías que un sistema penal moderno requiere", señala Van Rysselberghe.

Fue en septiembre del 2000 que Chile sustituyó su procedimiento penal que regía la justicia penal con el intento de modernizar y agilizar el sistema. Sin embargo, con este cambio de ley, según consigna el texto de la moción de la parlamentaria, aún se mantienen juicios criminales que están siendo tramitados bajo el antiguo sistema.

De hecho, en el texto se precisa que "esta moción tiene por objeto poner término a las arbitrariedades que se están cometiendo actualmente en todos aquellos juicios criminales que se están tramitando bajo el antiguo Código de Procedimiento Penal".

En la moción, así, se deja registro sobre la "imparcialidad" que podría existir aún en los casos criminales. Sobre el antiguo sistema se consigna que "se acarreaba el conflicto de ser juez y parte en el esclarecimiento de la comisión de un delito, alejándose de la labor propia del juzgamiento exclusivo que le corresponde a un juez, contaminando a su vez la imparcialidad que le corresponde a todo juzgador, puesto que era el mismo juzgador quien acorde a su criterio dirige la investigación exponiéndose a un prejuzgamiento".

Por eso, se agrega que hoy, en el mandato constitucional, el Ministerio Público es el órgano encargado de investigar y dirigir la persecución penal mientras el Poder Judicial se encuentra abocado exclusivamente a su labor de juzgamiento".