Ultimo indulto promovido por la Iglesia benefició a 27 mil condenados

Alrededor de 27 mil condenados por delitos menores -según proyecciones del Ministerio de Justicia proporcionadas en 2001 a la Cámara de Diputados- se vieron beneficiados con la rebaja de penas establecida en la Ley 19.736 sobre el indulto general con motivo del "Jubileo 2000".

La cifra -que es un referente que evalúa la Iglesia para promover un nuevo indulto masivo para el Bicentenario- corresponde a la suma de 1.574 reos que se encontraban a la fecha en prisión y a 25.857 condenados que gozaban del sistema abierto, como la reclusión nocturna, remisión condicional de la pena o libertad vigilada.

La fórmula -que fue aprobada por el Congreso a partir de una moción parlamentaria- concedía rebaja de penas por razones humanitarias a mayores de 70 años, enfermos o mujeres con hijos pequeños. No obstante, el mecanismo excluía inmediatamente a todo reo (independiente de su condición) que hubiera participado en delitos graves.

En un pequeño porcentaje, esta rebaja incidió en que algunos presos salieran de la cárcel. Las estimaciones de entonces indicaban que sólo 618 personas encarceladas obtuvieron automáticamente la libertad.

Según el sacerdote Jaime Nawrath, capellán nacional de Gendarmería, la idea es promover ahora una fórmula de indulto "similar".

En 2001, la población penal era la mitad de la actual, por lo que en la Iglesia estiman que si se aplica el mismo modelo del "Jubileo 2000", los beneficiados también serían más. Nawrath sostiene que, al menos en el caso de quienes están en prisión, se estima que cerca de tres mil personas serían beneficiadas, casi el doble de lo registrado en 2001.

No obstante, no hay proyecciones aún de cuánto aumentaría el total de beneficiados si se suman aquellos condenados bajo el sistema abierto. En el gobierno calculan que -si bien aún es prematuro aventurar cifras- los posibles indultados serían más.

No obstante, el ex subsecretario de Justicia, Jaime Arellano (DC), quien participó en la  gestión del indulto aplicado en 2001, sostiene que no necesariamente el aumento de la población penal indicaría un número directamente proporcional de posibles nuevos beneficiados, ya que todo depende de la cantidad de condenados por delitos simples que han caído en la última década: "Por el endurecimiento de penas, es posible que el universo de la población esté más cargado a penas mayores a cinco años".

Otro punto a resolver es el reparo presentado por la Presidenta, Michelle Bachelet, quien señaló no ser partidaria de los indultos generales y que prefería el sistema de caso a caso. Aunque también la Iglesia tiene como alternativa canalizar su propuesta a través de una moción parlamentaria.