Vicepresidente argentino declara en indagatoria por caso de corrupción

Amado Boudou se convirtió el lunes en el primer vicepresidente de Argentina en ejercicio que declara como  imputado, en una causa por la compra sospechosa de una empresa monopólica de  impresión de billetes cuando era ministro de Economía en 2010.

El vicepresidente ingresó al tribunal pasadas las 11.00 locales y cinco horas después terminó el interrogatorio a puerta cerrada. 

Rodeado de decenas de fotógrafos, Boudou, de 51 años, llegó al tribunal de  Buenos Aires "con mucha tranquilidad" y "a decir la verdad", según dijo a la prensa.

"No tengo ninguna estrategia (de defensa)", aclaró Boudou a la salida de su casa en el exclusivo barrio de Puerto Madero, en el corazón de Buenos Aires,  ubicado a unos diez minutos en automóvil de los tribunales de Retiro.

"Yo podría no haber ido, no presentarme (a declarar, pero) yo voy a ir, voy  a decir la verdad", dijo el vicepresidente, quien ha contado con el apoyo  rotundo de los más altos portavoces del gobierno de la presidenta Cristina  Kirchner. 

Boudou pidió al juez Ariel Lijo, que entiende en la causa, que le  permitiera prestar declaración con un camarógrafo para poder difundirla, pero  le fue denegado al inicio de la audiencia, informó una fuente judicial.

"Esto está centrado en mí y yo tengo la verdad, Es muy conmovedor recibir el afecto y el reconocimiento de la gente. Hay que darle para adelante, pase lo que pase", afirmó Boudou en declaraciones a una radio local antes de acudir a los juzgados.

El vicepresidente señaló que "lo que está en juego en estos años, sobre todo desde la llegada de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, es si el poder está en el pueblo o en muy pocas manos que toman las decisiones".

"Hoy estaré llegando (a los tribunales) para ver si podemos arrojar luz y que el pueblo pueda ver esta audiencia. Siento que vale la pena dar todas estas peleas. Los mismos que dicen que apretamos a la justicia, ellos la aprietan todos los días", sostuvo.

En un escrito presentado a primera hora de hoy y publicado por la prensa local, el abogado Diego Pirota ratificó que Boudou se presentará a la declaración indagatoria en el marco de la conocida como causa Ciccone.

Además pidió al magistrado Ariel Lijo que autorice la presencia de un taquígrafo del Senado en la audiencia.

La semana pasada, el vicepresidente ya pidió que su declaración fuera televisada por el canal TN, opositor al Gobierno, solicitud que fue denegada por el juez. 

"No obstante ello, con la intención de no retrasar el acto y de no alterar la organización del Juzgado, le adelanto que se procederá a grabar en audio y vídeo la declaración con un sistema similar al que todas las Cámara de Apelaciones y la Cámara de Casación Penal utilizan en todas las audiencias orales durante la instrucción", señala el escrito.

"Esta decisión personal del Licenciado Boudou tiene por finalidad preservar un acto de defensa en función de la gravedad institucional que significa que el Vicepresidente de la Nación en ejercicio de su cargo tenga que enfrentar tan grave acusación", agrega el abogado en el texto.

Boudou será oído hoy por primera vez por el juez Ariel Lijo, en una causa que le investiga por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública para la compra de una imprenta de papel moneda.

Según el auto de citación firmado por Lijo, el vicepresidente está acusado de haber comprado, junto a José María Núñez Carmona, empresario y amigo del funcionario, la imprenta de papel moneda Ciccone Calcográfica en septiembre de 2010, cuando Boudou estaba al frente del Ministerio de Economía argentino. 

Boudou, de 51 años, dejó la cartera de Economía tras las elecciones de 2011 para ocupar la Vicepresidencia, pero las denuncias por su presunta implicación en escándalos de corrupción eclipsaron su carrera e hicieron que Fernández lo colocara en un discreto segundo plano.

Se trata de la primera vez que un vicepresidente del Gobierno en ejercicio es llamado a declarar como imputado ante los tribunales en Argentina desde el retorno a la democracia, en 1983, lo que supone un duro golpe para el Ejecutivo argentino.