Carabineros y derechos humanos: no podemos esperar más

Las vulneraciones a los derechos humanos por parte de Carabineros son un hecho indiscutible. Frente a prácticas reiteradas, y agudizadas desde octubre, cabe ahora preguntarnos por nuestra capacidad de reacción como país.

No podemos naturalizar estos hechos y continuar levantando una estadística de lesionados, mutilados y muertos durante las manifestaciones. Tampoco podemos permitir que el resguardo del orden público sirva de justificación a lo injustificable.

Además de ser testigos de actuaciones de nulo profesionalismo, vemos a una institución que se apura en respaldar a sus funcionarios sin esperar ni la investigación administrativa ni judicial. Peor aún: confirmamos que le importa más el desenlace en tribunales que el deber de prestar asistencia a una víctima, como ocurrió el viernes 2 de octubre en el puente Pio Nono.

Hemos llegado al punto de preguntarnos si en Carabineros hay sistemáticamente autores, cómplices, encubridores. La justicia tiene la palabra. Pero ¿cómo es posible que tengamos que considerar a funcionarios de nuestra policía como un peligro para la sociedad?

El daño al estado de derecho es gravísimo. Esa es la magnitud y ese es el punto de inflexión que ya no acepta demoras del mundo político.

Se ha dicho que se le dará urgencia a la ley de modernización de las policías, pero no es suficiente. Carabineros no necesita un maquillaje, ni más recursos que no son posibles de fiscalizar adecuadamente como -lamentablemente- hemos visto. Reforma o refundación, más allá de las palabras se requiere cambios estructurales.

La evidencia ya es tajante acerca de la ineficiencia de la institución en prevención y mantención del orden público; del desorden administrativo y financiero que facilitó un enorme fraude fiscal; de prácticas como montajes, adulteración de grabaciones y otras burlas a los protocolos que han terminado en lesiones y mutilaciones.

¿Qué hacer? Primero, mayor control de parte del Ministerio del Interior: el presupuesto debe ser solicitado, defendido y dirigido desde ahí. Segundo, decisión política para investigar y sancionar a quienes resulten responsables, por el bien de todos, de los propios Carabineros -de aquellos que cumplen con apego a la ley y a su juramento sus funciones- y de Chile.

Para lo anterior no es necesario esperar hasta que se hayan reformado las leyes. Basta con que el Ministro del Interior ejerza adecuadamente sus facultades. Ya existen leyes para que Carabineros se desempeñe conforme a la Constitución y los DD.HH.

En otras palabras, mientras no concluya la reforma en profundidad que la situación amerita, no podemos quedarnos mirando cómo se agiganta el foso entre la ciudadanía y Carabineros. Ocupemos hoy el poder de la ley, de los presupuestos, de los decretos y los reglamentos para proteger a nuestros compatriotas y a la propia policía de sí misma. Con voluntad política se puede lograr una intervención en el corto plazo y al mismo tiempo sentar las bases para una transformación desde la raíz.

Chile necesita respuestas hoy y mañana.