Columna: ¿Paridad de salida? Una mala idea, por donde se le mire

*Esta columna fue escrita por Roberto Munita (abogado), Dolores Irarrázaval (abogada), Francisco Orrego (abogado y expresidente de TVN) y José Gabriel Alemparte (abogado).

Sin duda, una de las ideas derrotadas en la elección del pasado 7 de mayo fue la paridad de salida para el Consejo Constitucional. La norma propuesta por el Congreso resultó ser tan enredada, que hubo que esperar a que el Servel informara qué escaños serían reemplazados. Y no sólo eso: terminó siendo tremendamente antidemocrática, ya que dejó fuera a candidatos que habían obtenido grandes votaciones, como el ex senador socialista Ricardo Núñez (primera mayoría de su lista en Atacama) o el independiente Juan Sutil, quien obtuvo ocho veces los votos de su reemplazante.

No obstante, y a pesar del mal sabor que dejó este desacierto, la subcomisión de sistema político del Comité Experto está proponiendo una paridad de salida para las elecciones parlamentarias, consistente —tal como se hizo en la reciente elección de consejeros— en el reemplazo de los candidatos menos votados del sexo sobrerrepresentado, por los más votados del sexo subrepresentado. Y aunque se plantee de forma temporal (duraría dos ciclos electorales), es una infortunada idea, por diversas razones.

Primero, se le entrega la responsabilidad al Congreso, lo que es el peor de los mundos, ya que los parlamentarios son incumbentes en esto. Y si ya les costó dar con una fórmula para los consejeros, es cosa de imaginarse lo enredosa que será la fórmula si son jueces y parte. Habría sido mucho mejor que el órgano constituyente, como ente externo, hubiera resuelto el tema directamente.

Por otro lado, la norma acordada sólo tiene sentido si se mantiene el sistema proporcional en la elección parlamentaria. Y eso es aún un supuesto, pues si bien el Comité Experto no innovó en la materia, es posible que el Consejo sí lo haga. No son pocas las voces que plantean un sistema uninominal, volver al binominal o algo distinto, y en tal escenario, la fórmula encargada al Congreso sería imposible de aplicar.

En tercer lugar, la norma del Comité Experto tiene una instrucción adicional: la paridad deberá evitar dejar fuera a las mayores votaciones de una lista (casos de Núñez y Sutil). Esto le pone una piedra aún mayor en el zapato a la fórmula, la que puede terminar por ser inaplicable: los sistemas de reemplazos siempre generarán distorsiones, y siempre impliará dejar fuera a personas con alta votación. La forma de evitar esto no es planteando complejas reglas adicionales, sino que basta con no reemplazar.

Y finalmente, se dice que esta fórmula se aplicará por dos elecciones parlamentarias, o menos, si la proporción 60/40 se alcanza naturalmente. Esto no tiene mucho sentido: están suponiendo que si en una o dos elecciones hay representación de más del 40% de cada sexo, eso se mantendrá en el futuro. Eso equivale a no entender cómo funciona el comportamiento electoral. Todo dependerá del peso específico de cada candidato, no de haber tenido un par de ejercicios con paridad en el pasado.

Nos parece absolutamente legítimo e incluso necesario promover la participación de hombres y mujeres de forma equilibrada en cargos de elección popular, lo que en todo caso no conlleva necesariamente hacerlo obligatorio. Pero es grave que la solución sea “meter los votos en la urna” y con ello deslegitimar el sistema electoral. Hay bastante medidas que permiten promover la elección de mujeres, como cuotas de entrada, incentivos económicos, el sistema “cebra” o la regla que obliga a encabezar cada lista con un nombre femenino (hay literatura que demuestras que el primer nombre de una lista corre con ventaja). E incluso, para asegurar el equilibrio de salida se pueden estudiar otras alternativas como escaños compensatorios, votos separados por sexo o competir en parejas. Sin embargo, la subcomisión ha optado por una fórmula que no sólo es cuestionable técnicamente sino que probablemente será resistida por la ciudadanía. Y esto, a fin de cuentas, puede repercutir en votos de rechazo a la propuesta constitucional.