Contraloría y extensa toma del INDH

Habiendo transcurrido más de siete meses desde que la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) decidió tomarse las dependencias del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la Contraloría ha emitido un reciente dictamen -en respuesta a un oficio enviado por un grupo de diputados oficialistas- en que instruye a las autoridades de la entidad a que “adopten de inmediato las medidas que en derecho correspondan para reestablecer la utilización del referido inmueble y asegurar que este sea empleado para el fin público para que se contrató”. El ente contralor estableció que debe ser informado de dicho procedimiento dentro de un plazo de 30 días.

Entre otras consideraciones, la Contraloría hace ver que “resulta evidente que la ocupación del instituto por un grupo de interés merma el desarrollo de las labores de promoción y protección de los derechos humanos que corresponden a ese servicio, generando por tanto una afectación a los integrantes de la comunidad nacional, particularmente a aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y que más requieren la intervención de este órgano público”.

Sin perjuicio de que el dictamen recoge con claridad que producto de la toma no se están utilizando los recursos públicos conforme a la ley y las funciones del INDH se han visto afectadas, ciertamente cabe lamentar lo tardío del mismo, tomando en consideración el extenso tiempo transcurrido. Cuesta encontrar un precedente así, en que dependencias donde funciona una institución del Estado -por las cuales es necesario pagar arriendo, como se recuerda en la resolución- sean dejadas a su suerte en manos de sus ocupantes, sin que se hayan adoptado medidas tempranamente para restablecer el estado de derecho.

Las peticiones de los estudiantes secundarios abarcan, entre otros aspectos, un amplio conjunto de medidas para ir en ayuda de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en el marco del “estallido social”, pero además han colocado como exigencia la renuncia del actual director del INDH. Es evidente que condiciones como éstas no pueden ser aceptadas, pero lo cierto es que dicho petitorio fue formulado hace ya varios meses -en diciembre, sin ir más lejos, las dependencias fueron declaradas “bajo control del pueblo”-, haciendo evidente que la fórmula de una negociación en la práctica siempre fue inviable.

Impedimento fundamental para proceder a un desalojo oportuno ha sido la pertinaz actitud de una parte del consejo del INDH, que por razones ideológicas ha consentido esta irregular situación. Con todo, habiendo sido constatada por la Contraloría que esta ocupación perjudica los intereses del Estado, así como el normal funcionamiento del organismo creado para conocer sobre los derechos humanos, queda ahora la duda si la institucionalidad del país será capaz de exigir que lo instruido se cumpla en el plazo establecido, así como hacer exigibles las responsabilidades del caso, considerando que cuando menos se configura un ejercicio negligente del cargo. Naturalizar hechos como estos supone sentar un precedente muy complejo, en cuanto al discrecional cumplimiento de la ley y consentir en el menoscabo de una institución del Estado.