Desafíos ante remuneraciones en el Estado

Congreso Nacional de Valparaiso 4

Las dietas de los parlamentarios no deben seguir atadas a la remuneración de los ministros, y las asignaciones de los congresistas deben ser racionalizadas.


La rebaja de las dietas de parlamentarios, así como de las remuneraciones de ministros de Estado, subsecretarios, Presidente de la República y otras autoridades que llevó a cabo la Alta Dirección Pública -en virtud de un mandato contenido en una reciente reforma constitucional-, si bien permitió aliviar la tensión que existe en relación con el elevado monto que perciben los congresistas, está lejos de haber resuelto los problemas de fondo que motivaron dicha reforma.

La decisión adoptada por la ADP tiene un carácter transitorio, hasta que se constituya una comisión de cinco expertos que será creada para estos efectos, la que fijará dichas remuneraciones cada cuatro años. Será esta instancia la que quedará con la misión de corregir los problemas que han quedado a la vista, y que en buena medida se explican por las desprolijidades con que se hizo la reforma constitucional. Ésta dejó expresamente fuera las asignaciones parlamentarias -que es la gran fuente de privilegios y gastos desmedidos- y mantuvo la actual disposición constitucional según la cual los parlamentarios percibirán una dieta equivalente a la remuneración que recibe un ministro de Estado. Probablemente esto último restó margen de maniobra a la ADP para ser más audaz en la reducción de la dieta parlamentaria, rebajándola en 25%, quedando en un nivel que aún sigue siendo elevado tanto para estándares locales como internacionales.

Pero al tener que reducir en igual proporción la renta de los ministros de Estado -para respetar la norma constitucional-, ocurre que éstos terminarán con una menor remuneración que los subsecretarios, cuya reducción fue de 10%. Esto es incoherente conforme al principio de la responsabilidad del cargo y desde luego la actual remuneración de los ministros no parece ser el principal foco del problema, considerando que en la comparación internacional que realizó la ADP, figuran en el lugar 13 entre los mejores pagados. En cambio, los legisladores no consideraron que al incluir también a los subsecretarios en las rebajas, se podría afectar a los Altos Directivos Públicos, cuyas remuneraciones y asignaciones no pueden sobrepasar la remuneración del subsecretario respectivo. Con ello, se arriesga a que determinados cargos vayan perdiendo atractivo para aquellos profesionales más talentosos, lo que complota con el objetivo de modernización del Estado.

El mayor problema sigue estando en las elevadas dietas y cuantiosas asignaciones que perciben los parlamentarios. Medido por paridad de poder adquisitivo, los congresistas de Chile aparecen en primer lugar de acuerdo con el estudio de países considerado por la ADP, mientras que en el caso de las asignaciones también figuran entre las mayores a nivel internacional. No cabe duda de que es aquí donde debe ponerse el centro de la atención, pero extrañamente es una materia que el Congreso rehúsa tratar. Las asignaciones deben ser racionalizadas, para cuyos efectos ya existe un proyecto de ley presentado, y no parece haber excusa para seguir eludiéndolo. Si bien el asunto de las remuneraciones en el Estado debe ser objeto de una revisión mucho más amplia, el Congreso podría desde ya dar una potente señal, separando sus dietas de las remuneraciones de los ministros, y recortando las asignaciones.

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