El fin de la institución del Senado

La decisión que esta semana adoptó la Convención Constitucional de poner fin al Senado y dar paso a una Cámara de las Regiones probablemente ha constituido para muchos un punto de inflexión en el proceso, pues supone un cambio mayúsculo en el sistema político que ha regido en el país en los últimos 200 años, sin que se hayan entregado razones suficientemente convincentes para haber dado este paso.

Aunque de acuerdo con el diseño aprobado seguirá existiendo un sistema bicameral en la forma, en los hechos -a menos que en las semanas que resten la Cámara de las Regiones sea investida de nuevas facultades- se ha diseñado un unicameralismo -centrado en la Cámara de Diputadas y Diputados- que concentrará para sí la mayor parte de las potestades legislativas y las competencias que hoy pertenecen al Senado, como es su calidad de jurado en las acusaciones constitucionales aprobadas por la Cámara Baja, o participar en la nominación de figuras fundamentales de la institucionalidad. La competencia de esta cámara regional se limitaría a resolver cuestiones fundamentalmente de índole regional, y a coparticipar en determinadas leyes y acotadas reformas constitucionales.

Los convencionales que apoyan este diseño han entregado diversas justificaciones. Entre ellas, que el tener “cámaras espejo” solo entraba el proceso legislativo, y que una composición más “conservadora” de la Cámara Alta ha sido freno para una serie de reformas sociales que la ciudadanía estima fundamentales. En fin, se ha dicho asimismo que una cámara de diputados reflejaría mejor el verdadero peso de las fuerzas políticas y por tanto a su vez sería un mejor reflejo de la voluntad popular.

Estos argumentos pasan por alto la importancia que tiene para una democracia que existan contrapesos, que leyes relevantes para el país sean objeto de debates y revisiones mucho más intensas, y que el rol de acusador y jurado estén separadas. Pero no solo eso. Al eliminar el Senado y dejar una cámara que por lo visto solo tendrá un rol decorativo, se trastoca el origen mismo de la institución senatorial, cuyo modelo inspirador -tanto en Chile como para varios países de la región, que a comienzos del siglo XIX nacían a la vida independiente- fue el federalismo de Estados Unidos, que a fin de asegurar que los estados más pequeños accedieran a ser parte de la Unión, entregaron a través del Senado una representación en igualdad de condiciones. Paradojalmente, esta nueva Cámara de las Regiones, que dice representar la voz de los territorios, hará que las regiones pierdan sustancial peso frente a una cámara política donde los centros más poblados eligen por definición más representantes.

Desdeñar sin más la presencia del Senado en el nuevo diseño constitucional también supone desconocer el rol que esta cámara ha jugado a lo largo de estos 200 años. Desde luego, de los más de 30 jefes de Estado que ha tenido el país desde que se instituyó el cargo, 29 han sido parte del Congreso, varios de los cuales integraron el Senado. Basta mirar la historia del siglo XX para darse cuenta de ello: desde Pedro Aguirre Cerda, todos los futuros mandatarios hasta Salvador Allende fueron parte del Senado, y a partir de 1990 tres de los seis mandatarios también lo han sido, una muestra de que formar parte de la Cámara Alta se entendió como la consolidación de una carrera política y el desempeño de un rol más estabilizador. Las prominentes figuras que han sido parte del Senado en toda su historia son también muestra del valor que se le dio a esta institución y el deseo de pertenecer a ella, algo que dudosamente podría replicar la menguada Cámara de las Regiones.

Se habría esperado que los constituyentes hubieran honrado mejor la tradición institucional del país, en particular porque el Senado también ha sido sede de importantes pasajes de nuestra historia. En las últimas décadas, cabe destacar el espíritu republicano que se vio en la instalación del Congreso en 1990, el forjamiento de grandes acuerdos para los sustanciales cambios constitucionales de 2005, o recientemente el rol clave que jugó en el Acuerdo por la Paz, que permitió una salida institucional a la crisis que se vivió en 2019.

¿Implica lo anterior que bajo un nuevo diseño constitucional necesariamente debía mantenerse el Senado tal cual? Desde luego que no, pero cabría haber esperado mejores fundamentos para justificar haber llegado al modelo actual de bicameralismo espurio, que sumado a un presidencialismo “atenuado” constituyen un híbrido que, salvo contadas excepciones, en general la experiencia internacional muestra que ha derivado en un mal funcionamiento del sistema político, como ha sido el lamentable caso de Perú.

La pérdida del Senado y sus implicancias no bien meditadas está levantando críticas incluso desde sectores oficialistas, como el caso del Partido Socialista, y naturalmente también ha causado la molestia en varios de los actuales senadores, lo que podría abrir un flanco inesperado para el gobierno del Presidente Boric, así como alimentar las críticas que se han acumulado en contra de la Convención.