Peligroso clima de violencia delictual

El clima de inseguridad y la preocupación por el curso de la delincuencia han cobrado creciente actualidad a raíz de una serie de hechos violentos, especialmente por asesinatos cometidos en plena vía pública -en la mayoría de los casos con armas de fuego, y con especial ensañamiento-, pero también por crímenes a sangre fría cometidos en la llamada Macrozona Sur. A ello se suma por estos días las protestas ciudadanas en la Región de Tarapacá, que buscan relevar el aumento de la inmigración descontrolada, así como el peligroso incremento de delitos de mayor connotación en la zona.

Al observar las cifras oficiales, estas no dan cuenta por ahora de aumentos explosivos en materia de delitos a nivel nacional. El número de homicidios, si bien ha venido aumentado en los últimos años, experimentó una disminución respecto del fuerte incremento que mostró en 2020. En lo que va de 2022, se han producido más de 70 asesinatos a lo largo del país, cifra no especialmente distinta respecto de igual período del año anterior. Pero es un hecho que la violencia asociada a los delitos sí ha aumentado, especialmente por el uso de armas de fuego, ahora en mayor proporción respecto del arma blanca. Tampoco puede resultar indiferente que en el primer mes de este año delitos como el robo con intimidación también haya experimentado un fuerte incremento.

Otro fenómeno que ha llamado la atención es que los problemas se han acentuado con especial fuerza en algunas regiones. En estas mismas páginas ya se ha hecho ver reiteradamente el grave peligro que representan los grupos armados que operan en La Araucanía y las regiones aledañas, pero lo que ocurre en Tarapacá debe ser también un poderoso llamado de atención para las actuales y futuras autoridades -en poco tiempo delitos como tráfico de migrantes así como los homicidios muestran incrementos de 500 y 180%, respectivamente-, las que se han trenzado en estériles declaraciones cruzadas atribuyéndose responsabilidad ante lo sucedido. Es fácil advertir que ante un clima de inseguridad y percepción de que las instituciones no son capaces de contener los delitos el clima de crispación irá en aumento, lo que por cierto puede derivar en situaciones mucho más violentas.

Hay creciente evidencia que detrás de los métodos cada vez más violentos en la perpetración de los delitos subyacen prácticas asociadas al narcotráfico, otro de los fenómenos que peligrosamente se ha ido enquistando en el país. Secuestros con homicidios -incluso con torturas-, ajusticiamientos y proliferación de tiroteos son señales de que estos grupos, en su afán de expandir y defender sus “territorios”, están actuando sin ningún tipo de inhibición.

El gobierno saliente sigue teniendo la plena responsabilidad en el control de orden público, donde por ahora no se observan medidas extraordinarias para intentar contener esta ola delictual. Pero el gobierno entrante debe comenzar a entregar más detalles de cómo pretende hacerse cargo del fenómeno, considerando que en poco más de un mes pasará a ser un tema de su responsabilidad. La reestructuración de Carabineros, la intervención de zonas críticas, un Ministerio de Seguridad o un mayor control de las armas ilegales -por mencionar algunas de las medidas contenidas en el programa- son importantes, pero de largo aliento, en circunstancias que crisis como las de Tarapacá o La Araucanía requerirán acciones urgentes.