“Quinto retiro”: la consolidación del parlamentarismo de facto

Tanto el proyecto que se denominó “quinto retiro” de fondos previsionales, como el proyecto alternativo presentado por el gobierno, que establece la posibilidad de extraer fondos previsionales para fines acotados, como pagar deudas morosas y pensiones alimenticias, serían votados este lunes por la Cámara de Diputadas y Diputados. El proyecto alternativo, según estimaciones del Ministerio de Hacienda, podría reducir en unos US$ 3.000 millones los fondos de pensiones, una suma muy inferior a los US$ 17.000 millones en que fuera estimado el efecto del “quinto retiro”. Más allá del beneficio de una menor reducción de los fondos previsionales, si la estrategia del gobierno es exitosa y su proyecto de retiro sujeto a condiciones prospera, y el “quinto retiro” es rechazado, esta nueva consecuencia de la imposición de la voluntad del Congreso sobre el Ejecutivo deja un saldo gravemente negativo, para el país y para el propio gobierno.

En lo fundamental, lo ocurrido viene a ratificar que ni el cambio de administración, ni el debilitamiento de la pandemia, ni la recuperación de la economía, han puesto fin a lo que se ha descrito como un “parlamentarismo de facto”, donde una amplia mayoría de congresistas, dejándose arrastrar por pulsiones populistas, acuerdan reformas constitucionales para imponerse sobre el Ejecutivo y transferir recursos a la población. En este proceso, el gobierno ha perdido su capacidad para liderar un proceso sano de crecimiento con estabilidad. En ocasiones anteriores, el “parlamentarismo de facto”, con sus amenazas de retiros de fondos previsionales, activó una enorme expansión del gasto fiscal; esta vez, la amenaza de “quinto retiro” forzó al Ejecutivo a promover un retiro de fondos previsionales que, si bien es más acotado, sigue siendo un atentado a la posibilidad de consolidar un sistema viable de seguridad social y un importante estímulo al gasto cuando se vive un proceso inflacionario.

Mientras la amenaza parlamentaria de retiros de fondos previsionales esté presente, la evolución de la solvencia fiscal, de la estructura tributaria, y en último término de la base de capital y el potencial de crecimiento de la economía estarán en dudas. Las potestades que el Congreso se confiere a sí mismo, necesariamente se restan de la capacidad real del gobierno para gestionar la economía; en lo que tiene de cesión ante la arremetida parlamentaria, el nuevo retiro de fondos previsionales, aun si menor que lo postulado por el Congreso en su propuesta, deja debilitado al gobierno y a su ministro de Hacienda, una cesión de liderazgo que, por cierto, envía una preocupante señal al mercado.

De paso, las atribuciones que se ha concedido el Legislativo no solo restan facultades al Ejecutivo, sino también gravan a la autoridad monetaria, en la medida en que la capacidad del Congreso de inducir gasto fiscal o debilitamiento del stock de ahorros de la economía afecta la inflación efectiva y esperada hacia el futuro. El Congreso, en el plazo de un año desde mediados de 2020, impulsó traspasos de recursos a la población por más de 15% del PIB. La consecuencia fue llevar la economía a niveles insostenibles de actividad y un fuerte impacto inflacionario. La evidencia de un actuar irresponsable por parte de parlamentarios mantiene viva la posibilidad de continuos episodios de gasto exacerbado, con consecuencias inflacionarias hacia el futuro. Esa expectativa, que afecta la inflación esperada y el tipo de cambio, es en sí misma un impulso inflacionario que pone presión adicional sobre la política monetaria, con costos reales para la población.

Parlamentarios que habiendo votado a favor de retiros previsionales en ocasiones anteriores estaban esta vez por el rechazo del “quinto retiro” daban como razón el cambio en las condiciones que enfrenta la población. Esto, por supuesto, deja en sus manos volver a promover retiros si, en su opinión, las condiciones lo ameritan. La amenaza continuada de un Congreso díscolo, a la que acaba de ceder el gobierno, es quizás la mayor limitación a sus propias posibilidades de gestionar adecuadamente la economía.