¿Un inesperado giro en materia de orden público?

Las decididas expresiones de apoyo que la ministra del Interior expresó en favor de Carabineros en la antesala del “día del joven combatiente” -al respecto, dijo que “no vamos a tolerar ataques violentos, ya sea el intento de quemar un local comercial, o más grave, la golpiza a nuestros funcionarios de gobierno (…) Carabineros cuenta con todo nuestro respaldo, de todo nuestro ministerio, para seguir con su trabajo y proteger a los chilenos y chilenas; siempre con respeto a los derechos humanos”- probablemente constituyen el hecho político más significativo en las tres semanas que se han cumplido de mandato, en particular porque podrían estar insinuando un giro en materia de orden público, justamente uno de los flancos más complejos que enfrentará el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Si bien la ministra en más de una ocasión ha sido traicionada por actitudes impulsivas, que la han llevado a precipitarse en sus declaraciones, esta vez sus palabras parecen haber sido muy meditadas. Este gesto fue acompañado ese mismo día de una visita a la Escuela de Suboficiales, donde Siches, junto al subsecretario del Interior, aprovecharon de reunirse con el carabinero que días antes se vio en la necesidad de usar su arma de servicio como acción de defensa ante el ataque que recibió por parte de una turba durante una marcha en la Alameda. Esto marca un contraste radical con la actitud inicial que el gobierno tuvo respecto de este incidente, donde tanto Siches como otros altos funcionarios denunciaron el hecho como “gravísimo” y exigieron la realización de sumarios -otros personeros del oficialismo no trepidaron en recalcar la necesidad de refundar Carabineros-, asumiendo de antemano una culpabilidad que luego tuvo que ser rectificada, cuando aparecieron a la luz pública videos que mostraban una agresión al funcionario policial, brindando sustento a la tesis de la legítima defensa.

Si bien estos inesperados gestos de la jefa de gabinete encontraron respaldo en buena parte del oficialismo, también fueron objeto de abiertas críticas en algunos sectores de Apruebo Dignidad, en particular del alcalde PC Daniel Jadue, quien se negó a apoyar a Carabineros mientras la institución no sea objeto de una refundación, lo que asienta la percepción de que Jadue se transformará en uno de los principales críticos de la actual administración.

Si bien puede ser temprano para dar por establecido un giro en materia de orden público por parte de la coalición gobernante, los gestos que se han visto esta semana, aun cuando estén en la esfera de lo simbólico, son de enorme trascendencia. Sería un avance muy significativo para el país que en el gobierno -mayoritariamente compuesto por una joven generación, sin mayor experiencia en la conducción del Estado y que en general ha sido muy crítica de la labor policial- finalmente se empiecen a comprender las responsabilidades que conlleva asumir el poder, uno de cuyos mandatos ineludibles es velar por el control del orden público, para lo cual es esencial que las policías se sientan respaldadas al más alto nivel.

Ciertamente las primeras señales que esta administración ha dado en esta materia fueron muy desconcertantes, abriendo justificadas aprensiones de que la visión más ideologizada terminaría prevaleciendo. La frustrada visita de la propia Izkia Siches a Temucuicui -cuya comitiva fue objeto de disparos- envió una señal muy contradictoria respecto de la violencia en La Araucanía; la suma urgencia que el gobierno colocó al proyecto de ley para amnistiar a quienes enfrentan procesos penales en el marco del estallido social, y el retiro de todas las querellas por Ley de Seguridad del Estado-también en el marco del estallido- constituyen asimismo graves retrocesos. Sería una señal muy bienvenida que el respaldo a Carabineros y el compromiso de no seguir tolerando el vandalismo marcaran el comienzo de una nueva etapa, y se empezaran a dejar atrás los complejos y resistencias ideológicas al uso correcto de la fuerza pública, algo que en ningún caso implica renunciar a reformas que contribuyan a mejorar los procedimientos de Carabineros y reforzar su control civil.

Siendo estas señales valiosas, no se podrá hablar verdaderamente de un giro si es que ello no va acompañado de un cambio en el enfoque hacia La Araucanía, donde la permisividad hacia la violencia y el constante resquemor respecto del quehacer policial representan actitudes incompatibles con un genuino estado de derecho.

El gobierno de Sebastián Piñera, que prometió “mano dura” y terminar con la “fiesta de los delincuentes” no tuvo éxito en ello, lo que le valió ser duramente castigado por la ciudadanía. Si el gobierno de Boric no asume seriamente el control del orden público, es previsible que su respaldo se vea rápidamente erosionado y su gestión termine en eldescrédito.