40 horas avanza en la Cámara y gobierno decide recurrir al TC

Cuando había transcurrido más de una hora de debate en la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, el diputado UDI Guillermo Ramírez tomó la palabra para hacer reserva de constitucionalidad sobre el proyecto que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas, iniciativa impulsada por el PC y otros partidos de oposición.

La intervención del parlamentario UDI plasmó la estrategia que el gobierno y Chile Vamos habían delineado desde la semana pasada con el fin de evitar la votación del proyecto, pues -aseguran- se trataría de una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Para sustentar esta posición, el oficialismo se basó en un informe elaborado por la Dirección de Presupuestos, que establece que la aprobación del texto podría significar un gasto fiscal cercano a los US$ 2.400 millones, y otro informe en derecho, redactado por la Fundación Jaime Guzmán y coordinado luego con los asesores del Ministerio del Trabajo, en que se detallaron los artículos de la Constitución que se verían vulnerados con la moción.

Así, luego de una larga discusión reglamentaria -en que los parlamentarios oficialistas reclamaron acerca del tratamiento de las urgencias en la comisión y la forma en que se estaba discutiendo la reducción de jornada-, se concretó la decisión que el propio Presidente Sebastián Piñera había tomado y coordinado con los ministros del comité político y el titular del Trabajo, Nicolás Monckeberg, en una reunión que sostuvieron a las 9 horas de este lunes en La Moneda.

En dicha cita, según quienes conocieron el contenido de la conversación, el Mandatario dio instrucciones sobre cómo se debía enfrentar el proyecto de la oposición, anunciando su decisión de recurrir al Tribunal Constitucional en caso de que, como ocurrió, la iniciativa avanzara en su trámite.

Tal determinación se conversó durante el comité político ampliado con los dirigentes de los partidos oficialistas. Ahí, según presentes, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, transmitió la intención del gobierno de recurrir al organismo y que aquello se hiciera en conjunto con Chile Vamos. Las mismas fuentes precisaron que los secretarios de Estado pusieron énfasis en que tenían que actuar ordenados y de manera institucional como coalición, para hacer un contraste con la centroizquierda.

En el mismo tenor se conversó en una reunión que sostuvo Monckeberg con los legisladores oficialistas de la Comisión de Trabajo a las 11 horas de hoy y, más tarde, en un encuentro de coordinación legislativa que lideró el ministro Gonzalo Blumel con representantes de las bancadas de centroderecha.

El requerimiento al TC fue confirmado por el propio titular del Trabajo durante el debate en la comisión -en la tarde de hoy-, aunque no precisó la fecha en que ello se concretará ni la forma en que el gobierno hará presente su reclamo. Esto, considerando que el Ejecutivo puede presentar su propio requerimiento o hacerse parte de uno ingresado por los parlamentarios, para lo cual estos primero necesitan reunir 39 firmas.

En tanto, por parte de los diputados, la decisión de acudir al organismo -dicen fuentes de la coalición- se concretará una vez que el proyecto termine de ser votado en particular en la comisión. Por tanto, el recurso podría ser ingresado esta semana, pues la instancia fue citada para las 9 horas de este martes para concluir el trámite del proyecto, luego que, en medio de constantes polémicas entre oficialismo y oposición, los diputados de Chile Vamos hicieran ver que se había cumplido el tiempo de sesión y se retiraran de la sala sin que se concluyera la votación.

La estrategia oficialista, además, consideró un paso previo: procurar dilatar la votación de las 40 horas apelando a proyectos del Ejecutivo que estaban con urgencia suma o discusión inmediata y que, por tanto, debían discutirse antes que el de 40 horas. Esto, sin embargo, fue rebatido por la presidenta de la instancia, Gael Yeomans (Convergencia Social), con apoyo del secretario de la comisión, apelando a que las "urgencias reglamentarias" habían vencido, pese a que las "urgencias constitucionales" continuaban vigentes hasta el próximo jueves.