A cuatro años del estallido: oficialismo coincide en que reformas siguen pendientes y piñerismo acusa que se buscó “desestabilizar al gobierno”

Este miércoles se cumplieron cuatro años del 18 de octubre de 2019, fecha que marcó el inicio del estallido social, una de las mayores crisis institucionales y políticas desde el retorno a la democracia. En el cuarto aniversario del hito, las lecturas y diagnósticos son disímiles en la oposición y el oficialismo.

En este último bloque -y con la distancia del tiempo encima- coinciden en que las demandas que desencadenaron la crisis social aún siguen pendientes y que hay una “deuda” con la ciudadanía por parte de la clase política.

“Las peticiones que se han hecho por parte de la ciudadanía continúan insatisfechas (...) El sistema político está totalmente en deuda con poder darle respuesta a esa ciudadanía que necesita mejores pensiones. Desfilaban los abuelos y desfilaban los nietos, pidiendo mejores pensiones, pidiendo mejor educación, y la verdad es que vemos que después de cuatro años seguimos envueltos en muchas explicaciones y en pocas soluciones”, lamentó la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic.

El acuerdo del 15 de noviembre de 2019 -que permitió la reforma para habilitar el proceso constitucional- fue el principal método de la clase política para encauzar y dar respuesta a la crisis social, ante la violencia que arreciaba en las calles del país.

A casi cuatro años de aquel consenso, la promesa de una nueva Constitución aún no se ha cristalizado y el segundo proceso constitucional -tras el fracaso de la Convención- no lograr suscitar el respaldo esperado en la ciudadanía, a dos meses del plebiscito en torno a la propuesta del Consejo Constitucional.

“Finalmente el sistema político pudo dar respuesta diciendo ‘mire, vamos a buscar un nuevo marco de entendimiento, un nuevo marco de conversación y vamos a buscar esto a través de una nueva Constitución’. Y bueno, aquí estamos en un segundo proceso constitucional que tampoco ha logrado concitar la unidad del país, que era finalmente el objetivo de tener un proceso constitucional”, enfatizó la senadora Vodanovic.

El senador y expresidente de RD, Juan Ignacio Latorre, coincidió con el diagnóstico y apuntó a que el estallido fue “una crisis de las más graves en democracia post-dictadura. Eso sigue pendiente en términos de impunidad respecto a las policías, de reforma a Carabineros, lo ha dicho Amnistía Internacional, hay temas pendientes todavía en materia de derechos humanos”, remarcó.

Agregó que “hay temas pendientes en tema de respuestas sociales a la ciudadanía y eso no es responsabilidad de nosotros, sino que es una responsabilidad del sistema político en su conjunto”

El senador y timonel PPD, Jaime Quintana, fue más allá y reconoció que “el saldo de estos cuatro años es negativo”.

“Efectivamente hubo mucha violencia, pero también hubo muchas demandas que aún estás postergadas. Cómo no recordar el 25 de octubre la movilización más grande de la historia. Creo que las lecciones de dicho proceso no estuvieran del todo recogidas. La principal autocrítica que debe hacer la clase política es que gran parte de la agenda que la ciudadanía nos mostró aún sigue pendiente. Una de ellas es la nueva Constitución, pero también una profunda reforma a las policías, también un pacto fiscal, una reforma previsional”, enumeró Quintana.

Finalmente, el presidente de los radicales, Leonardo Cubillos, compartió el diagnóstico del resto de los timoneles oficialistas. “Creo que estamos en deuda y esa deuda tenemos que poder compensarla con la ciudadanía de alguna manera. Hay reformas importantísimas que están en el Congreso y hoy nos enfrentamos a un proceso constitucional que está avanzando solamente para defender a un sector del país. Creemos que hoy seguimos en deuda”, complementó.

Se buscó “desestabilizar al gobierno” del Presidente Sebastián Piñera durante el estallido social. Ese fue el mensaje que este miércoles, a cuatro años del 18-0, salieron a expresar -en bloque-, figuras del círculo del exmandatario y que ocuparon cargos de relevancia durante su segunda administración.

Entre ellos, los exministros Jaime Bellolio (UDI), Rodrigo Delgado (UDI), Gonzalo Blumel (Evópoli), el exsubsecretario del Interior Juan Francisco Galli (RN) y el entonces jefe de asesores del Segundo piso, Cristián Larroulet.

En distintos medios, los exmiembros del gobierno de Piñera, si bien no respaldaron la tesis levantada hace unas semanas por el exjefe de Estado que apuntaba a que fue víctima de un “golpe de Estado no tradicional”, sí sostuvieron que durante el estallido social hubo intentos por hacer caer al Mandatario.

En conversación con Radio Concierto, el exsubsecretario Galli, señaló que “hubo fuerzas políticas, principalmente el Partido Comunista (PC) y del Frente Amplio (FA), que quisieron interrumpir el mandato democrático de Sebastián Piñera”.

“Lo que está detrás de lo que dijo el Presidente es que hubo fuerzas políticas que, emborrachados por la violencia, quisieron interrumpir un gobierno democráticamente electo. El acuerdo tácito después de la dictadura era que los presidentes terminaban sus mandatos”, apuntó Galli.

En tanto, Delgado, exministro del Interior y también exalcalde de Estación Central planteó, en conversación con Radio Agricultura, que durante el estallido social “el llamado era ir a La Moneda y sacar al Presidente”.

“La seguridad estuvo en riego, hubo grupos que hacían llamados explícitos a ir a La Moneda a que cayera el Presidente y las masas estaban en la calle desbordadas, descontroladas, muy violentas”, indicó el entonces alcalde, quien asumió Interior el 4 de noviembre de 2020.

El también exministro, Bellolio, precisó -a diferencia de Piñera- que para él lo que ocurrió fue “un golpe al Estado. Es decir, hubo un grupo de personas que, a partir de la violencia que se genera, intentaron derrocar al poder establecido democráticamente”.

“En un golpe de Estado hay una fuerza que, teóricamente, puede comandar el Estado luego, y no es solo es una fuerza destituyente, con la cual coquetearon muchas de las fuerzas de izquierda, el PC y otros sectores más radicales, donde hicieron todo lo posible para botar al gobierno, y eso sí se asemeja a un golpe de Estado no tradicional”, explicó el exvocero de gobierno en conversación con Radio ADN.

Blumel, quien asumió como ministro del Interior en medio de la crisis, señaló en conversación con Duna que “si la política y la democracia no funcionan, lo que predomina es la ley de la selva y la ley del más fuerte. Eso en términos civilizatorios es complejo”. Este año el exsecretario de Estado publicó un libro -“La vuelta larga”- en que repasa su paso por La Moneda en medio de la crisis social.

Por su parte, Larroulet, quien ejerció como jefe del Segundo Piso durante el segundo mandato de Piñera y había sido su ministro de la Segpres en la primera administración habló de un intento de “desestabilizar al gobierno”.

En esa línea, dijo que el estallido social fue “una forma de, a través del vandalismo, de la violencia, de desestabilizar un gobierno, para que ese gobierno deje de continuar”.