El 6 de junio de 2022 se llevó a cabo la primera sesión del Comité de Ministros de la actual administración que encabeza el Presidente Gabriel Boric. En el encuentro, los titulares de las carteras de Medio Ambiente, Energía, Minería, Economía, Agricultura y Salud abordaron los recursos de reclamación en contra del Centro de Manejo Ambiental Ñuble Sustentable de Inversiones y Servicios Inser, y el proyecto de gas Andes LNG ubicado en Atacama.

Según información proporcionada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la entidad colegiada ha abordado nueve proyectos desde esa fecha hasta ahora, los cuales suman US$8.354 millones, pero ninguno cuenta con su resolución notificada a los titulares de las iniciativas.

Durante este lapso, el Comité de Ministros que preside la ministra Maisa Rojas, ha discutido una serie de reclamaciones en contra de los proyectos por parte de comunidades ambientalistas. En algunos casos sus reclamaciones han sido acogidas totalmente, declarando de manera desfavorables las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), pero en otros casos sus reclamos han sido desestimados.

Además de las dos ya mencionadas, las otras siete iniciativas revisadas por el Comité de Ministros en este periodo son: Construcción Nuevo Puente Ferroviario Biobío; Saneamiento del Terreno Las Salinas; Proyecto Desarrollo Los Bronces; Central Hidroeléctrica Alto Maipo; Proyecto Dominga; Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de Collahuasi, y Central Hidroeléctrica de Pasada El Rincón.

El problema radica en que, por ejemplo, el titular de un proyecto respecto del cual el Comité de Ministros resolvió acoger las reclamaciones de opositores y emitió una RCA desfavorable, debe esperar hasta ser notificado oficialmente para eventualmente presentar una reclamación e intentar revertir la resolución negativa. El Comité de Ministros es la máxima instancia administrativa que establece el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) antes de elevar las discrepancias a la esfera judicial.

Según detalló el SEA, tres de los nueve proyectos abordados bajo la actual administración de gobierno obtuvieron una RCA desfavorable por parte del Comité de Ministros. Dos de ellos contaban con una RCA favorable: Andes LNG, que contemplaba un terminal gasífero, un gasoducto y una central generadora compuesta por 30 motores, de 18 MW cada uno, y Dominga, de Andes Iron.

Un caso distinto es el del Centro de Manejo Ambiental Ñuble Sustentable, pues antes de ingresar a la votación del Comité presentaba una RCA negativa. El proyecto ingresó a tramitación ambiental el 18 de octubre de 2017. Su titular es Inser, sociedad dueña de Dimensión SA, y la cual forma parte del Consorcio Santa Marta.

Justamente el gerente a cargo de la iniciativa, Elvis Bojorquez, explicó que la demora en que ha incurrido el SEA “obviamente nos complica, porque mientras ese proceso no esté cerrado, nos queda una arista pendiente. Sabemos que la resolución es desfavorable y esto demuestra lo burocrático que es el tema”.

En tanto, desde Andes Iron comentaron que “estamos atentos a que el Comité de Ministros emita la resolución adoptada respecto del proyecto Dominga, lo cual entendemos debiera estar próximo a ocurrir. Ello, considerando los plazos que tradicionalmente ha demorado dicha instancia en redactar este tipo de decisiones”.

Pablo Badenier, exministro del Ministerio del Medio Ambiente en la segunda administración de Michelle Bachelet, calificó la demora en que ha incurrido el SEA como “un asunto complicado y grave”. “Si un titular no recibe la resolución, no puede reclamarla. Por lo tanto, la resolución de calificación ambiental no está a firme si es que se otorgó, y si es que se negó, no puede reclamarla en los tribunales ambientales, porque no existe. Si yo tengo una RCA aprobada y que pasa por el Comité de Ministros por un recurso de reclamación, el problema para ese titular es que la resolución no está a firme, y en el caso de qué esté rechazada y la fui a reclamar, no puede seguir a la instancia siguiente. Por lo tanto, no sé si puedo construir mi proyecto”, añadió.

Rodrigo Benítez, exsubsecretario del Medio Ambiente durante el primer gobierno de Sebastián Piñera explicó que “este es un tema que se arrastra desde hace muchos años y cruza diversas administraciones”. “Es relevante que la autoridad pueda poner los recursos necesarios para avanzar no solo en tener decisiones fundadas sino también oportunas”, añadió el hoy socio de Schultz Carrasco Benítez Abogados.

Paulina Riquelme, abogada socia del estudio jurídico Eelaw, sostuvo que “desde un punto de vista procesal es fundamental que una vez que se haya zanjado el tema por el Comité de Ministros se le dé prioridad al acta y después, acto seguido, a la resolución que resuelve la reclamación con celeridad”.

Consultado el Servicio de Evaluación Ambiental por la demora en que incurre el órgano, que actúa como secretario del Comité de Ministros, en notificar sus resoluciones, respondió: “El Comité de Ministros es una instancia de deliberación, cuyas resoluciones finales son redactadas posteriormente por su secretaría técnica, radicada en el Servicio de Evaluación Ambiental. La elaboración y posterior firma de los acuerdos del Comité requiere de un tiempo de trabajo no menor, dada la complejidad técnica y jurídica creciente de las reclamaciones y numerosas materias reclamadas tanto por los proponentes de proyectos como por la ciudadanía”.

“Durante este primer semestre se tiene proyectado sacar todas las resoluciones pendientes del año 2022, así como las del proyecto minero Dominga, que fue resuelto por el Comité de Ministros en febrero de este año. La secretaria técnica del comité de ministros se encuentra trabajando dentro de los plazos habituales”, explicó el servicio dirigido por la abogada Valentina Durán, quien fuera nombrada en el cargo por el Presidente Boric.