A petición de la OIT, ministra Jara acepta interceder en espinoso conflicto laboral del Senado

Este miércoles en la mañana, en la sede la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Santiago, se constituyó una mesa de conciliación entre el gobierno, como representante del Estado de Chile, y la Federación de Asociaciones del Congreso Nacional, que presentó una queja ante esta entidad del Sistema de Naciones Unidas por supuestas vulneraciones a la libertad sindical en el Senado de la República.

“Mediante la presente queja se impugnan conductas de autoridades del Estado de Chile, especialmente del Senado del Congreso Nacional, de discriminación sindical”, dice la presentación, respaldada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), que fue realizada ante el Comité de Libertad Sindical, uno de los órganos de control de la OIT, el pasado 9 de mayo de 2024.

A partir de esta queja, la OIT -que solo actúa como entidad facilitadora- envió una comunicación a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), pidiendo antecedentes y consultando si el gobierno estaba dispuesto a interceder y ejercer buenos oficios en esta pugna laboral. Tras aceptar, la secretaria de Estado mandató al encargado de relaciones internacionales del ministerio como agente en la mesa de conciliación.

Sin embargo, el panorama es complejo para el Ministerio del Trabajo, ya que el conflicto tiene su origen en otro poder del Estado y ya escaló a la Corte Suprema y a la Contraloría, que fijaron postura, optando por no inmiscuirse. De hecho, la presentación de los funcionarios ante la OIT también cuestiona la conducta de estas otras instituciones, que -a juicio de ellos- habrían generado un cuadro de desprotección sindical en el sector público.

El caso -que particularmente motivó la presentación ante la OIT- se basa en la destitución del expresidente de la Asociación de Funcionarios del Senado, Afusen, debido a una denuncia de violencia intrafamiliar. El exdirigente fue destituido tras un sumario por faltas a la probidad funcionaria. En esa investigación se llegó a la convicción de la existencia de agresiones a su expareja, que hasta hoy es profesional de la Cámara Alta, situación que atentaría en contra de la “conducta funcionaria intachable” que se exige a empleados públicos.

La desvinculación del expresidente de la Afusen fue recomendada por el fiscal a cargo del sumario y fue ratificada por el secretario general del Senado, Raúl Guzmán, decisión que en su momento fue respaldada por todas las fuerzas políticas de la institución.

Incluso, a pesar de que la medida fue cuestionada por la ANEF y la CUT, senadoras de izquierda defendieron la destitución de exdirigente, a luz de los graves antecedentes, que también llegaron a oídos del Ministerio de la Mujer.

No obstante, la Federación de Asociaciones del Congreso, la ANEF y la CUT optaron por defender el fuero sindical que habría sido vulnerado por la destitución adoptada por el secretario del Senado. Uno de los argumentos legales que se esgrimió es que la desvinculación del exdirigente debía ser ratificada por la Contraloría, en virtud del artículo 25 de la Ley de Asociaciones de Funcionarios de la Administración del Estado.

Para revertir la destitución se presentó un recurso de protección, en el que se argumentaba, además, que los hechos sancionados correspondían a la vida privada del exfuncionario. Esa presentación fue desestimada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso y por la Corte Suprema, mientras que la Contraloría, a la que también recurrieron las organizaciones, se abstuvo de opinar al ser una materia que estaba en manos de tribunales.

Ante estas presentaciones, el secretario defendió la tesis de que la Contraloría no tenía tuición sobre la Cámara Alta, al ser un poder autónomo. Pese a ello, igual envió al entonces contralor Jorge Bermúdez una comunicación de registro del caso, simplemente para informar la desvinculación.

Si bien todos esos antecedentes respaldaban la decisión de Guzmán, las organizaciones recurrieron en mayo de este año a la OIT para denunciar el caso, que -a juicio de las agrupaciones de trabajadores- tenía como contexto un conjunto de medidas de “hostilidad antisindical” de parte del secretario del Senado. De hecho, mencionaban que el destituido expresidente de Afusen estuvo sometido a otros sumarios previos y acusaban que bajo la gestión de Guzmán habrían proliferado estos procesos en contra de diversos empleados de la corporación.

Otro de los casos bullados del último tiempo fue la desvinculación del abogado Javier Norero, quien estaba a cargo de la Unidad de Control del Senado y denunció supuestas irregularidades administrativas que fueron desestimadas por los senadores. En todo caso, Norero también presentó un recurso de protección, que fue acogido por la Corte de Apelaciones, pero su resolución está pendiente en la Suprema.

En el Ministerio del Trabajo están conscientes de que su papel en este conflicto es limitado y que solo pueden ejercer buenos oficios para generar políticas públicas futuras, pero en ningún caso revertir desvinculaciones de funcionarios que están resueltas o están pendientes en tribunales.

Por su parte, el presidente del Senado, José García (RN), también ha tratado de descomprimir la tensión entre el secretario y la organizaciones de trabajadores. De hecho, este lunes recibió en su oficina a los presidentes de la CUT, David Acuña, y de la ANEF, José Pérez.