Abogado de Vivanco acusa que la Suprema no respetó el proceso previo al cuaderno de remoción “como sí ocurrió con otros ministros”

A minutos de que se diera inicio a la sesión extraordinaria del pleno de la Corte Suprema –convocado para discutir la remoción de la suspendida magistrada Ángela Vivanco–, el abogado de la exvocera del máximo tribunal, Juan Carlos Manríquez insistió en que el procedimiento no respetó el debido proceso, y que se omitieron instancias previas a la más gravosa, que es la destitución de un ministro.

Al ser consultado en Radio Agricultura por las razones en que fundamentan esta teoría de que no siguieron los protocolos, el defensor argumentó que no tuvieron acceso a la Comisión de Ética, además de que les habían entregado minutas de declaraciones de personas que “no tienen certeza si corresponden a ellas o no”, ya que no están firmadas por los mismos declarantes.

“Se dice que hay un par de testigos que serían ministros de una corte de región o una persona que no sabemos quién es, tampoco tenemos su testimonio. No logramos acceder al resto de los demás antecedentes”, aseveró.

En esa línea, remarcó: “Entonces ahí se produjo un salto procesal y lógico muy grande, porque desde una Comisión de Ética que no está destinada a investigar ni a imponer sanciones, sino que a mejores prácticas al interior de la corte, se saltó derechamente un cuaderno de remoción sin hacer un procedimiento administrativo previo con igualdad de armas y defensa, como sí ocurrió en el caso de otros ministros hace poco, de la Corte de Rancagua, por ejemplo”.

En cuanto a las motivaciones de las investigaciones penales, el cuaderno de remoción y las acusaciones constitucionales en contra de su defendida, Manríquez afirmó que “se iniciaron –en el término estrictamente técnico– como producto de una reacción a un par de filtraciones escandalosas que se usaron para generar un contexto de escándalo público, a su vez, que tuvieron efecto. Cuando usted parte en ese tren, es bien difícil frenarlo después, cuando se da cuenta que, en realidad, a partir del inicio, no se corresponde con la evidencia ni los hechos, cuesta salir”.

La ministra suspendida está bajo el escrutinio de sus pares por ocho hechos que tienen relación con irregularidades en fallos mientras ejercía su cargo, entre ellos, uno a favor de la empresa Belaz-Movitec SpA, que le costó al Fisco más de $70 millones. Además, se le acusa de intervenir en asignaciones de cargos en tribunales junto al abogado Luis Hermosilla.