Académica y transversal: la apuesta del TC para incidir en la Convención y defender una justicia constitucional especializada

Todo partió en el Comité Académico del Tribunal Constitucional (TC). La instancia -integrada por los ministros José Ignacio Vásquez, Miguel Ángel Fernández, Rodrigo Pica y los ministros suplentes Rodrigo Delaveau y Armando Jaramillo- propuso una forma de incidir en la discusión de la Convención Constitucional, específicamente en los convencionales que integran la comisión de Sistemas de Justicia.

El plan consistió en un ciclo de conferencias que se han agrupado bajo un título común: “¿Quién debe defender la Constitución?”. El objetivo, comentan fuentes del TC, era aprovechar la calidad académica que existe al interior del órgano y mostrar a la comunidad jurídica los consensos que existen en esta materia.

La intención, cuenta un ministro, era hacer evidente la transversalidad que hay en la academia respecto de la necesidad de que los países cuenten con una justicia constitucional especializada, es decir, una corte constitucional separada de la Corte Suprema, tal como es actualmente el modelo chileno. Además, había mucho interés por contar con espacios que den cuenta de estas “reflexiones profundas”.

El ciclo de conferencias partió a mediados de enero, con la exposición del catedrático de derecho constitucional de la Universitat de Valencia Roberto Viciano. Escogerlo a él no fue al azar. Es un reconocido jurista de izquierda, quien en su larga trayectoria profesional y universitaria ha asesorado incluso a exmandatarios como Hugo Chávez. Dada su especialidad, ha dirigido equipos de seguimiento y asesoramiento a las asambleas constituyentes de Ecuador en 1998, Venezuela en 1999 y también a los procesos constituyentes de Ecuador y Bolivia.

En su exposición, Viciano criticó algunas falencias del TC chileno, pero hizo una fuerte autocrítica respecto de lo realizado en Venezuela. El abogado comentó que si hubo algo en lo que fallaron, fue en no hacer que existiera un órgano autónomo que pudiera controlar a los otros poderes del Estado, es decir, haber avanzado hacia la ausencia de un árbitro de conflictos institucionales. En esa misma línea, el académico agregó que si una institución no funciona bien, lo lógico es que sea reformada o perfeccionada, pero no eliminada.

A Viciano se sumó el columnista y rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, y luego también expuso el presidente honorífico de la Comisión de Venecia, Gianni Buquicchio. Se trata de juristas que han expuesto, de forma libre, desde distintas aproximaciones ideológicas. Todos ellos han dado sus argumentos acerca de por qué es mala idea que la justicia constitucional quede a cargo de la Corte Suprema.

La estrategia del TC ha sido de incidencia indirecta, lo cual hoy es comentado como contraposición al camino tomado por el máximo tribunal del país. La Suprema optó por formar una comisión de apoyo y, además, intervenir públicamente en contra de una de las iniciativas aprobadas en general por la comisión de Sistemas de Justicia.

Hacer algo similar, comentan fuentes del TC, está descartado, dado que los ministros son “muy respetuosos” de la autonomía de la Convención. De todas formas, han enviado invitaciones al ciclo de charlas a cada uno de los 19 integrantes de la comisión.

A pesar de que esa es la postura institucional, hay algunas posiciones minoritarias, como la que representaría el ministro Iván Aróstica, quien se habría manifestado a favor de realizar algo más fuerte, como por ejemplo una conferencia de prensa o algún documento oficial del TC que reúna la postura institucional sobre el asunto.

El presidente del TC, Juan José Romero, ha dado algunas señales sobre su postura respecto del futuro del TC. Hace algunas semanas, cuando fue a exponer a la comisión, fue explícito sobre su visión: “Si se valora la Constitución tiene también que valorarse el control de su supremacía por una judicatura constitucional independiente y, ojalá, especializada. Un análisis empírico a nivel internacional nos muestra, casi sin excepción, que aquellos países democráticos que han optado por un modelo de tribunales o cortes constitucionales han perseverado en el mismo”.

Algo similar repitió el jueves de la semana pasada, cuando expuso después de Buquicchio. “Objetivamente, es una buena idea que una justicia constitucional especializada y en modelo concentrado imparta la labor de la supremacía constitucional”, afirmó Romero.

A juicio del presidente del TC, un órgano de ese tipo está mejor situado para llevar el control constitucional de las leyes. Además, comentó los argumentos que se dieron durante el gobierno del expresidente Salvador Allende para justificar la existencia de un TC que pudiera, entre otras cosas, hacerse cargo de las discrepancias institucionales.

Al interior del TC están conscientes de que corren con desventaja. En la Convención, la postura de eliminar el TC y traspasarle esa jurisdicción a una sala especial de la Corte Suprema cada vez suma más apoyos. Sin embargo, confían en que aún hay mucho por discutir y votar.

De lo que sí están seguros es que su postura no es para nada una defensa ingenua al órgano, ya que saben que la institución tiene falencias que deben ser corregidas. Una de ellas, dice un ministro, es el mecanismo de elección de los magistrados. Pero, agrega la misma fuente, eso no significa que si algo funciona mal haya que concluir que la institución debe abolirse. Esta semana el ciclo de charlas continúa y el invitado será el excontralor y actual presidente del Colegio de Abogados Ramiro Mendoza.