Acción constitucional contra el Congreso y pensión mínima: las propuestas de “Chile Vamos por el Rechazo”

En los últimos días, los diputados de Chile Vamos que están por el Rechazo para el plebiscito han coordinado no solamente sus acciones de campaña, sino que también la elaboración de una serie de propuestas que buscan impulsar en materia de cambios constitucionales.

Esa idea, de hecho, ha marcado el discurso de este grupo de parlamentarios de la UDI, RN y Evópoli, quienes, pese a estar en contra de una nueva Constitución, han planteado la necesidad de realizarle modificaciones a la Carta Fundamental, sin entrar -dicen- en un proceso constituyente como el que podría abrirse en caso de ganar el Apruebo en la consulta nacional del 25 de octubre.

Así, los parlamentarios elaboraron un documento titulado “Propuestas programáticas Chile Vamos por el Rechazo”, en el que definen por primera vez los puntos que promueven como posibles modificaciones. El texto es suscrito, entre otros, por las coordinadoras ejecutivas del comando que agrupa a parlamentarios de esos tres partidos: Andrea Balladares y María José Gómez, quien fue la jefa de gabinete de Andrés Chadwick en Interior; por los jefes de bancada Sebastián Torrealba (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y María José Hoffmann (UDI); los diputados RN Diego Schalper, Tomás Fuentes, Catalina Del Real, Diego Paulsen, Karin Luck y Luis Pardo; los UDI Juan Antonio Coloma, Guillermo Ramírez, Javier Macaya y Jorge Alessandri; y el diputado de Evópoli Sebastián Álvarez.

El escrito -que se trata de un borrador, a la espera de algunos ajustes- se divide en tres ejes. El primero de ellos se denomina “deberes solidarios del Estado”, en el que se enumeran una serie de reformas, como establecer una “pensión digna”, que no pueda estar “nunca por debajo de la línea de la pobreza” (cerca de $ 170 mil brutos), en el caso de una pensión básica solidaria; y no inferior al sueldo mínimo (cerca de $ 320 mil brutos), en el caso de los “cotizantes regulares”; “salud integral”, incluyéndose una atención mental, dental y de adicciones “oportuna”, fijándose un “plazo legal máximo de espera”; “educación de calidad y sin violencia”; “derecho-deber a vivienda digna y barrios integrados, con criterios legales precisos de mínimos de espacios interiores, áreas verdes y lugares públicos”, entre otros.

En ese apartado el documento menciona, además, algunas frases que servirán para que este grupo las utilice durante la campaña, como “queremos precisar el deber del Estado en materia social”; “solo si exigimos prestaciones concretas al Estado hay verdaderos derechos, la ciudadanía está cansada de derechos de papel”; y “la Constitución tiene que exigir al gobierno y al Congreso hacer la pega”.

El segundo eje de reformas constitucionales es la “responsabilidad del Estado”, en el que se plantea una Defensoría del Ciudadano, un organismo autónomo que enfrente los “abusos” del aparato público; una Agencia de Calidad del Servicio Estatal, que sirva para “generar directrices que mejoren la atención de los servicios del Estado”; se propone también una “acción de tutela” para que exista la “capacidad de demandar expeditamente (juicio sumario) al Estado frente a abusos y malos tratos en el servicio público”; la posibilidad de iniciar una “acción constitucional” contra el Congreso “en caso de demora inexcusable en la tramitación de una ley”; y darle rango constitucional a la Fiscalía Nacional Económica y al Tribunal de la Libre Competencia.

Finalmente, el tercer eje es la “integración social y regional”, señalándose que “la Constitución debe fijar metas vinculantes para que los tres poderes del Estado adopten políticas de inclusión”.

En este punto, se propone crear una Agencia de Descentralización, con carácter autónomo, que se encarga de “evaluar, orientar, sugerir e informar el avance de los planes de desarrollo regional” en cada zona del país; y se propone avanzar en el reconocimiento constitucional para los pueblos originarios, incluyendo un “deber de integración”.

Respecto a lo que denominan como “deberes de inclusión del Estado”, el texto plantea que esa tarea debe incorporar una serie de medidas para las mujeres, adultos mayores y personas en situación de discapacidad, así como también para “infancia y maternidad” y las áreas de “emprendimiento”. Sobre esto último, por ejemplo, la propuesta plantea establecer plazos para que el Estado determine políticas que promuevan el emprendimiento y “corrijan prácticas y/o legislaciones anticompetitivas o abusivas”.

“El camino de las reformas permite construir sobre lo avanzado, haciendo las correcciones que necesitamos. La hoja en blanco es un error innecesario. Por eso estamos empujando modificaciones que mejoren la Constitución”, explica Schalper, junto con señalar que “con ellas se responde al malestar de la falta de sentido de urgencia de la dirigencia política”. Cruz-Coke, en tanto, sostiene que “la campaña del Rechazo no quiere plantearse como una campaña que busca que no exista ningún cambio, no es una campaña de inamovilidad absoluta en materias constitucionales”. Así, dice que “estos cambios pueden hacerse de manera gradual y sin partir de cero, por ejemplo, el derecho a un Estado eficiente, la figura del defensor ciudadano o las reformas eventuales que puedan hacerse al sistema político”.