Acusación genera dudas y gobierno acelera acuerdo legislativo con oposición

Escoltados por agrupaciones de DD.HH., las bancadas de la oposición presentaron este miércoles la acusación constitucional en contra de los ministros de la Corte Suprema Carlos Künsemüller, Hugo Dolmestch y Manuel Valderrama por conceder el beneficio de libertad condicional a condenados por delitos de lesa humanidad.

Pese a que el libelo se ingresó con firmas de un grupo transversal de diputados -desde la DC hasta el Frente Amplio-, la acción de los parlamentarios enfrenta un incierto escenario.

Hoy, en el sector admitían que hay varios factores que podrían poner en juego la viabilidad política y jurídica de la acusación. Uno de los elementos es el recurso de nulidad presentado hace más de 10 días por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (Afep) ante el máximo tribunal, con el objetivo de revertir los cuestionados fallos. De ser acogida dicha acción, el dictamen que motivó la presentación del libelo pasaría a ser "inexistente" para todos los efectos legales.

Por otro lado, los parlamentarios aún no tienen asegurados los 78 votos que requieren para que la cuestión previa sea rechazada en la sala. Ese escenario se complejizó aún más con el anuncio del diputado UDI Ignacio Urrutia, quien dijo que respaldaría el libelo para destituir a magistrados que, a su juicio, son de "izquierda" y han fallado en base a "ficciones jurídicas".

El inusitado apoyo -que encontró eco en otros diputados UDI- complicó durante esta jornada a la ex Nueva Mayoría y al Frente Amplio. De hecho, desde la DC -partido que quedó de resolver su posición tras analizar el mérito de los argumentos- aseguraron que aquello fortalecía la postura de quienes están por rechazar el libelo. "Esto es entregarle al gobierno la posibilidad de nombrar el día de mañana una integración cuyo sello sea muy distante de nuestros valores en la defensa de los DD.HH... Todas las aristas y los efectos de nuestra votación deben estar sobre la mesa a la hora de pronunciarse", dijo Gabriel Silber (DC).

Es en ese contexto que el gobierno aceleró hoy las gestiones con la oposición para agilizar un acuerdo en torno a la ley de libertades condicionales que se encuentra en comisión mixta. Pese a que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, había anunciado que para la próxima semana citaría a los asesores de la oposición para acercar posiciones, finalmente la reunión se dio hoy en el Congreso.

Conocedores del encuentro aseguraron que la división jurídica del ministerio manifestó una postura más flexible. De hecho, en Justicia hoy no descartaban avanzar en el requisito del arrepentimiento de los condenados que postulen al beneficio, orientar la redacción del texto para una aplicación retroactiva de la norma e incluso dejar fuera los casos de edad avanzada o grave deterioro mental, como ha exigido la oposición.

Las gestiones de Justicia se dan en momentos en que el propio Larraín ha sostenido contactos informales con ministros de la Suprema en los últimos días, quienes -según explicó el martes en la mixta- le han manifestado su preocupación porque se modifique la ley actual a la brevedad.

"He tenido la oportunidad de hablar en estos días con ministros de la Corte Suprema y ellos están con preocupación. Hoy día, el ministro Carroza en una entrevista (…) dice 'hay fallos disímiles, porque cuando tenemos que interpretar normas que no están claras se va a prestar siempre para que haya fallos distintos. Y la única manera de resolver esto es que haya una resolución legislativa'. Bueno, intentémoslo", sostuvo el titular de Justicia el martes en la comisión mixta.

Advertidos de la opción de que la Corte Suprema acuse un supuesto atentado al estado de derecho, en el sector aseguran que el libelo se resguarda al respecto, al no pedir una revisión del fallo.

El texto -que fue coordinado por el abogado Luis Cuello- alude en extenso a la acusación constitucional que terminó con la destitución del ministro del máximo tribunal Hernán Cereceda, en 1992. El caso es clave para la oposición, considerando que fue aprobado por la Cámara en circunstancias que también apuntaba a notable abandono de deberes "sustantivos" y se trataba de una causa relacionada con DD.HH.

Además, porque se exponen intervenciones de senadores de la época, como Andrés Zaldívar y el hoy Presidente Sebastián Piñera, quien señaló que es deber del juez "proteger" los derechos de las personas.

Así, la acusación tiene como eje el "notable abandono de deberes" en que habrían incurrido los jueces al no aplicar los convenios internacionales que establecen requisitos especiales para otorgar beneficios a condenados por crímenes de lesa humanidad.

Durante este miércoles, en Palacio estaban sorprendidos con la idea planteada por el diputado Urrutia. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, tomó distancia, asegurando que "tenemos una sola visión y una profunda convicción respecto de la acusación: no corresponde".

La idea de Urrutia, en un inicio, encontró adeptos en RN, lo que fue resistido por su presidente, Mario Desbordes. En la UDI, en tanto, el jefe de bancada, Javier Macaya, manifestó que trabajan "para tener una misma postura".

Al respecto, Urrutia defendió su "independencia". "Si no nos ponemos de acuerdo, lo que corresponde es libertad de acción", sentenció.

La ceremonia de juramento de nuevos abogados fue el escenario elegido por el presidente (S) de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, para abordar la acusación.

"Ni el Presidente o el Congreso pueden, en caso alguno, revisar los fundamentos o el contenido (de las resoluciones judiciales)", dijo Muñoz, quien tras la ceremonia sostuvo un encuentro informal con el resto de los supremos. Más tarde volverían a reunirse, esta vez en un pleno extraordinario, donde volvieron a abordar la acusación.

En la Suprema admiten inquietud, porque si el proceso supera la cuestión previa, los ministros quedan suspendidos de sus actividades, lo que supondría un problema para el trabajo habitual de la corte.