El destino de las tres acusaciones constitucionales que llegaron al Senado desde el retorno de la democracia

Son 29 acusaciones constitucionales las que han llegado al hemiciclo de la Cámara Baja desde 1990, pero sólo cuatro superaron ese cuerpo para pasar al Senado. La última de ellas es la que este jueves fue aprobada por los diputados contra el exministro del Interior, Andrés Chadwick, que además constituirá en sí misma un hito: nunca en este período se había realizado el juicio político en la instancia superior sobre un funcionario que ya no ejerce su cargo, pese a que está expresamente contemplado como posibilidad.

Los tres casos previos varían en protagonistas, causas y resultados. La primera presentó una resolución mixta, con un juez destituido y otros acusados a los que no se aplicó el mismo castigo. Las dos últimas tuvieron como rostros a ministros de Educación, aunque de signos políticos opuestos.

La presentación era contra cuatro nombres: los jueces de la Corte Suprema Lionel Beraud, Hernán Cereceda y Germán Valenzuela Erazo, y el auditor general del Ejército, Fernando Torres Silva, acusados por abandono de deberes en el marco de causas de derechos humanos, en particular la desaparición del militante del MIR Alfonso Chanfreau.

En rigor, fue la segunda presentación de su tipo tras el retorno a la democracia: la primera había sido en 1991 contra el ministro de Transportes y Telecomunicaciones de Patricio Aylwin, Germán Correa, quien fue acusado en mayo de ese año por diez diputados de RN de facilitar la existencia de radioemisoras ilegales, denominadas "populares", en momentos en que la tensión política era alta luego del asesinato del senador UDI Jaime Guzmán.

Pero el libelo contra los jueces y Torres Silva fue el primero que consiguió avanzar al Senado. En ese momento, la Concertación no tenía mayoría, en un modelo que consideraba la existencia de senadores designados. Por eso, quizás, el resultado fue especialmente sorpresivo.

Si bien en el caso de Beraud, Valenzuela y Torres Silva no se aprobó la acusación, Cereceda fue destituido, entre otros puntos por denuncias de corrupción que se plantearon durante la tramitación de la causa en el Congreso.

Para conseguir la mayoría, fueron claves los votos de dos senadores de Renovación Nacional: Ignacio Pérez Walker y el hoy Presidente Sebastián Piñera.

Pasaron dieciséis años hasta que otra causa llegara al Senado. Sería entonces una presentación contra la ministra de Educación de Michelle Bachelet, Yasna Provoste, a quien se acusaba de su responsabilidad en el denominado "caso subvenciones", una investigación de la Contraloría sobre el uso de esos fondos.

En su caso, la destitución se convertiría en un signo del cambio de una era política. Dos de los votos cruciales serían de senadores que formaban inicialmente parte de la coalición de gobierno y luego se separaron: Adolfo Zaldívar y Fernando Flores. El otro vendría de parte de un legislador independiente, el magallánico Carlos Bianchi.

En un giro paradójico, Provoste será una de las senadoras que deberá decidir en los próximos días la suerte de Chadwick.

Cinco años después, el esquema se invertiría. Harald Beyer, en ese momento el tercer ministro de Educación que Sebastián Piñera había designado durante su mandato, enfrentó a un Senado en que la pelea se dio voto a voto y con tensión hasta último momento. La acusación, en su caso, apuntaba a un supuesto incumplimiento de su deber en lo relacionado a fiscalizar el lucro en las universidades.

En este caso, la entonces oposición tenía mayoría exacta: 20 a 17, con Bianchi nuevamente como independiente. Pero uno de los legisladores, el DC Patricio Walker, optó por romper filas, y en una apasionada intervención anunció su voto rechazando la acusación contra Beyer.

Con el conteo de 19 versus 18 votos, Bianchi terminó siendo el voto decisivo. Pidió intervenir al final de la lista -que estaba ordenada de forma alfabética-, propuso que Beyer renunciara para evitar su destitución y la sanción de cinco años sin ejercer cargos públicos y, a último momento, pidió una suspensión temporal de la sesión para que las colectividades pudieran llegar a un acuerdo.

Sin embargo, luego de que todas estas instancias fracasaran, el senador por Magallanes anunció su voto de respaldo a la acusación, con lo que Beyer fue destituido.