Una fuerte agresión sufrió la tarde de este miércoles el presidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, por un grupo de manifestantes que se apostó en las afueras del tribunal, tras una jornada de audiencias públicas por el requerimiento presentado por senadores de RN y la UDI en contra de las nuevas exigencias que condenados por crímenes de lesa humanidad deberán cumplir para acceder al beneficio de libertad condicional.

Al momento de abandonar el lugar, el abogado fue agredido con golpes de puños y pies, lo que incluso hizo que cayera al suelo y debiera ser protegido por Fuerzas Especiales de Carabineros.

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Durante la jornada estaba programada la exposición de agrupaciones de derechos humanos -quienes defenderían las nuevas exigencias aprobadas en el Congreso- y abogados de exuniformados que cumplen condena en Punta de Peuco, quienes acusan que los cambios representan una vulneración a la libertad de conciencia y a la igualdad ante la ley consagrada en la Constitución.

De hecho, los legisladores de la UDI y RN buscan dejar sin efecto el artículo 3° bis de la ley, que establece que para que los condenados por delitos de DD.HH. puedan optar a ese beneficio, deben haber cumplido, al menos, dos tercios de su pena, además de haber colaborado sustancialmente con la indagatoria y manifestar "arrepentimiento" por sus crímenes.

Esta noche, La Moneda deploró el ataque contra Aróstica y anunció que pedirá una investigación al respecto.

"Absolutamente repudiable e inaceptable la agresión al presidente del Tribunal Constitucional Iván Aróstica. La violencia nunca tiene justificación y no es compatible con la democracia. Como gobierno pediremos a la justicia sancionar estas cobardes agresiones", dijo el ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel.

Pese a que el gobierno optó por no hacerse parte del proceso ante el TC, el martes envió al tribunal un escrito de 47 páginas con sus observaciones.

En el texto, firmado por el Presidente Sebastián Piñera y por los ministros Hernán Larraín y Gonzalo Blumel, se advierte que las exigencias establecidas en la normativa se apartan del Derecho Internacional en materia de DD.HH. y podrían atentar contra el principio de "autoincriminación" y "libertad de conciencia" consagrados en la Constitución.