Al menos tres nudos legislativos dificultan la culminación de la agenda de seguridad

A pesar de que la última semana legislativa del año, La Moneda y el Congreso lograron completar 22 iniciativas de la agenda de seguridad, con el despacho a ley de la reforma que crea la Fiscalía Supraterritorial, el tramo que queda comienza a ponerse cuesta arriba.

Si bien en el Senado y en la Cámara no descartan sesionar días adicionales durante enero, en ambas ramas del Congreso y también en el gobierno ya dan por hecho que será imposible completar las 31 iniciativas incluidas en la agenda de seguridad antes del receso legislativo de febrero.

Este paquete de proyectos surgió de un acuerdo, firmado en abril de este año, entre la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), y el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), quien se propuso, como sello de su gestión, avanzar con una batería de proyectos para enfrentar los problemas de inseguridad ciudadana.

En base a una proyección realista, podrían sumarse otras tres o cuatro leyes más en enero. Uno de los temas emblemáticos que podría ver la luz en este período es la reforma que endurece medidas contra reincidentes.

No obstante, en el Ejecutivo y en la oposición admiten que hay al menos tres nudos que serán difíciles de desatar: 1) la reforma que crea el nuevo Ministerio de Seguridad, 2) la reforma de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), y 3) las modificaciones al Sistema de Inteligencia.

Adicionalmente hay otras dos iniciativas que también tienen su grado de complejidad y aún generan diferencias, pero tienen un mejor pronóstico: la norma sobre el Subsistema de Inteligencia Financiera (que incluye el levantamiento del secreto bancario) y la creación de la Defensoría de la Víctimas.

En el caso del nuevo ministerio y también en el de la Defensoría su complejidad radica en poner en marcha nuevas instituciones. Ello implica resolver desacuerdos en un plano más técnico, jurídico y financiero.

Por ejemplo, todavía es tema de debate en el Congreso, quién será la autoridad regional que asumirá las facultades ministeriales en materia de seguridad. Al menos el proyecto que emanó del Senado le da ese poder a la nueva figura del “comisionado”.

“En el Ministerio de Seguridad, las complicaciones tienen que ver con el punto de vista técnico. Ahí tenemos diferencias en la creación de algunas figuras”, explica el diputado Andrés Longton (RN), presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara.

En tanto, el diputado y presidente de la Comisión de Constitución, Raúl Leiva (PS), explica que, con las últimas indicaciones del Ejecutivo, el proyecto de Defensoría de la Víctimas crea un nuevo servicio, a diferencia de la propuesta original del gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Si bien no ve controversias de fondo, vaticina que la ley recién podría estar despachada en marzo.

No obstante, respecto de las RUF y el Sistema de Inteligencia las trabas pasan por discordias de índole más ideológico. Incluso, hay temas donde hay cuatro posturas frente al tema: por un lado, la derecha; por otro, los grupos no alineados como la DC y Demócratas; por el otro el Socialismo Democrático y, por otro, la izquierda representada por el Frente Amplio y el PC.

“El proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) es el más complejo, porque tenemos una diferencia ideológica con el gobierno. Por eso le quitaron la urgencia. No iba a tener los votos”, comenta Longton (RN), en cuyo sector prefieren rechazar esta iniciativa surgida de un mensaje del Presidente Gabriel Boric.

A juicio de la derecha, el planteamiento presidencial limitaría el estatuto de protección policial para el uso de armamento que se creó con la Ley Nain-Retamal, llamada así en homenaje a dos mártires de Carabineros.

Una señal del estancamiento es que las Comisiones Unidas de Seguridad y Constitución, que están mandatadas para discutir este proyecto, no sesionan desde septiembre.

El diputado Leiva (PS), quien dirige este grupo conjunto, dice que en enero esperan recibir una propuesta del Ejecutivo para intentar destrabar la discusión. A su juicio será clave diferenciar el uso de la fuerza en manifestaciones y en la persecución del delito. “Esta iniciativa fue aprobada en general, pero en su discusión en particular hubo profundas diferencias. Por ello, fue más prudente de parte del Ejecutivo desarrollar un trabajo prelegislativo. En enero se ingresan las indicaciones, no sé si para zanjar, pero sí para atenuar las diferencias”, señala.

El Sistema de Inteligencia tampoco ha tenido movimientos en la Cámara, a pesar de que ya venía con un acuerdo entre oficialismo y oposición alcanzado en el Senado. La última vez que la Comisión de Defensa intentó avanzar en la iniciativa fue el 12 de septiembre, pero ese día no llegaron ni siquiera los invitados.

Según explica el presidente de esa comisión, el diputado Francisco Undurraga (Evópoli), aún están a la espera de un paquete de indicaciones que enviará el Ejecutivo, donde aparentemente la traba estaría en las distintas miradas que tiene el oficialismo para abordar la política de inteligencia.

El caso de la norma de inteligencia financiera, es levemente distinto y tiene un mejor pronóstico. Este proyecto es demandado especialmente por el gobierno para perseguir la ruta del dinero del crimen organizado, donde el principal punto en discordia era el levantamiento del secreto bancario.

En la oposición había desconfianza en abrir la puerta a acciones que escaparan a la persecución delictual, dado que se otorgan más atribuciones a la Unidad de Análisis Financiero, servicio descentralizado que se relaciona con el Ministerio de Hacienda. De hecho, el gobierno tiene en sus planes también liberar el secreto bancario para combatir la evasión y la elusión tributaria como parte de la agenda de probidad.

No obstante, estos resquemores se han ido despejando y el Ejecutivo no tiene intenciones por el momento de mezclar la eventual propuesta tributaria con esta otra iniciativa diseñada contra el crimen organizado.

En una señal de confianza, la sala del Senado aprobó el miércoles pasado en forma unánime la idea de legislar del nuevo Subsistema de Inteligencia Financiera y dio plazo hasta el 11 de enero para presentar indicaciones. Para esa fecha, el gobierno debe llegar con una propuesta que subsane los reparos técnicos y despeje definitivamente los temores que había en la oposición.

Incluso, el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Felipe Kast (Evópoli) se declara optimista de que podrán sacar esta iniciativa en el corto plazo. “El Ejecutivo se comprometió a traer las indicaciones que hemos pedido y han pedido los expertos hace mucho rato, veo la mejor disposición para avanzar”, dice Kast, quien añade que para él la “prioridad” del período debiera ser la Ley de Reincidencia, al tiempo que destaca que la Ley Antiterrorista -que no está en la lista de 31 iniciativas- también está avanzando con bastante consenso.