Alcaldes bajo tensión: Los requerimientos de destitución que enfrentan jefes comunales de cuatro municipios emblemáticos

Cuatro alcaldes de municipios emblemáticos del país han enfrentado durante el último año procesos que han puesto en riesgo su continuidad en el cargo o, derechamente, los han mantenido fuera del puesto durante algún tiempo.

Es el caso de Karen Rojo (Antofagasta) -quien resultó suspendida de sus funciones-, Gerardo Espíndola (Arica), Virginia Reginato (Viña del Mar) y Jorge Sharp (Valparaíso), cuyos concejales han llevado requerimientos en su contra al Tribunal Electoral que están siendo revisados en la actualidad.

Ayer, tres concejales de Arica -Carlos Ojeda (PH) y Paul Carvajal (PH); junto Patricio Galvez (Ind)- arremetieron contra el alcalde de la comuna, Gerardo Espíndola (PL), presentando ante el Tribunal Electoral un requerimiento de destitución por notable abandono de deberes y por un comportamiento en contra de la probidad.

El texto constata, entre otros temas, una transgresión de criterios legales para gastos de financiamiento de los fondos de Subvención Escolar Preferencial (SEP) y Fondos de Apoyo a la Educación Pública (FAEP). “Principalmente en el área de Educación, (hay) un análisis presupuestario que no es razonable, que no se ajusta a las instrucciones de cálculo presupuestario y que arrojan un faltante de caja y problemas en términos contables que alcanzan los 8.700 millones de pesos”, explicó el abogado Hernán Anabalón.

Otros capítulos que dan cuenta de “irregularidades con empresas que prestaron servicios para mantención de áreas verdes”; un “juicio de cuentas que actualmente se persigue en contra del alcalde” y “respecto a riesgo en la falta de servicios a la comunidad”. Este último punto basado en un corte de servicio telefónico y de internet que afectó al municipio y todos sus funcionarios, ocasión en que “se descubrió que hay una deuda por aproximadamente 900 millones de pesos”.

Desde el municipio explicaron ayer que estaban a la espera de la notificación.

Consultado por el requerimiento de los concejales, el alcalde señaló a este medio: “No sé en qué etapa está este proceso. Desde la tercera semana que estaba en la municipalidad se hablaba de acusación de notable abandono de deberes, siempre con el ánimo de sacarme por secretaría, no me extrañaba. En enero de este año también lo anunciaron. Se demoraron 11 meses después del gran anuncio o amenaza. Previo a que surgiera el Frente Amplio fuimos con un pacto electoral. No entendieron que no era un pacto de gobierno. No cedí con entregar cargos estratégicos y eso fue generando los quiebres. Luego, vino un quiebre nacional en el mismo Frente Amplio. Esto es algo permanente, existe una banalización de los procesos institucionales por parte de los concejales. Estoy muy tranquilo. Estoy con licencia médica. Se aprovechó que estaba fuera de la ciudad haciéndome exámenes. Mi foco ahora está en mi salud”.

Días antes, el 5 de noviembre, seis concejales de la comuna de Valparaíso -que van desde la Democracia Cristiana hasta la UDI- llegaron hasta el Tribunal Regional Electoral (TER) para presentar 17 cargos por notable abandono de deberes contra el alcalde de la comuna, Jorge Sharp (independiente y ex Frente Amplio).

Ruth Cáceres (RN), Carlos Bannen (UDI), Marcelo Barraza (DC), Eugenio Trincado (DC), Daniel Morales (IND) y Luis Soto (UDI) redactaron un escrito de más de 100 páginas en que se detallan los cargos en contra de la gestión de Sharp. En este documento mencionan irregularidades e ilegalidades en “contratos a funcionarios, contratos de arriendo y concursos públicos, el escándalo de acoso que involucra a algunos de sus asesores y la salida del exadministrador municipal, Claudio Opazo, quien renunció al cargo poco antes de que los concejales votaran su destitución debido las acusaciones de acoso y maltrato laboral en su contra”.

Además se le cuestiona por la contratación de Santiago Aguilar, promotor del festival “Mil Tambores” como asesor y por sobrepasar el 42% por ciento de las contrataciones; por “presuntas irregularidades en contratos de arriendo; incumplimiento sobre auditorías en demoliciones y falta de fiscalización; omisión de deberes en la fiscalización del comercio ambulante; incumplimiento en la normativa sobre perros vagos; sumarios sin instruir; el llamado a concurso público de los directores de liceos de la Cormuval e incumplimiento de fallos”, entre otros.

Al ser consultado por esta iniciativa en su contra, el jefe comunal de Valparaíso calificó a los ediles que impulsaron esta denuncia como “concejales del Rechazo”. “No me sorprende, es una decisión y una acción que vienen buscando desde el 6 de octubre del 2016”, expresó Sharp, aludiendo a la fecha en que fue electo, y agregó que “los concejales que presentan esta acusación representan el Rechazo, son los concejales del Rechazo (...) aquellos que se han opuesto en distintos momentos y ocasiones a nuestra gestión”.

Desde el pasado 27 de julio Karen Rojo (Ind), se encuentra suspendida del cargo de alcaldesa de la comuna de Antofagasta por la investigación judicial en su contra por fraude al fisco y negociación incompatible, en el marco del denominado Caso Main.

Los hechos se remontan a 2015 cuando Rojo contrató los servicios de la empresa Main -con cargo a la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) de Antofagasta y la Corporación Cultural de la ciudad- que, según la Fiscalía, tuvieron como objetivo mejorar la posición de Rojo de cara a la elección de 2016 y no prestar servicios al municipio.

Así lo confirmó uno de los socios de Main, José Miguel Izquierdo -según publicó El Mercurio de Antofagasta- quien reconoció que los casi $ 27 millones que le fueron pagados con fondos públicos, eran para costear una asesoría personal a la en ese entonces alcaldesa que buscaba salir reelecta en 2016.

Sin embargo, desde la defensa de Rojo niegan esta versión. Según consignó La Tercera en agosto de este año, el abogado Jorge Bofill, sostuvo que Main realizó trabajos para la municipalidad y que estos fueron acreditados. “Karen Rojo siempre ha pagado personalmente las asesorías que se relacionan a su carrera política, y el caso de la reelección de 2016 no fue la excepción. Para las elecciones de 2016 Karen Rojo contrató a Cadem y a Carlos Correa Bau como jefe de campaña. Con José Miguel Izquierdo hubo una conversación preliminar, pero no fue contratado para asesorar a Karen Rojo, sino para prestar servicios a la CMDS y la Corporación Cultural”.

En paralelo a la arista penal, Rojo enfrenta también una demanda civil que presentó el Consejo de Defensa del Estado (CDE), por el eventual daño patrimonial causado al Fisco. Según el organismo, se usaron “aportes o subvenciones estatales para asesorías políticas y comunicacionales de la exalcaldesa, entre 2015 y 2016″. Además, el CDE se adhirió a la acusación de la fiscalía.

En agosto pasado, Ignacio Pozo (PR), quien se desempeñaba como concejal de Antofagasta, asumió como alcalde interino de la comuna, tras la suspensión de la jefa comunal.

La investigación contra Rojo había tenido su inicio, precisamente, en la acusación de un grupo de concejales opositores -incluyendo a Pozo- por los hechos ya relatados.

Pese a que se esperaba que el Tribunal Electoral de Valparaíso emitiera en octubre un fallo respecto a la denuncia por notable abandono de deberes presentada por cuatro concejales de oposición en marzo de 2019 contra la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato (UDI); el organismo pidió nuevos antecedentes al municipio, la Contraloría, el Ministerio Público y a los juzgados de garantía, dilatándose así la decisión sobre el futuro de la jefa comunal.

Según consignó La Tercera, la acusación contra Reginato, de los ediles Laura Giannici (DC), Sandro Puebla (independiente pro PS), Víctor Andaur (PC) y Marcela Varas (PPD), apunta a supuestas irregularidad que habrían perjudicado el patrimonio de la ciudad y la prestación de servicios municipales.

Las 32 anomalías detectadas por la Contraloría entre el 2010 y 2018 fueron agrupadas en cuatro grandes acusaciones. En primer lugar, a la alcaldesa se le acusa de mantener al municipio en permanente estado de déficit. Luego, de supuestamente haber mentido y ocultado la situación financiera de la casa consistorial, “llegando incluso a la alteración de estados contables”, señala el escrito. Este cargo en particular “incluso puede ser constitutivo de responsabilidad penal y civil”, afirmó Andrés Silva, abogado Patrocinante y autor de la acusación.

Los otros dos cargos que se le imputan a Reginato refieren a consentir el actuar irregular de subalternos y terceros ajenos a la municipalidad, a través del pago de horas extra, la falta de fiscalización de contratos e irregularidades al interior de la Dirección de Obras, entre otras. Finalmente, se le acusa de “dejar de ejercer atribuciones y entregárselas a su jefa de gabinete, María Angélica Maldonado, quien por ley no responde de sus actuaciones o decisiones”, indica Silva, pues no tiene responsabilidad administrativa.

En paralelo, los concejales también presentaron 74 documentos para acreditar la acusación. Entre ellos se encuentra el último informe de la Contraloría -que da cuenta de un déficit de $17.585.250.174 al 31 de diciembre de 2017-, documentación del departamento de control interno del municipio y las cuentas públicas de la alcaldesa.

En enero de este año Reginato fue citada a declarar por el Tribunal Electoral. Allí respondió más de 50 preguntas de los denunciantes con respecto a el déficit financiero del municipio, también sobre las funciones de su jefa de gabinete y su implicancia en la irregularidad en el pago de horas extras a funcionarios municipales. Los concejales que presentaron la denuncia en su contra esperan que el fallo del organismo se conozca en enero de 2021.