“Alerta ciudadana”: consejeros oficialistas redactan documento con 27 puntos de la propuesta constitucional que califican como “peligrosos”

Luego de haber manifestado esta semana públicamente su postura por el “En contra” para el plebiscito de diciembre -en que los electores determinarán si aprueban o rechazan el texto de nueva Constitución-, los consejeros oficialistas dieron a conocer un documento en el que detallan 27 puntos de la propuesta constitucional que califican como “peligrosos”.

El detalle de estos temas fue plasmado en un texto denominado “Alerta ciudadana”, redactado en base a cuatro categorías.

La primera de ellas, denominada, “Constitución con derechos solo en el papel”, aborda materias como las isapres, las AFP, y derechos como el agua y la vivienda.

En detalle, sobre la previsión de salud aseguran que “se perpetúa un modelo o segregado en materia de salud que genera un salvataje a las isapres”. Agregan que implica “la imposibilidad de crear un sistema integrado con criterios de equidad y solidaridad, y el desfinanciamiento de la salud pública”. Por lo mismo, concluyen que “el acceso a la salud seguirá condicionando al tamaño del bolsillo de las familias en desmedro de las personas que tienen mayores necesidades sanitarias”.

El sector también critica que, desde su punto de vista, se constitucionaliza a las AFP. “No se establecen las bases de un sistema de seguridad social que ofrezca mejores pensiones. Se constitucionaliza la capitalización individual (sistema AFP)”, se lee en el documento.

Como tercer punto, los consejeros señalan que se establece una “educación de mercado”. El bloque oficialista argumenta que con el texto redactado por el Consejo “se perpetúa la desigualdad en el sistema educativo, profundizando la crisis de financiamiento, a través del fallido sistema “voucher” (asignación por estudiante según asistencia), e impide el desarrollo de proyectos educativos de calidad para todas las y los estudiantes, independiente de su origen socioeconómico”.

En el escrito plasman también que, a su entender, se privatizaría el derecho al agua, “incluso yendo más allá que la Constitución vigente al agregar la facultad de ‘disponer, transmitir o transferir’ las concesiones” y que la vivienda será “para unos pocos”. “Según datos de la Casen 2022, se necesitan más de un millón de viviendas en Chile para abordar el déficit habitacional, omitiendo ello, se propone un derecho acotado, que no considera estándares básicos (como la habitabilidad) y no contempla mecanismos efectivos para frenar la especulación y el alza de precios que afectan hoy a las familias chilenas”, aseguran los consejeros.

En este ítem estipulan también que “una de las principales demandas de una nueva Constitución era consagrar derechos sociales efectivos, pero sólo quedaron palabras vacías”.

Bajo ese subtítulo, los consejeros oficialistas aseguran que la propuesta de nueva Carta Fundamental trae “peligros para la ley de aborto en tres causales”, argumentando que “se dejó la protección de quien está por nacer, de forma más conservadora que la Constitución del 80′. Además, pone en riesgo políticas públicas de salud, como la pastilla del día después”.

En esta materia, indican que hay “objeción de conciencia para saltarse la ley” al consagrar “como un derecho amplio lo que en el mundo es una excepción” y que “generará más trabas de las que ya existen para acceder al aborto en tres causales”.

Como tercer punto, aseguran que la propuesta de Constitución pone en riesgo la ley de responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones por la expresión en la que quedaron reguladas las pensiones. Esa fórmula, aseguran en el documento, puede dejar inconstitucional dicha ley.

En esta categoría apuntan también a una desprotección para las labores de cuidado y una “participación política debilitada”.

Los consejeros aseguran que el texto es una “Constitución de abusos y privilegios”. Dentro de las materias que se abordan en este punto indican que habrán “menos impuestos para los grandes empresarios” al establecer la exención de contribuciones para la primera vivienda, medida con la cual, acusa el oficialismo, “se constitucionaliza una reforma tributaria encubierta”.

Entre los puntos que resaltan en este apartado está lo que califican como “libertad para presos de Punta Peuco”. En la propuesta quedó establecida la posibilidad de que los reos que tengan alguna enfermedad terminal puedan cumplir la pena en sus casas, lo que el oficialismo califica como es un guiño a los exuniformados que están en ese penal.

Mencionan, además, la norma que califican de “turismo electoral”. Se trata del artículo que permite la reelección por un tercer periodo de los concejales y alcaldes en una comuna distinta a la zona en la que cumplieron sus dos periodos previos.

La cuarta categoría, bajo el título una “Constitución de la incertidumbre e inestabilidad”, acusa que la propuesta “bloquea las reformas”, argumentando que el quórum respectivo que quedó establecido es de 3/5 y en la Constitución vigente es de 4/7.

En esta misma categoría, acusan que se “mantiene la tercera cámara”, al mantener el control preventivo del Tribunal Constitucional (TC). Además, alegan que el texto “desfinancia a los municipios” con la norma de exención de contribuciones a la primera vivienda.

Apuntan también a que habrá una “descentralización de papel”, una “falsa promesa de seguridad” y un “aumento de la burocracia”.

Sobre los puntos que el oficialismo denominó como “peligros”, la consejera Nancy Márquez (CS) señaló a La Tercera, que la propuesta de texto “no garantiza certidumbre política, económica y social para el país y petrifica los modelos de negocios por sobre las necesidades de las personas”. “Consagra y asegura en primer lugar el negocio de las AFP y las isapres en pensiones y salud respectivamente”, agregó la consejera.

Por su parte, Julio Ñanco (RD), planteó que el texto constitucional “profundiza las desigualdades laborales y no garantiza equilibrio en las relaciones laborales. No garantiza la participación política de los pueblos indígenas, y no establece derechos sobre tierras, cultura o cosmovisión (...) Permite la propiedad privada de los derechos de agua, lo que va más allá de la Constitución vigente. Esto agrega la facultad de ‘disponer, transmitir o transferir’ las concesiones, aumentando el riesgo de inconstitucionalidad de reformas anteriores que regulaban el acceso al agua”.