Allamand y su dilema en la acusación contra Cubillos

"Es una decisión personal (...); hay un proceso de discernimiento que lo voy a hacer oportunamente", dijo este jueves el senador Andrés Allamand, dejando en suspenso la determinación de inhabilitarse o no en caso de que la Cámara Alta deba pronunciarse sobre la acusación constitucional que la oposición impulsa contra su esposa, la ministra de Educación, Marcela Cubillos.

El legislador de RN se amparaba en que ni en la Ley Orgánica del Congreso ni en el Reglamento del Senado existe alguna norma que lo obligue a invalidarse de votar un libelo acusatorio, incluso siendo el cónyuge de la autoridad acusada.

Entrevistado por Tele 13 Radio, Allamand recalcó que se trata de una disyuntiva que analizará en su momento, siempre y cuando la acusación contra la ministra sea aprobada en su paso por la Cámara de Diputados, en una votación que podría materializarse el próximo 3 de octubre.

"Esta es una situación que yo voy a revisar, precisamente si se produce la coyuntura de que, en definitiva, la acusación pase la valla de la Cámara", afirmó.

Pese a los plazos anunciados por Allamand, fuentes de gobierno aseguran que ya existe una definición tomada -y consensuada con el propio legislador- en orden a que en el escenario de que el Senado deba ejercer como juez en la acusación contra la titular del Mineduc, el parlamentario no se inhabilite.

Determinante a la hora de sopesar las distintas alternativas, comentan las mismas fuentes, es el adverso escenario que se configuraría en el Senado en caso de que el libelo sea aprobado por los diputados. Con todo, desde el Congreso se explicaba este jueves que un eventual voto menos en el oficialismo (donde hoy tienen 19 escaños versus 24 de oposición) no alteraría los quórum y, por tanto, tampoco los esfuerzos del gobierno por conseguir respaldos en la centroizquierda para evitar la destitución de Cubillos, la que requiere de la mayoría de los senadores en ejercicio.

Aunque ha asumido un rol activo en la defensa de su esposa al interior del gobierno y el oficialismo, y en reuniones del comité político de La Moneda ha instado al bloque a actuar con unidad ante la ofensiva opositora, el diseño del Ejecutivo es que Allamand solo anuncie su postura en caso de que la ministra no logre sortear con éxito la acusación en la Cámara.

La apuesta del Ejecutivo es defender el derecho de Allamand -consagrado en la Ley Orgánica del Congreso- de pronunciarse sobre una discusión exclusivamente jurídica, relevando, además, que más allá de ser un matrimonio, tanto el parlamentario como la titular de Educación tienen carreras independientes.

"Una cosa es un juicio político propio de los regímenes parlamentarios, donde lo que se evalúa es la gestión del ministro. Otra cosa es un juicio constitucional, donde no hay que evaluar la gestión, sino que si hay infracciones o no a la Constitución", comentó Allamand.

Según el Artículo 5°B de la Ley Orgánica del Congreso, si bien los parlamentarios no pueden "promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos o a sus cónyuges, ascendientes, descendientes o colaterales (...), no regirá este impedimento (...) en aquellas materias que importen el ejercicio de alguna de las atribuciones exclusivas de la respectiva Cámara", como es el caso de una acusación constitucional. Una disposición que es refrendada por el propio reglamento del Senado.

Sin embargo, pese a que las normas que regulan el Congreso validan la eventual decisión de Allamand de pronunciarse ante la acusación contra su esposa, la pertinencia política y ética de una decisión en este sentido abrió debate entre sus pares y en el mundo académico.

El director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, dijo a La Segunda que Allamand debiese inhabilitarse, ya que "hay un conflicto de interés más real que potencial", mientras que la abogada Sandra Ponce de León también afirmó que debe abstenerse porque, pese a que la ley Orgánica del Congreso le permite votar en este caso, debe primar "el deber de probidad que le impone la Constitución y que lo obliga a ser imparcial".

Desde la oposición, en tanto, subrayan que se trata de una decisión "personal" del senador. Al menos cuatro parlamentarios de ese bloque consultados por este medio declinaron referirse públicamente al caso. El presidente del Senado, Jaime Quintana, dijo que Allamand "tiene derecho a participar del debate y votar como jurado, salvo que él voluntariamente decida lo contrario". Mientras que el PS José Miguel Insulza advirtió que "la inhabilitación es tremendamente subjetiva", y Carlos Montes afirmó que Allamand "deberá tomar una decisión en conciencia".