Aprobación en general del aborto y rechazo a mayor parte del articulado de Derechos Fundamentales marcaron pleno de la Convención

Dos horas y media duró la votación en general del informe de la Comisión de Derechos Fundamentales (DD.FF.), en el que fue su debut ante el pleno de la Convención Constitucional.

“Es el corazón de la Convención, quizás. El centro de las luchas que se han dado”, afirmaba la co-coordinadora de la instancia Janis Meneses (Movimientos Sociales) al empezar la jornada, en referencia a que ésta regulará las temáticas más cercanas a las personas.

Sin embargo, ya en las primeras horas de la jornada se adelantó que la mayoría de sus artículos serían rechazados. Ello, pues desde distintos colectivos de izquierda anunciaron tempranamente que habían llegado a un acuerdo para rechazar gran parte del informe. En total, de los 50 artículos incluidos, se aprobaron 14. Entre estos, incluso, hubo normas que fueron aprobadas por menos de los votos de los que recibieron en la comisión respectiva. Fue el caso, por ejemplo, del artículo sobre el derecho a ser oído o a la defensa penal.

Según argumentaron desde los colectivos involucrados en el acuerdo -todos excepto la centroderecha-, el rechazo a estas iniciativas, en la mayoría de los casos, no respondió a problemas de fondo, sino a redacción y precisión. Javier Fuchslocher (Independientes No Neutrales), uno de los articuladores del entendimiento, justificó: “Buscamos que las mejores redacciones sean parte de la nueva Constitución, por lo que no es de extrañar que algunos de estos regresen a la comisión para contar con un espacio extra y así poder perfeccionarlos aún más”.

Gran parte de estas críticas apuntaban a la extensión y al “excesivo nivel de detalle” de muchos de los artículos contenidos en el informe. Al respecto, el co-coordinador César Valenzuela (Colectivo Socialista) señaló durante su intervención previa a las votaciones: “Las virtudes del texto propuesto no nos impiden ser conscientes de que un conjunto de normas son susceptibles de ser mejoradas, por lo que asumiremos con responsabilidad el mandato de recoger las observaciones que se formulen sobre ellas en este pleno”.

El acuerdo para rechazar la mayor parte del informe generó críticas en la derecha, quienes reclamaron que el regreso de los artículos a la comisión empeorará la falta de tiempo que tiene el proceso constituyente. En esta línea, la convencional Katerine Montealegre (Unidos por Chile) sostuvo: “Nos dicen que rechazar algunos artículos de este informe es ser responsable. Ojalá no hubieran tenido que esperar hasta hoy para serlo. Ojalá hubieran sido responsables en su trabajo desde el primer día”.

Una de las votaciones más esperadas durante la jornada fue la referida a los derechos sexuales y reproductivos. En concreto, el artículo -que logró ser aprobado por 109 votos a favor y 40 en contra (principalmente de colectivos de derecha) y cinco abstenciones (INN, el Colectivo del Apruebo, Chile Digno y RN-Evópoli-IND)- establece “el derecho de decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción”.

Además, la norma decreta que es deber del Estado garantizar el desarrollo personal sin discriminación, con perspectiva de género, además de permitir las condiciones “para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos”.

Junto a esta votación, el pleno visó el artículo que establece la educación sexual como un derecho fundamental, para así promover el “disfrute pleno y libre de la sexualidad”. Asimismo, pretende “erradicar los estereotipos de género y prevenir la violencia de género y sexual”.

Al respecto, la convencional Damaris Abarca (FA) señaló en su intervención: “Hemos zanjado demandas históricas, como la norma que consagra los derechos sexuales y reproductivos y la salud sexual integral. De manera que la juventud crezca con pleno conocimiento de las herramientas que tiene para su autocuidado y que garanticemos las prestaciones de salud sexual para mujeres, hombres y personas no binarias”.

Un resultado que llamó la atención debido a su amplio rechazo fue el artículo referido al derecho a la libertad de expresión, el cual fue votado en contra por 121 convencionales. Y es que desde que el artículo fue aprobado en la comisión, desde distintos sectores se mostraron críticos hacia algunos de los aspectos contenidos en la norma, como el negacionismo y la exclusión de las personas jurídicas.

El citado artículo establecía que “toda persona tiene derecho a la libertad de emitir opinión y de informar en cualquier forma y por cualquier medio, así como a disponer de información veraz, plural e imparcial, y fundar medios de comunicación”, junto con prohibir “la propaganda en favor de la guerra; el discurso xenófobo o apología de odio racial, religioso, sexual, de género o de cualquier otra índole, que constituya incitación a la violencia, la discriminación o la hostilidad, lo cual deberá ser regulado por la ley”. Además, entre otras cosas, consagraba que “estará prohibida por ley la negación o justificación de las violaciones graves, masivas y sistemáticas de los derechos humanos”.

Durante su intervención, Felipe Harboe (Colectivo del Apruebo) criticó la idea de instalar una declaración constitucional que use la expresión “o de cualquier otra índole”, en referencia a las propagandas que debiesen estar prohibidas por ser consideradas como discurso de odio. “Eso me parece muy riesgoso para la democracia y para la libertad”, agregó. Además, afirmó que no considera adecuado incorporar una norma sobre negacionismo en la Constitución.

Frente al amplio rechazo a esta norma, el convencional Manuel José Ossandón (RN-Evópoli-IND) señaló: “Estamos muy contentos de que se haya rechazado, porque consideramos que, al no contemplar a las personas jurídicas de forma expresa, quedaban en desprotección diarios, radios y muchos medios, lo cual nos parece gravísimo. Estamos confiados en que esto se podrá mejorar con un diálogo real”.

Otra norma que deberá volver a la comisión es la referida al debido proceso, la cual fue respaldada por 66 convencionales, rechazada por 55 y por la que 31 convencionales se abstuvieron. Según argumentó Pedro Muñoz (Colectivo Socialista), esta materia debiese ser abordada en la comisión sobre Sistemas de Justicia. Además, Harboe explicó que, debido al rechazo de indicaciones complementarias, el artículo contiene vacíos.

El mismo destino corrieron los artículos relativos al derecho de propiedad y expropiación (ver nota en Pulso).

En cuanto a los puntos que lograron aprobarse en general, el primer artículo del informe, referido al objeto y fin de los DD.FF., logró 106 votos a favor. En concreto, el texto establece que los DD.FF. son universales, inalienables, indivisibles e interdependientes entre sí, siendo deber del Estado y la sociedad cumplir con estos, puesto que su pleno desarrollo “es condición necesaria para asegurar la paz, la democracia, la vida digna y el pleno desarrollo de las personas y los pueblos”.

Junto con esto, se visó con 132 votos a favor el artículo que instaura el principio de progresividad y no regresión de los DD.FF. En el texto se establece que el Estado debe aportar las medidas necesarias para lograr su pleno desarrollo, mientras que ninguna medida podrá impedir su ejercicio.

Además, fue aprobado por unanimidad el artículo referido a la integridad de las personas, que establece que toda persona tenga derecho a la integridad física, psicosocial, sexual y afectiva. Otros de los artículos aprobados por amplia mayoría fueron el derecho a la vida, la prohibición a la desaparición no forzada, la imprescriptibilidad y prohibición de la amnistía.

Estos y los demás artículos aprobados serán votados en particular por el pleno el martes de la próxima semana.