La tarde de este martes la comisión de Defensa del Senado sesionó nuevamente para iniciar el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto para la protección de la infraestructura crítica del país.

En representación del Ejecutivo asistió la ministra de Defensa, Maya Fernández; el subsecretario de esa cartera, Ricardo Montero; su par de Interior, Luis Cordero y el asesor de la ministra del Interior, Rafael Collado.

En la discusión fueron tres los nudos que destacaron. Según indicó el subsecretario del Interior a La Tercera, estos puntos tienen como énfasis la “orientación de política pública, pero lo grueso y lo central, es la indicación presentada por el Ejecutivo, en esta parte, más bien respondió a las inquietudes que tenían los senadores sobre este proyecto”.

“Y lo que quedamos es, en esos más que tres nudos, tratar de resolver tres temas que son claves para la operación de infraestructura crítica”, acotó Cordero.

En esa dirección, precisó que “uno tiene que ver con no desnaturalizar infraestructura crítica en términos de que es una institución que permite la intervención excepcional de las Fuerzas Armadas”.

El segundo, “está asociado al hecho de que hay que evitar que infraestructura crítica se superponga a otras regulaciones donde hay participación de Fuerzas Armadas, o no se confunda, por ejemplo, con los temas de orden público, o no se confunda con los temas de desastres naturales, donde la legislación hoy día ya contempla la participación de Fuerzas Armadas”.

Y el último, es “evitar superposición de regulaciones respecto de sujetos obligados. O sea, actividades económicas que están calificadas como infraestructura crítica, habitualmente van a estar muy correlacionadas con servicios esenciales, y esas empresas, que pueden ser privadas o públicas, pero mayoritariamente son privadas, pueden terminar con superposiciones regulatorias que pueden terminar por afectar esa actividad”.

“Entonces son tres preocupaciones que vamos a ir resolviendo en la discusión”, aseguró el subsecretario.

Para destrabar aquellos nudos, dentro de la sesión se dio a conocer que se conformaría una mesa técnica para avanzar en la iniciativa. Al respecto Cordero señaló que “este es un proyecto que es prioritario del Ejecutivo. El Ejecutivo va a mantener la urgencia de este proyecto, y los senadores tienen bastante claridad y bastante voluntad de poder ir avanzando. Los temas que estemos de acuerdo, votarlos pronto, y en los temas donde hay diferencias de enfoque, poder ir buscando reacciones de consenso”.

Dicha mesa técnica tendrá como finalidad elaborar propuestas de consenso a la comisión, y desde el gobierno esperan que este espacio trabaje durante un mes.

Una vez terminada la exposición del Ejecutivo, los senadores hicieron consultas y comentarios al gobierno, las que el subsecretario Cordero fue respondiendo uno a uno.

En primer lugar, el senador Juan Luis Castro (PS) consultó cuál es la consideración del gobierno para aplicar la norma en establecimientos asistenciales.

Cordero, por su parte, respondió que “la esencialidad de la infraestructura que está dispersa en distintas reglas del derecho chileno tiene propósitos muy distintos y uno de los aspectos que el ejecutivo le interesa clarificar que en el proyecto es para cumplir el mandato del numeral 21 de la Constitución, es decir, la disposición de fuerzas armadas”.

Posteriormente, el presidente de la comisión, Pedro Araya (PPD), criticó que la propuesta del gobierno “es un modelo que es bastante engorroso. la propuesta nuestra es un sistema mucho menos burocrático, mucho más liviano”.

“Si se sigue la lógica del proyecto, no va a poder desplegar fuerzas armadas antes de tres años, y eso parece del todo absurdo”, acusó el senador.

Además, cuestionó que en la propuesta del gobierno se utilice un catálogo abierto respecto de qué se entiende por infraestructura crítica.

Cordero, sobre el punto, respondió que la dificultad de que se utilicen catálogos cerrados es que el listado “puede ser muy extenso o muy acotado”.

Por último, el senador Javier Macaya (UDI), hizo el punto respecto de “ciertas obligaciones que se le plantean a los privados que a mi juicio pueden parecer un poco desmedidas, en el entendido que es el Estado el que tiene el monopolio de la fuerza en una democracia y queremos que se mantenga así”.

“El ejecutivo está lejos de creer que las obligaciones que están señaladas para los sujetos que tienen la condición de infraestructura crítica sea una forma de autotutela, sino que esencialmente son los planes operativos para que el sistema de infraestructura crítica pudiera funcionar”, respondió Cordero.