Bancadas del Consejo comienzan a redactar sus indicaciones al anteproyecto de los expertos e inician negociaciones

En el primer piso de la Cámara en Santiago, pasado el mediodía de este martes, en una de las salas estuvieron reunidos los consejeros y asesores de la bancada de RN junto con las comisionadas designadas por ese partido: Katherine Martorell, Catalina Salem y Marcela Peredo. Adentro, con computador en mano, estaban discutiendo las enmiendas de la comisión de Principios.

Un episodio similar se repitió, en otra sala, durante la tarde. Los consejeros de RN junto con el comisionado Teodoro Ribera proyectaban un word en el que se marcaba en verde los elementos a incorporar y en rojo los incisos a eliminar.

Escenas como esa han sido la tónica de esta semana. El lunes, por ejemplo, los republicanos se juntaron pasadas las 13.30 para empezar a discutir, de forma más concreta, las posturas que tomarán en sus indicaciones. Lo mismo ha hecho la bancada de la UDI y las tres bancadas oficialistas.

En el horizonte todas las bancadas tienen el mismo objetivo: el 17 de julio vence el plazo para ingresar las enmiendas al anteproyecto de nueva Constitución que redactó la Comisión Experta. Esta será la única instancia oficial para presentar indicaciones, por lo tanto, el hito se transformará en un momento clave del Consejo Constitucional ya que en estas enmiendas aparecerán las primeras señales de hacia dónde se quiere modificar el texto que redactaron durante tres meses los comisionados.

Hasta el momento, el trabajo de las enmiendas está radicado en cada bancada. Fuentes de todos los partidos que tienen presencia en el Consejo confirman que, por ahora, no se han dado conversaciones formales entre las distintas colectividades para negociar sus indicaciones. Todo eso ocurrirá más adelante.

Por ejemplo, Chile Vamos pretende reunirse recién este domingo entre la UDI, RN y Evópoli para compartir el trabajo de sus indicaciones, mezclarlas y tomar postura sobre cuáles van a impulsar de manera unitaria. Luego de ese encuentro, la idea es empezar a entablar conversaciones con la bancada republicana.

Pese a que el asunto no está definido, los partidos de la derecha dicen que el objetivo es lograr un acuerdo en la mayor cantidad de enmiendas para así evitar las indicaciones repetidas y que el trabajo no se entrampe por falta de coordinación.

En ese sector ya se ha anunciado dónde harán sus modificaciones. Republicanos tiene interés en ver la manera de reducir los escaños de la Cámara o, en su defecto, ver qué tan probable es lograr que la izquierda acepte un redistritaje, pero manteniendo las mismas 155 bancas parlamentarias. También reforzarán la libertad de los padres de definir el proyecto educativo de sus hijos, harán ajustes en materia de libertad sindical para el sector público, tomarán definiciones respecto del rango constitucional de los tratados internacionales, ajustarán el diseño de la gobernanza judicial y repondrán el control preventivo sustantivo de la futura Corte Constitucional.

En el oficialismo el trabajo se está dando de manera transversal entre sus tres bancadas. Algunos consejeros afirman que les gustaría ir más rápido, pero que ha costado “agarrarle el ritmo” al análisis del anteproyecto. El sector está siendo asesorado -al igual que la derecha- por los comisionados que han tomado un rol activo en la redacción de las enmiendas.

En general, comentan en el sector, las indicaciones apuntarán a revivir gran parte de las enmiendas que fueron rechazadas en la Comisión Experta. Por lo mismo, los cambios recogerán, en parte, lo que ya se hizo en ese órgano. En el sector están alertas a las ideas que vaya a sacar el Partido Republicano, ya que, dicen, el peso de la prueba está en ellos, porque los 17 escaños de la izquierda, por sí solos, no logran aprobar ninguna indicación.

Pese a que saben que corren con desventaja, ya han definido algunas de sus principales banderas de lucha. Dentro de los puntos que las tres bancadas oficialistas van a defender destacan la paridad, el Estado social y la incorporación de los escaños indígenas. Además, consejeras oficialistas han puesto especial énfasis en el reconocimiento del derecho a los cuidados. La definición principal es “no aceptar ninguna enmienda que implique un retroceso en derechos”.

El delegado de la bancada de RD, Julio Ñanco, comenta que “el principio de paridad es fundamental, el mecanismo sobre cómo se implemente puede ser revisable y es parte del debate. Si bien quedó una norma transitoria, el principio de paridad es algo que se tiene que defender y entiendo que también hay sectores de la derecha que lo ven como algo positivo”.

Asimismo, indicó que otro componente relevante es que los escaños indígenas queden en el texto final, “porque actualmente se entrega a la ley, pero no queda en una condición imperativa, sino que facultativa, por lo tanto, queremos proponer ese cambio”.

En esa misma línea, el integrante de la bancada socialista Christian Suárez (Ind.-PS) sostuvo que van a defender al Estado social: “Tenemos que ver de qué manera transformamos una Constitución que abandona a la gente a una que la protege, eso es lo propio de un Estado social de derecho. En eso hay un acuerdo amplísimo de los partidos y espero que se mantenga”.

La delegada de la bancada de CS y PC, María Pardo, añadió que su sector pretende mantener el carácter vinculante que tiene al anteproyecto de los expertos. “Tenemos que terminar este proceso con una Constitución que sea mejor que la del 80, que tiene un vacío de origen y de legitimidad”, dijo. Además, sostuvo que hasta el momento han “estado dialogando de manera bastante razonable en las distintas comisiones y espacios de diálogo”.