Bellolio asegura que es una “habitualidad” solicitud de Hacienda a la Super de Pensiones para que envíe los RUT de las personas que retiraron el 10%
El ministro vocero de gobierno aseguró que la Ley 20.403, que faculta a realizar dicha petición, obliga a los funcionarios públicos a "guardar absoluta reserva y secreto de la información".
Siguen las repercusiones políticas a raíz de la solicitud que el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, hizo a la Super de Pensiones para que le envíe la identificación, incluido el número de cédula de identidad, de las personas que retiraron el 10% de sus fondos de pensiones.
A través de un oficio enviado a Osvaldo Macías, a cargo de la Super de Pensiones, el jefe de las arcas fiscales pide, además, que se especifique el monto retirado por persona, y además un listado de quienes podrían solicitar el segundo retiro del 10%. Esto -según argumentó Briones en el escrito- “con el objeto de evaluar las implicancias que tendría la eventual aprobación del proyecto (del segundo retiro del 10%)”.
Consultado por este tema, el ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio, afirmó que dicha solicitud es una “habitualidad” y aseguró que la ley ordena la protección de los datos personales de las personas.
“El Ministerio de Hacienda ha hecho uso de la Ley 20.403 en su artículo 30, donde permite que la Dirección de Presupuesto, la Subsecretaría de Hacienda, la Subsecretaría de Servicios Sociales, de Evaluación Social y de Previsión Social, puedan requerir datos que están en el sistema de información de datos, y aquí estoy leyendo el artículo, previsionales. Pero también dice ese mismo artículo que los organismos públicos, como en este caso el Ministerio de Hacienda y su personal, es decir cualquier persona que acceda aquello, deberá guardar absoluta reserva y secreto de la información", explicó Bellolio.
“Y por tanto, si eso se incumple, no solo es una gravísima falta administrativa, sino que también puede ser perseguida penalmente”.
En ese sentido, el secretario de Estado señaló que “esto es algo que se hace de manera habitual por parte de la Dipres y las distintas subsecretarías para hacer buena política pública. Por ejemplo, para calcular cuántas personas van a poder acceder al IFE y cuánto costaría aquello, cuántas podrían acceder al bono de clase media, cuántas personas, si se aprueba el nuevo retiro, quedarán con 0 fondos y uno tiene que calcular cuánto significaría eso en el futuro para una pensión básica solidaria. Esa es la razón por la cual se ocupa esto”.
"Es una habitualidad que ocupan absolutamente todos los gobierno, pero tienen el deber y la obligación de la reserva y de mantener en la más estricta confidencialidad esos datos. Y si eso se vulnerará no solo es una grave falta administrativa, sino que podría ser perseguido penalmente”, insistió el vocero.
Ayer, La Tercera, dio cuenta de que desde Hacienda señalaron que de acuerdo a sus facultades "está permanentemente estudiando y proponiendo medidas que inciden en materias relacionadas con la política económica, social y financiera del Estado”.
Y que "dentro de sus facultades y en el contexto de la pandemia por COVID-19, esta Cartera de Estado solicitó información a la Superintendencia de Pensiones con fines netamente estadísticos, para monitorear y evaluar el impacto de las distintas medidas de apoyo económico que ha recibido la población. Información estadística de las medidas de apoyo del Gobierno constan en nuestro sitio web: https://reporte.hacienda.cl”.
DC pide sanción para Briones
La solicitud realizada por Briones generó molestia en redes sociales, así como también en diversos parlamentarios quienes exigieron explicaciones por la petición de información.
Es así como hoy un grupo de diputados de la DC concurrió al Consejo para la Transparencia para ingresar una denuncia por este caso. Escrito que fue presentado por el diputado Gabriel Silber.
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