Bermúdez pide al gobierno mayores atribuciones para la Contraloría

Hasta Teatinos 56 llegará hoy el Presidente Sebastián Piñera para participar del aniversario N°92 de la Contraloría.

Será en el marco de esa ceremonia, donde el contralor, Jorge Bermúdez, le entregará formalmente al Mandatario su propuesta para reformar el organismo, la que espera sea considerada en el proyecto de modernización que el Ejecutivo busca enviar al Congreso este año.

En el escrito de 20 páginas, al que accedió La Tercera, la Contraloría plantea la necesidad de reformar la ley que rige su funcionamiento en cuatro pilares: reforzar la autonomía en la toma de decisiones; fortalecer la probidad en la función pública; el respeto a los ciudadanos y al debido proceso y aumentar sus estándares de transparencia.

En ese sentido, se propone aumentar las atribuciones del organismo, por ejemplo, en la fiscalización de los municipios.

Asimismo, la propuesta advierte sobre la necesidad de que la Contraloría tenga plenas atribuciones para fiscalizar la rendición de los gastos reservados. "En caso que se decida que la Contraloría no pueda contar con antecedentes para realizar el examen de cuentas dado el carácter de reservado - como sucede actualmente- es preferible excluir a la Contraloría de este control aparente", se señala.

El texto, además, valora que el gobierno haya establecido en la nueva ley de transparencia, que está en trámite en el Congreso, el acceso de la Contraloría a las cuentas bancarias de las reparticiones públicas que fiscaliza. Aunque, advierte que "no obstante ello, es importante que las facultades fiscalizadoras se encuentren reconocidas en un mismo cuerpo legal. Por ello, la ley orgánica debe prever que todas las cuentas corrientes bancarias que mantengan los ministerios, instituciones fiscales, organismos autónomos, empresas del Estado y, en general, todos los servicios creados por ley quedarán sometidos a la fiscalización" del organismo. Además, se propone que la entidad tenga pleno acceso a bases de datos relativas al objeto de fiscalización de esas reparticiones.

Además. la Contraloría propone modificaciones con el fin de dotar de mayor independencia del poder político tanto al contralor como a la institución.

Así, se plantea que en la ley se establezca un estatuto especial que regule el actuar del contralor, además de introducir causales de inhabilidad para el cargo, que vayan más allá de las establecidas en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado.

Asimismo, la propuesta plantea regular causales de cesación del cargo y modificar los plazos que tiene el Presidente para nombrar al contralor, con el fin de evitar periodos de vacancia.

En otro punto, el texto apunta a establecer normas que regulen la "puerta giratoria" desde la Contraloría al mundo privado o público y viceversa. En ese sentido, se busca introducir una regulación post empleo para el cargo del contralor, fijando un plazo de seis meses tras la cesación, en el que no podrá prestar ningún tipo de servicio, ya sea de forma gratuita o remunerada, salvo actividades académicas reconocidas por el Estado.

La propuesta apunta a mejorar los estándares de transparencia estableciendo rendiciones periódicas al Congreso. En materia de administración interna, en tanto, Bermúdez propone la reducción de los cargos de confianza.

La propuesta de modificación de la Contraloría se da en momentos en que desde el Ejecutivo se estudia la posibilidad de transformar a la institución en un órgano colegiado, lo que aún no se ha zanjado en La Moneda e inquieta al organismo.

Si bien en Palacio aseguran que la propuesta del gobierno aún no está resuelta, sí han avanzado en lineamientos generales. Entre ellos, la necesidad de darle una mayor eficiencia al organismo, evitando plazos excesivos en la tramitación de sus actos.