Cámara abre investigación por denuncia de abuso sexual contra diputada Riquelme

Tras un sorteo realizado este lunes en la Cámara, el diputado Jorge Alessandri (UDI) fue seleccionado para oficiar como “fiscal” con el fin de investigar el caso de abuso sexual, denunciado por una asesora parlamentaria, en contra de la legisladora Marcela Riquelme (Frente Amplio).

Esta investigación, de carácter interno de esta rama del Congreso, es paralela al proceso disciplinario que inició la directiva del Frente Amplio que puso los antecedentes en manos del tribunal supremo de la colectividad.

Igualmente, la denuncia que fue acogida a tramitación por la Cámara, en virtud de un protocolo interno que existe desde 2018, es independiente de las acciones penales y laborales que podría hacer la denunciante ante tribunales de justicia o ante la Dirección del Trabajo.

El Protocolo de Prevención y Sanción del Acoso Sexual, que rige para diputados y para funcionarios y colaboradores de la corporación, establece que en el caso de que el denunciado o denunciada sea un parlamentario, el secretario general o el prosecretario de la Cámara, las indagaciones será dirigidas por “un diputado o diputada, elegido al azar, de distinto género, región y comité político que el denunciante o denunciado”.

Después del sorteo, Alessandri (UDI), quien debe recabar los antecedentes en forma reservada, tiene un plazo de 20 días hábiles para resolver. En su tarea será apoyado, en todo caso, por el prosecretario de la Cámara, Luis Rojas.

De acuerdo al reglamento de la corporación, si el equipo investigador llega a la convicción de la veracidad de la denuncia, puede recomendar una multa de hasta el 50% de la dieta parlamentaria ($ 3.674.491), sin perjuicio de que los hechos constitutivos de delito igualmente pueden ser derivados al Ministerio Público para su eventual persecución penal.

La normativa de la Cámara precisa que el diputado a cargo de la investigación debe presentar los antecedentes ante la Comisión de Régimen Interno, integrada por representantes de las principales bancadas, quienes serán los que decidirán si se aplican las sanciones o se exime al denunciado. Esta resolución es apelable a la Comisión de Ética de la Cámara, que está conformada por otro grupo de diputados.

No obstante, la investigación también puede concluir que la denuncia fue realizada con fines “maliciosos”, por lo que los denunciantes también pueden ser sancionados de acuerdo a las reglas contractuales y del código de ética parlamentaria.

De hecho, la última vez que se realizó una investigación de este tipo, en 2023, la denuncia fue desestimada. Se trataba de una exsecretaria que inició una presentación en contra del diputado Enrique Lee (independiente), luego de que fuera despedida.

Este protocolo se activó por primera vez a fines de 2019 e inicios de 2020, a partir de dos denuncias en contra del exdiputado Pedro Velásquez, las que tampoco fueron acogidas por falta de pruebas.

La denuncia contra Riquelme, diputada por el distrito 15 de la Región de O’Higgins, fue dada a conocer por el medio regional El Tipógrafo, el que relata que la denunciante habría recibido insinuaciones sexuales por parte de la diputada a través de WhatsApp, lo que la habría llevado a realizar la denuncia al interior el partido.

El pasado viernes, Riquelme señaló que fue notificada por el Tribunal Regional O’Higgins del partido Frente Amplio de la denuncia en su contra, pero prefirió guardar silencio. “Ante la gravedad del hecho que se me imputa, por respeto a mi familia, a quienes me rodean y a la presunta víctima, he decidido guardar silencio, dejando en manos de los entes investigadores las diligencias pertinentes que permitirán demostrar mi inocencia y esclarecer la verdad de los hechos”, dijo.

Por su parte, tras la presentación, el tribunal supremo del Frente Amplio decretó la medida cautelar de suspensión de militancia.