Cámara despacha ley sobre libertad condicional y Justicia no descarta veto

Por 72 votos a favor y 63 en contra -todos de Chile Vamos-, la Cámara de Diputados despachó la ley que modifica el decreto que regula el otorgamiento del beneficio de libertad condicional y crea un nuevo régimen tanto para los delitos comunes como para los de lesa humanidad.

El proyecto se reactivó -luego de estar sin movimiento desde 2016- en septiembre pasado, justamente tras la decisión de la Corte Suprema de otorgar la libertad condicional a seis exuniformados que cumplían condena en Punta Peuco, hecho que terminó con una inédita acusación constitucional en contra de tres ministros del máximo tribunal.

La iniciativa, que sorteó su último trámite en el Congreso, establece en concreto que para que condenados por delitos de lesa humanidad opten a la libertad condicional deberán haber cumplido, al menos, dos tercios de la pena, manifestar arrepentimiento por los crímenes cometidos y haber "colaborado sustancialmente" con la investigación. En el caso de los delitos comunes, en tanto, podrán postular habiendo cumplido la mitad de la pena y con los requisitos de "intachable conducta" y un informe que dé cuenta de que es consciente de la gravedad del mal causado.

El debate en la sala de la Cámara estuvo marcado por recriminaciones cruzadas entre Chile Vamos, sector que hizo reserva de constitucionalidad -en la voz del diputado Juan Antonio Coloma (UDI)- y reiteró su intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional, y la oposición, desde donde acusaron al oficialismo de defender a los "genocidas".

El presidente de RN, Mario Desbordes, pese a valorar el régimen de delitos comunes, aseguró que "el resto del proyecto contiene una serie de inconsistencias, incongruencias y una serie de elementos que son inconstitucionales que a nosotros nos hacen rechazar el proyecto y por los que eventualmente vamos a recurrir al TC si luego de los estudios que corresponda determinamos que son infracciones graves".

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, en tanto, sostuvo que las exigencias de "arrepentimiento" y "colaboración sustancial" que establece la nueva norma para los delitos de lesa humanidad son "exigencias que van más allá del derecho internacional de los DD.HH. que nosotros no compartimos". Y no descartó un eventual veto de La Moneda a la iniciativa despachada por el Congreso. "No hay sobre esa materia una decisión adoptada que yo pudiera informar", dijo.