Cámara vota reforma electoral con inédito y caótico pronóstico de votos: $30 mil millones en juego

Una de las jornadas de votación más extrañas y dispersas del último tiempo vivirá este lunes la Sala de la Cámara de Diputados, que está citada, a partir de las 17 horas, para despachar la reforma que extiende a dos días las próximas elecciones regionales y municipales.

Esta iniciativa incluye, además, un variopinto paquete de medidas electorales, que podrían complicar el desenlace de esta jornada legislativa.

Al menos la idea de realizar las elecciones en dos días -ante el riesgo de que colapsen las sedes de votación por el sufragio obligatorio- ya cuenta con un piso político para ser aprobado, a pesar de la resistencia de republicanos, socialcristianos y algunos independientes.

Sin embargo, la indicación del Ejecutivo que busca rebajar el financiamiento de campañas electorales, que entrega el Fisco a partidos y candidatos, provocará un inusual y caótico rebaraje de posturas políticas.

Esta enmienda, que reduce el reembolso fiscal por cada voto que obtienen postulantes y sus colectividades, no tendrá el tradicional alineamiento de fuerzas opositoras y gubernamentales. Esta materia divide por igual al oficialismo y a la derecha. Incluso, es probable que ciertos partidos o bancadas voten desordenadas.

Por lo pronto, las bancadas de RN, el PC y el PS afrontarán la votación divididas.

La DC acordó abstenerse, mientras que la UDI rechazará la proposición del gobierno, mientras que los liberales aún no fijan postura.

En tanto, el Frente Amplio, el Partido Republicano y los comités PPD-Independientes y Demócratas-Independientes, la aprobarán.

Los radicales posiblemente también apoyarían el planteamiento del Ejecutivo, al igual que otros independientes no alineados.

Es tan extraño el panorama que, al final, el recorte fiscal impulsado por el Ejecutivo terminará siendo apoyado por diputados que suelen actuar con rebeldía (como la bancada PPD-Independientes) o que tienen una mirada muy crítica de las políticas del Presidente Gabriel Boric (como los republicanos o los independientes Johannes Kaiser y Pamela Jiles).

Sin embargo, aun cuando el gobierno alcance la mayoría, es tan disperso el escenario que el resultado es incierto. Por tratarse de una Ley Orgánica Constitucional con quórum especial, la tarea se complica para La Moneda. No basta una mayoría simple y circunstancial de diputados presentes en la sala. Necesariamente la propuesta gubernamental requerirá el respaldo de 78 legisladores en la Cámara.

Las razones del Ejecutivo para impulsar una rebaja del financiamiento a las campañas se sustentan en la vigencia del sufragio obligatorio, que además tendrá una multa de hasta $200 mil a quienes no voten.

Dado que se prevé que habrá una mayor concurrencia a las urnas, ello impactará directamente en las arcas fiscales, pues actualmente los partidos y los candidatos reciben un aporte fiscal por cada voto obtenido. Por lo tanto, si aumentan los votantes, inevitablemente también el Estado -a través del Servicio Electoral- tendría que incurrir en un mayor desembolso de recursos, estimado en $30 mil millones adicionales.

El Ejecutivo propone que el reembolso fiscal a los candidatos sea rebajado de $1.500 a $970 por cada voto recibido, mientras que la devolución adicional, que se entrega a los partidos -que patrocinan a esos postulantes- baje de $560 a $370. La idea de La Moneda es que estos dineros fiscales se sigan entregando según gasto rendido.

Pese a los argumentos de responsabilidad y ahorro fiscal que ha esgrimido el gobierno, no todos en el oficialismo ni en la oposición están convencidos.

En la discusión que se dio en el Senado, la mayoría de los representantes del oficialismo, entre ellos la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, y su par del PPD, Jaime Quintana, además del senador PC, Daniel Núñez, votaron en contra de la propuesta gubernamental que buscaba reducir el gasto público. Algunos senadores UDI, como el presidente de la colectividad, Javier Macaya, y Juan Antonio Coloma se abstuvieron.

La propuesta de ahorro y responsabilidad fiscal que elaboró el Ejecutivo solo contó con el apoyo de tres senadores oficialistas: Esteban Velásquez (FREVS), Alejandra Sepúlveda (indep.) y Claudia Pascual (PC). Paradójicamente, el mayor respaldo al gobierno provino de senadores de oposición (entre ellos, el titular del Senado, José García, y el presidente de RN, Rodrigo Galilea) y de legisladores no alineados como la jefa de la bancada DC, Yasna Provoste, y la independiente Fabiola Campillai.

A pesar de que la indicación del gobierno logró una mayoría circunstancial de 25 votos a favor, versus 12 en contra y 6 abstenciones, no alcanzó el quórum necesario y el pretendido recorte fiscal se dio por rechazado.

En todo caso, si el gobierno logra reponer la medida en la Cámara, igualmente se requerirá que el Senado vote la materia por segunda vez. En este tercer trámite legislativo, en el gobierno confían en dar vuelta a algunos senadores del oficialismo.

El problema, no obstante, sigue siendo el quórum. De hecho, otra de las rarezas de la tramitación de esta reforma es que el Senado y la Cámara establecieron dos pisos distintos de aprobación.

Mientras la secretaría del Senado dispuso que el quórum fuera de cuatro séptimos, es decir 29 senadores, la secretaría de la Cámara determinó ceñirse a la mayoría simple de legisladores en ejercicio, en otras palabras, 78 diputados y no 89, como habría sido el umbral que fijó la otra rama del Congreso.

En caso que la norma en cuestión sea aprobada por la Cámara y rechazada por el Senado, el proyecto pasaría a una comisión mixta que prolongaría toda la tramitación de la reforma electoral. Ello provocaría una situación crítica para el Servicio Electoral, que había pedido que esta nueva ley estuviese publicada a fines de junio.

El problema no termina allí. Dado que se trata de una Ley Orgánica, el proyecto debe ser revisado de todos modos por el Tribunal Constitucional. Esta fase podría complicarse aún más si persiste la controversia entre ambas ramas del Congreso respecto del quórum.

La reforma que extiende a dos días las elecciones de octubre surgió a petición del Servel, que pronosticó un cuadro complejo con el estreno del sufragio obligatorio en este tipo de comicios generales. Antes solo había operado en elecciones y plebiscitos de los dos fallidos procesos constituyentes.

Sin embargo, a juicio del Servel, el voto obligatorio y la conjunción de cuatro elecciones (alcaldes, concejales, consejeros regionales y gobernadores), con papeletas extensas de varios candidatos, técnicamente hacía imposible que todos los electores sufragaran en un marco razonable de diez horas (un día de funcionamiento de mesas).

La reforma que se votará este lunes en la Cámara, además de la extensión de dos días y del recorte del financiamiento, establece multa entre $65 mil y $200 mil a quienes no sufraguen.

También el proyecto consagra medidas simples como el uso del lápiz de pasta azul y la obligación de instalar dos cámaras secretas por mesa. No obstante, también regula otros puntos más delicados como la obligación del candidato a detallar sus contratos y gastos antes de la elección para evitar el abultamiento de cobros una vez conocida la votación.

Todas estas medidas formaban parte de una propuesta técnica del Servel, salvo la medida que reduce el financiamiento electoral, que fue exigencia del Ministerio de Hacienda.