Grupo transversal de senadores ingresa reforma que busca crear registro de beneficiarios de fondos públicos

En el marco de la polémica generada por eventuales irregularidades en el traspaso de dineros estatales a fundaciones por más $ 14 mil millones en el país, un grupo transversal de senadores ingresó un proyecto de reforma constitucional que busca crear un registro de beneficiarios finales de fondos públicos, con el objetivo de que estos procesos se realicen con transparencia.

La iniciativa -impulsada por los senadores Rojo Edwards (Republicanos) y Francisco Chahuán (RN), y cuenta con el apoyo de sus pares Yasna Provoste (DC), Matías Walker (Demócratas) y Juan Luis Castro (PS)- busca que los receptores de dineros estatales sean de conocimiento público, con el fin de reducir los riesgos de corrupción.

El presidente de RN, Francisco Chahuán, indicó que con esta reforma “todos los chilenos podrán ser fiscalizadores de los recursos del Estado. Lo que buscamos es abrir todas las licitaciones públicas y entrega de recursos del Estado a fundaciones y ONGs”, destacó.

En esta misma línea, la jefa de bancada de los senadores DC, Yasna Provoste, señaló que “esta reforma constitucional apunta a dar una señal transversal de que los fondos públicos deben ser ejecutados con transparencia, por instituciones con trayectoria y que existan métodos concursales para asignar esos recursos”.

“Es fundamental que las entidades que reciben recursos públicos estén acreditadas e inscritas en un registro transparente y que exista la obligación de rendición de cuentas de estos fondos públicos”, destacó Provoste, quien agregó que en la Ley de Presupuesto 2024 propondrán más límites a las asignaciones directas.

Por su parte, el senador Matías Walker destacó que el registro dependerá del Servicio de Impuestos Internos, lo que “va a tener mucha importancia desde el punto de vista de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias”.

“Además, no solo nos permitirá fiscalizar de mejor manera a las fundaciones, corporaciones u ONGs que reciben recursos públicos, sino que también va a ser un mecanismo efectivo de combate al crimen organizado. Por lo tanto, también es un complemento a la ley que combate el crimen organizado o ley antinarcos que aprobamos recientemente en el Senado”, destacó.

En tanto, Rojo Edwards añadió que “queremos saber exactamente a dónde va a parar cada peso del Estado. Tiene que cambiar el paradigma, debemos avanzar hacia un Estado 100% transparente y se debe garantizar que cada chileno tenga un acceso fácil y gratuito a este registro que le permitirá saber a dónde se están asignando los recursos públicos”.

Según señalaron sus autores, el registro de beneficiarios finales de fondos públicos será público y tendrá carácter obligatorio para fundaciones, personas naturales, jurídicas y organizaciones no gubernamentales, que reciban fondos públicos, con fines específicos, por parte de diversas entidades del Estado, tales como servicios públicos, gobiernos regionales, empresas públicas, organismos autónomos y municipalidades, debiendo consignarse en el registro cuál es el destino y receptores finales de los fondos públicos asignados.

Agregan que los recursos necesarios para el buen funcionamiento del registro, que dependerá del Servicio de Impuestos Internos, deberán considerarse dentro de la ley de presupuestos de la Nación.

Así, de aprobarse la reforma, serán públicos los detalles de toda compensación económica, salarios, sueldos, asignaciones, beneficios, transferencias monetarias y financieras provenientes de fondos públicos, cualquiera sea su procedencia, a toda persona natural y jurídica, que tenga algún vínculo con organismos del Estado, las cuales deberán publicarse de manera obligatoria, una vez efectuadas.

El documento ingresado señala que “el acceso a este registro debe ser diseñado en formato comprensible, de fácil acceso y de libre costo, entregándose la información de manera que sea posible conocerla de manera desagregada”.