Caso Penta: defensa de Délano y Lavín desmiente a exfiscal Gajardo

Primero fue el turno del entonces fiscal Pablo Norambuena, y al día siguiente, el de su amigo y, en ese minuto, jefe en la fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo. Era la última semana en que ambos ahora exfiscales del caso Penta formaban parte del Ministerio Público y les quedaba una importante diligencia por concretar en la causa: prestar, ellos mismos, declaraciones en calidad de testigos respecto de la negociación por un posible procedimiento abreviado llevada adelante en 2015 con la defensa de los controladores del holding Carlos Albero Délano y Carlos Eugenio Lavín.

Así, Norambuena el miércoles 28 de marzo y Gajardo el jueves 29, se enfrentaron por última vez a quien fuera su superior por más de dos años: el fiscal regional Manuel Guerra, quien encabezó la diligencia.

Las declaraciones de los ex persecutores habían sido solicitadas por la defensa de Délano y Lavín, tras advertir que ambos fiscales habían incumplido un acuerdo sellado en 2015. Esa negociación había sido, según el abogado defensor Julián López, la razón por la cual sus clientes se allanaron a prestar declaración en la causa. Hoy la estrategia de López apunta a que se invaliden los testimonios entregados por ambos empresarios en enero de 2015, asegurando que estas fueron obtenidas en forma engañosa.

Según testigos, el desarrollo de la última diligencia de los fiscales Penta fue "como cualquier otra" y "sin tensión".

Sobre esa negociación con la defensa de los controladores de Penta, Gajardo se refirió públicamente en entrevista en Canal 13 el domingo pasado, incluyendo un punto que se estima medular en las actuales negociaciones: si para llegar a un acuerdo, los empresarios habían aceptado o no la imputación del delito de cohecho que se vincula a los pagos realizados al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner.

"Las conversaciones decían relación -partió respondiendo Gajardo frente a la pregunta de si era cierto que los empresarios estaban dispuestos a aceptar ese delito en 2015- del reconocimiento de los imputados del delito de cohecho que, teniendo la pena más baja, es el más grave. Ellos (Délano y Lavín) reconocían que se le pagaba a un subsecretario de Minería para que este hiciera cosas que tenían que ver con su rol como subsecretario", aseguró Gajardo.

Respecto a esa afirmación, el abogado López fue enfático en desmentirla: "Esa afirmación es falsa y tenemos cómo demostrarlo si resulta necesario, pero lo que es verdaderamente relevante, en este momento, es la posición institucional del Ministerio Público y no los comentarios televisivos de un exfiscal".

El abogado de Wagner, por su parte, Gonzalo Medina, quien se habría visto afectado directamente por la aceptación de ese delito por parte de los controladores del holding -dado que el Ministerio Público imputa al ex subsecretario la contraprestación del cohecho- refrendó los dichos de López, al señalar que él no tiene constancia de esa aseveración y que su representado nunca aceptó haber sido sobornado.

"Yo no tengo constancia de aquello", afirmó Medina. Y agregó: "Nosotros nunca, como defensa, hemos estado en ningún término de acuerdo con aceptar el cargo por cohecho".

En este escenario, fuentes involucradas en la causa explican que hoy las negociaciones entre el Ministerio Público y las distintas defensas están congeladas.

Mientras algunos testigos de la tratativas afirman que los procedimientos abreviados contra Délano, Lavín y Wagner estarían listos pero que todavía no es momento de proponerlos al tribunal -en virtud de la mediática partida de los fiscales Gajardo y Norambuena-, otros afirman que la causa ha sido tan dinámica que no existe confianza respecto a la firmeza de las negociaciones.

Así, tanto el exalcalde de Santiago, Pablo Zalaquett como el excandidato presidencial UDI, Laurence Golborne, se encuentran a la espera de que la fiscalía Oriente solicite una audiencia para ejecutar sus suspensiones condicionales de procedimiento.

Este jueves, en tanto, en la sesión del pleno del Tribunal Constitucional se llevarán a cabo los alegatos por el requerimiento de inaplicabilidad interpuesto por el ahora ex diputado UDI, Felipe de Mussy.

La defensa del otrora parlamentario reclamó ante el organismo que el Ministerio Público actuó al margen de la Constitución al recurrir a la Corte Suprema luego de que su desafuero fuera rechazado por la Corte de Apelaciones. Así, el Tribunal acogió a trámite el requerimiento y este jueves se enfrentarán la fiscalía y defensa del ex diputado.

Pese a que De Mussy hoy no es parlamentario y ya no posee fuero, mantuvo el requerimiento en el Tribunal, apuntando a que si el TC le da la razón, pueda ser sobreseído de la causa automáticamente.

"El objetivo de la alegación del día jueves es continuar estableciendo que no había mérito para formar causa en contra del señor Felipe de Mussy", explicó su abogado Alejandro Godoy.

Por la fiscalía alegará ante el TC Pablo Campos, jefe de la Unidad de Recursos Procesales de la Fiscalía Nacional. De Mussy, al igual que el resto de los formalizados en el caso Penta, ya fue objeto de acusación. En esta, se pidió ante el tribunal una pena de 541 días de presidio remitido, previo pago de $11 millones.