Caso Putre: qué es el Protocolo de Estambul y por qué fue mencionado durante la comisión investigadora de la Cámara

Una tensa situación se registró la jornada de hoy martes durante la última sesión de la comisión especial investigadora (CEI) de la Cámara de Diputados que indaga lo sucedido respecto a la muerte del exconscripto Franco Vargas en Putre.

Tras la presentación de la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, invitada a la sesión para referirse a la posiblidad de la elaboración de un programa especial de indemnización y acompañamiento a las víctimas, la diputada Claudia Mix (Frente Amplio) se refirió a la presentación, y abordó la sesión realizada la jornada de ayer lunes, la cual fue declarada secreta y en donde expuso el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera.

Junto con agradecer el espacio dado a la subsecretaria Quintanilla para su exposición, sostuvo que “creía que para cerrar este proceso, era importante abordar el ámbito desde la reparación”.

“Y ayer quedé más convencida después de escuchar al fiscal regional, donde además, por primera vez en lo que llevamos de la comisión, se refirió a los protocolos, particularmente al de Estambul. Y creo que eso nos abrió más aún la obligación, como legisladores, como políticos también y como representantes del Estado, hacernos cargo de la reparación y de las medidas que el Estado debe tomar”, sostuvo, siendo entonces interrumpida por el diputado Cristián Araya (Republicano), quien solicitó que no hiciera ninguna referencia a la sesión celebrada ayer ya que había tenido el carácter de secreta.

Ante esta interrupción, la diputada Mix respondió que este “era un convenio que se aplica a todos los presos”, y que no dijo nada que no fuera sobre su aplicación.

“Cuando hay víctimas que están al cuidado y al custodio del Estado, sean privados de libertad, sean niños en los centros de protección, y además los concriptos, finalmente están todos cuidados del Estado y se aplica el protocolo de Estambul”, afirmó. “Para ello no voy a dar más detalles de lo que nos informó el fiscal, solo que, a propósito, además de esa aplicación del protocolo, evidentemente el Estado tiene cosas que decir, y cosas a las que se tienen que comprometer”, continuó.

A las consultas a la subsecretaria de Derechos Humanos se sumó el diputado Matías Ramírez (PC) quien también planteó sus interrogantes mencionando la aplicación del protocolo de Estambul, y además el de Minnesota.

Tras sus intervenciones, el diputado Araya tomó la palabra, solicitando consultar al secretario de la comisión, “si es reglamentario, incluso legal, las menciones a lo tratado en sesión secreta”.

“Creo que es una situación que, al menos alarmante, se reiteró en varias ocasiones, a contenido de la sesión secreta”, advirtió sobre las intervenciones.

En respuesta, el secretario de la comisión, Alvaro Halabi, sostuvo que “la situación es compleja” ya que “habría que contejar efectivamente lo que habló” el fiscal regional la jornada del lunes durante la sesión secreta.

“Si bien es subjetivo determinar si lo que dijo era público o reservado, en definitva yo pienso que la diputada Mix no ha incurrido en ninguna anomalía al respecto”, afirmó.

En esta línea, conluyó que a su parecer la diputada Mix “no profundizó o no se refirió a aspectos fundamentales de lo que habló el señor fiscal, y actuó de buena fe, por cierto”.

Conocido como Manual para la investigación y documentación efectiva sobre tortura, castigo y otros tratamientos crueles, inhumanos o degradantes, el Protocolo de Estambul es el primer conjunto de normas internacionales para documentar la tortura y sus consecuencias.

Se convirtió en un documento oficial de la Organización de las Naciones Unidas en 1999, y su más reciente actualización fue en junio del 2022.

El objetivo del documento es servir como guía internacional para la evaluación de las personas que han sido torturadas, para así investigar casos de posible tortura y reportar los hallazgos a la justicia o a las agencias investigadoras.

Este protocolo fue elaborado por más de 75 expertos en leyes, salud y derechos humanos durante tres años, y estuvieron involucradas en su elaboración más de 40 organizaciones.