La comisión de Normas Transitorias de la Convención Constitucional votó este miércoles todos los cambios en los artículos que fueron rechazados, en particular, la semana pasada por el pleno. Esto, para hacer una nueva y última propuesta que tendrán que votar los convencionales en el pleno el próximo martes.

Así las cosas, en lo referente a la minería, todas las indicaciones fueron rechazadas o en su defecto retiradas, por lo que no llegarán nuevas propuestas sobre la materia al pleno. En lo que sí se aprobaron indicaciones, fue en aguas. Ahí obtuvo el visto bueno un artículo que señala que “en un plazo de 12 meses, el Presidente de la República deberá enviar un proyecto de ley para la creación de la Agencia Nacional de Aguas y la adecuación normativa relativa a las autorizaciones de uso de aguas”.

La misma norma señala que este proyecto “deberá regular la creación, composición y funcionamiento de los Consejos de Cuenca y la adecuación de estatutos y participación de las organizaciones de usuarios de agua en dicha instancia. Mientras no entre en vigencia dicha ley, las funciones de la Agencia Nacional de Aguas serán asumidas, en lo respectivo a sus competencias, por la Dirección General de Aguas del MOP, quien actuará en coordinación con los organismos públicos competentes y con el apoyo de los Gobiernos Regionales”.

Agrega que “en el caso de que no se dicte esta ley en el plazo de dos años, el Poder Legislativo tramitará el proyecto de ley según las reglas de discusión inmediata vigentes al cumplimiento de dicho plazo”.

Otro de los artículos que se aprobó en este ámbito plantea que “la Dirección General de Aguas o la Agencia Nacional de Aguas, según corresponda, de manera gradual, progresiva y con sentido de urgencia, realizará el proceso de redistribución de los caudales de las cuencas con el apoyo respectivo de los Gobiernos Regionales, para garantizar los usos prioritarios reconocidos en la Constitución”.

Añade que “este proceso comprende la elaboración de informes de diagnóstico y evaluación a nivel regional, que se desarrollará por etapas y priorizando aquellas cuencas en crisis hídrica y con sobreotorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas. Dentro del plazo de 6 meses, se iniciará el primer proceso regional. Esta redistribución no se aplicará a pequeños agricultores; comunidades, asociaciones y personas indígenas; gestores comunitarios de agua potable rural y otros pequeños autorizados”.

También le dieron el visto bueno a una norma que dice que, “en el plazo de un año desde la entrada en vigencia de la Constitución, el Presidente de la República convocará a la constitución de una comisión de transición ecológica. Dependerá del Ministerio de Medio Ambiente y estará encargada de diseñar propuestas de legislación, adecuación normativa y políticas públicas orientadas a la implementación de las normas constitucionales del acápite de naturaleza y medioambiente. Esta comisión será integrada por académicos, organizaciones de la sociedad civil, representantes de los pueblos indígenas y por los organismos públicos pertinentes”.

Por otro lado, la semana pasada el pleno ya aprobó un artículo que dice que el Presidente deberá presentar proyectos de ley sobre el Sistema de Seguridad Social en 12 meses, Sistema Nacional de Salud en 18 meses, y dieron un plazo de 24 meses para los proyectos de educación; pero en esa ocasión, el pleno había rechazado una propuesta que apuntaba a que “el Poder Legislativo deberá concluir la tramitación de estos proyectos en un plazo no superior a 2 años, contados desde la fecha de su presentación”.

Así las cosas, ahora los convencionales de la comisión aprobaron una nueva propuesta que dice lo mismo, pero con otras palabras: “El Poder Legislativo deberá concluir la tramitación de estos proyectos en un plazo no superior a 24 meses, contados desde la fecha de su presentación”.

En materia de justicia se aprobó una norma que dice que en un plazo de tres años desde la entrada en vigencia de la Constitución, el Presidente “deberá presentar el o los proyectos de ley necesarios para establecer los Tribunales Administrativos señalados en el artículo [367. Artículo 15], fusionando a los Tribunales Tributarios y Aduaneros, al Tribunal de Cuentas, al Tribunal de Contratación Pública y al Tribunal de Propiedad Industrial en los nuevos Tribunales Administrativos para su integración al Sistema Nacional de Justicia. Si el proyecto de ley no fuese despachado en un plazo de cuatro años desde la entrada en vigencia de esta Constitución, los tribunales señalados se integrarán directamente al Sistema Nacional de Justicia”.

Agrega que “esta ley deberá establecer el proceso administrativo que fije las bases de su orden jurisdiccional y determine un procedimiento de aplicación general y los procedimientos especiales que correspondan. Mientras no se promulgue esta ley, los tribunales individualizados en este artículo continuarán conociendo las causas que les correspondan de acuerdo a su competencia y procedimientos”.

También establece que “la ley deberá crear progresivamente los nuevos tribunales ambientales previstos en la Constitución, y mientras ello no ocurra, los tribunales ambientales mantendrán su competencia territorial y seguirán conociendo conforme a las normas procedimentales vigentes”.