“Nosotros como bancada vamos a tomar algunas consideraciones. Desde quizás pedirle al Presidente de la República que lo retire de su cargo hasta una acusación constitucional”. Esa era la dura advertencia que el presidente de la comisión investigadora por los líos de plata entre el Estado y fundaciones, José Miguel Castro (RN), lanzó el jueves desde el Congreso Nacional al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS). La autoridad quedó nuevamente expuesta públicamente después de que la Contraloría dio a conocer la auditoría que hizo a 15 seremías del Minvu que efectuaron millonarios traspasos a fundaciones.

Sin embargo, con el correr de los días en Chile Vamos han ido bajando el tono, incluso luego de que La Tercera entrevistara a la diputada Catalina Pérez (RD) quien afirmó que “la primera semana de junio comunicó sobre la denuncia a Democracia Viva, a RD y al gobierno”. Y a pesar de que hoy Montes insistió en que “información previa hasta el 16 de junio yo no tuve”, lo que reactivó las críticas a su rol como responsable jerárquico dentro del ministerio y atizó en el Partido Republicano la idea de una posible acusación constitucional por “notable abandono de deberes”.

La centro-derecha agrupada en Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) está repensando su estrategia tomando en consideración un elemento fuera del esquema de las irregularidades investigadas: el factor electoral. Y es que algunos en la oposición sopesaron que un libelo contra Montes, podría afectar la posición del “A favor” que desde el bloque están impulsando para el plebiscito del 17 de diciembre en que se someterá a votación la propuesta de nueva Constitución.

Así lo transmitió el jefe de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez, quien dijo que “una posible acusación constitucional es algo que tenemos que conversar con todas las fuerzas del Congreso que hoy están por el ‘A favor’, porque decisiones de esta magnitud pueden afectar a las campañas. Esta es una decisión que no podemos tomar cada partido por sus cuentas”.

Las declaraciones de Ramírez son reforzadas por el jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, quien plantea que “vamos a entrar en un nuevo conflicto y perderemos el foco de la campaña del ‘A favor’, que es lo relevante. La gente es crítica del gobierno, pero también están aburridos del conflicto”.

En esa misma línea, el jefe de bancada de Evópoli, Francisco Undurraga, sostuvo que “indudablemente las acusaciones de esta semana hacen juntar causales para una acusación constitucional. Simplemente porque es el ministro político y responsable. Pero lo importante para Chile no es la pelea corta entre la oposición y el gobierno, la responsabilidad política es ineludible, pero hoy día nosotros estamos abocados a conocer un texto constitucional que nos debe guiar por los próximos 50 años. Lo primero es salir a la calle, mostrar el texto, convencer a la gente y luego tendremos tiempo para pensar en acusaciones constitucionales”.

El análisis en la derecha es que la campaña del “A favor” está cuesta arriba y, por lo mismo, se debe tener precaución de cualquier hito que la pueda afectar, especialmente considerando que es poco el tiempo de campaña que hay. Por lo mismo, en RN adoptaron la decisión de que cualquier arremetida contra Montes será zanjada una vez finalizado el trabajo de la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados.

“Nosotros deberíamos esperar los resultados de esta comisión investigadora que ya está pronto a culminar y de esa manera poder establecer de verdad las responsabilidades que ha tenido cada uno antes de pedir la renuncia de alguien. Yo siento que el ministro Montes ha prestado hasta ahora por lo menos toda la ayuda para que se esclarezcan los hechos, yo no tengo ni una duda de que él es el más interesado en que esto se aclare”, dijo Sauerbaum en un punto de prensa.

La situación de Chile Vamos contrasta con lo planteado por el Partido Republicano, que ha tenido una línea más dura y se ha abierto a la opción de acusar constitucionalmente a Montes.

Al respecto, su jefe de bancada, Agustín Romero, sostuvo esta jornada que “él tenía que haber tomado las riendas de su ministerio y haber impedido esto. Haber sacado a la gente (...) estamos analizando una acusación”.

Ayer en Canal 13, en tanto, el timonel de ese partido, Arturo Squella, dijo que con los nuevos antecedentes “reflota” la idea de acusar a Montes.

Desde el gobierno la ministra vocera, Camila Vallejo, trató de “pequeñez política” la idea de una acusación y afirmó que “esperamos que no sean mayoritarias las posiciones que buscan utilizar políticamente esto nuevamente. Les quiero recordar que hubo seis amenazas de acusación constitucional por parte de la oposición en menos de dos años. Y cinco de ellas se presentaron y perdieron, porque no tenían fundamento. ¿Vamos a volver a insistir en esto?”.

Otro factor que han considerado en la derecha es si están los votos o no para acusar a Montes. En Chile Vamos consideran que algunos sectores de centro -como la DC, Demócratas o Amarillos- todavía no han transmitido la idea de apoyar un libelo. La tarde de este lunes se esperaba que existieran contactos para avanzar en esa línea.

Desde Demócratas, el diputado Miguel Ángel Calisto recalcó que “las acusaciones que hoy se han informado evidentemente son graves y recaen sobre el ministerio de Vivienda. Soy partidario de revisar la acusación y evaluarla en su mérito si se presenta”.

Mientras que el DC Eric Aedo si bien tomó distancia de la acusación, afirmó que Montes debería dar un paso al costado.

El sector tiene como mal recuerdo lo que ha ocurrido con otras acusaciones anteriores, como el libelo contra el exministro de Educación, Marco Antonio Ávila, que se cayó, dividiendo a la derecha. Para que una acusación prospere en la Cámara se necesitan 78 votos de los 155 legisladores.

Adicionalmente, en el sector saben que Carlos Montes es respetado dentro de los congresistas -por su pasado como parlamentario- lo que hace que algunos se resistan a la idea de acusarlo, especialmente en el Senado.

Pese a la reticencia de Chile Vamos por efectos electorales que podría tener una acusación fallida contra Montes, al interior de sus partidos hay presiones para mostrar una fiscalización activa al gobierno. De todas maneras, desde la UDI, RN y Evópoli le recalcaron a los republicanos que si van a impulsar un libelo contra el titular de Vivienda, deben dar garantías de que tienen los votos.