Intensas negociaciones tuvieron lugar este domingo en el edificio del Congreso en Santiago. Desde las 11.30 y hasta el cierre de esta edición, los distintos colectivos del centro y la izquierda -que tienen representación en la Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional- intentaban destrabar los puntos que han impedido un nuevo acuerdo para reemplazar el actual sistema legislativo.

Las conversaciones se dan ad portas de que este lunes a la medianoche finalice el plazo de indicaciones a los artículos que fueron rechazados en el pleno el 13 de abril pasado, entre ellos, las atribuciones de la institucionalidad que reemplazará el actual Senado, denominada Cámara de las Regiones y, a su vez, la definición del Congreso de Diputadas y Diputados.

Al encuentro llegaron, entre otros, los coordinadores Ricardo Montero (CS) y Rosa Catrileo (Mapuche) e integrantes como Fernando Atria (Frente Amplio), Marcos Barraza (PC), Bárbara Sepúlveda (PC), Guillermo Namor (INN), Patricia Politzer (INN), Alondra Carrillo (Movimientos Sociales), Pedro Muñoz (CS), Maximiliano Hurtado (CS), además de Fuad Chahin (Colectivo del Apruebo) y los convencionales Adolfo Millabur (Mapuche) y Tammy Pustilnick (INN).

En la antesala de esa reunión, el sábado, tanto el Colectivo Socialista como Independientes No Neutrales y Escaños Reservados llegaron a una propuesta común para ampliar las atribuciones de la Cámara de las Regiones, que fue uno de los insumos con los que este domingo avanzaron las tratativas.

El planteamiento de esos colectivos, quienes se desmarcaron del acuerdo inicial que terminó siendo desechado parcialmente en el pleno, contempla que la nueva corporación tenga, además de las atribuciones sobre materias de acuerdo regional, prerrogativas políticas como actuar de jurado ante acusaciones constitucionales y pronunciarse sobre leyes que “regulen o limiten derechos sociales”.

Asimismo, se propone que la Cámara de las Regiones pueda tener atribuciones en toda reforma constitucional que se impulse, además de la regulación legal de órganos autónomos, del sistema justicia, de querellas de concurrencia presidencial necesaria (como las que irrogan gasto fiscal), de las que regulen estados de excepción, de los nombramientos relativos a órganos autónomos y de declaraciones de estados de excepción.

Por otro lado, los convencionales plantean la posibilidad de que la nueva corporación pueda “conocer todas aquellas materias que no sean de Leyes de Acuerdo Regional, cumpliendo con la solicitud de al menos un 1/3 de sus miembros en ejercicio, en un plazo de 60 días, para evacuar el proyecto, sin tramitación en comisión mixta”. La propuesta -agregan- “puede ser aceptada o desechada por la mayoría de las diputadas y diputados en ejercicio”.

En otros puntos, la propuesta busca modificar el orden de revisión de los informes de comisiones mixtas, cuando se trate de leyes de acuerdo regional “que sean de total interés para la Cámara de las Regiones”.

Según presentes, durante el día las conversaciones avanzaron “lento”. Mientras que el Frente Amplio se habría abierto a considerar algunas de esas atribuciones, como las reformas constitucionales de cualquier índole, el Partido Comunista y sectores de movimientos sociales habrían insistido en el acuerdo original.

Ayer, el Colectivo del Apruebo también hizo sus propuestas para modificar el sistema legislativo. En una minuta que fue compartida entre los convencionales que participaron del encuentro, se ven varias coincidencias con las atribuciones adicionales planteadas por los socialistas, como los derechos fundamentales y acusaciones constitucionales, aunque se busca remarcar el bicameralismo simétrico.

En el caso de las competencias de la Cámara de las Regiones, se advierte la necesidad de que -además de las contempladas en el acuerdo original- esta tenga poder de decisión en la creación, organización y funcionamiento de servicios públicos nacionales y en la creación de empresas públicas.

Llegar a un acuerdo en la materia es crucial para que el nuevo informe de la comisión tenga los 2/3 que requiere para su aprobación en el pleno y el nuevo sistema legislativo tenga coherencia. De no lograrse un consenso, las atribuciones y composición de ambas cámaras quedarían sin norma y, por tanto, debieran ser resueltas por ley.