Comisión de Derechos Fundamentales: cómo llega al pleno y los nudos que se avizoran en su votación

“Lo que uno ve que está quedando es un mamarracho desde el punto de vista jurídico”.

Este es el crítico diagnóstico que el convencional y abogado Felipe Harboe (Colectivo del Apruebo) le compartió al vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez (Independientes No Neutrales), al conversar sobre los artículos aprobados en la comisión de Derechos Fundamentales (DD.FF.) de la Convención Constitucional.

Ambos forman parte de esta instancia, la más numerosa de la Convención (33 integrantes) y que desde las 9.30 horas de este jueves someterá su primer informe de propuestas a la votación del pleno de la Convención.

Los convencionales suelen referirse a esta comisión como “un pleno chico” no solo por ser la más numerosa, sino porque también es la que, por reglamento, abarca el más amplio catálogo de temas. Como mínimo, esta instancia debe redactar, deliberar y votar normas sobre 43 derechos.

En total, son 50 artículos los que a partir de este jueves serán revisados por el pleno. Entre ellos, se abarcan temas como las definiciones generales de los DD.FF, derechos civiles y políticos, así como también libertades, derechos sexuales, de propiedad y debido proceso.

La comisión está compuesta por cuatro convencionales del Colectivo Socialista, cuatro del FA, cuatro escaños reservados, tres de INN, tres de Pueblo Constituyente, dos de Chile Libre, dos de Un Chile Unido, dos de RN-Evópoli-IND, dos del Colectivo del Apruebo, dos de la Coordinadora Plurinacional, dos de Movimientos Sociales, dos de Chile Digno y una de Unidos por Chile.

Los coordinadores son César Valenzuela (Colectivo Socialista) y Janis Meneses (Movimientos Sociales).

La instancia ha sido escenario de fuertes roces entre convencionales de la centroderecha y la izquierda. Durante una de sus intervenciones, la convencional Bárbara Rebolledo (RN-Evópoli-IND) manifestó su descontento debido a que, según señaló, la mayoría de las veces sus indicaciones son rechazadas. Incluso acusó que dentro de la comisión existe un grupo de WhatsApp que incluye a todos sus integrantes, excepto a la derecha.

En este sentido, Manuel José Ossandón (RN-Evópoli-IND) cuenta: “Cuando hay una norma que tiene el apellido Rebolledo, Ossandón, o de cualquier otra persona de derecha, es rechazada. Lo mismo pasa con Felipe Harboe”. Este último coincide: “Hay algunos convencionales que les da lo mismo lo que diga la indicación, ni siquiera las leen. Rechazan en función del origen”.

Sobre estos roces, Valenzuela señala: “El contenido de esta comisión levanta pasiones. El problema es cuando uno no sabe controlar y cuando hay una posición decidida, yo creo que de un grupo muy minoritario dentro de la derecha, de tratar de dilatar este proceso para que se caiga”.

En concreto, el informe que se someterá a votación este jueves aborda dos de los bloques temáticos que abordó la comisión.

El primero de ellos incluye la titularidad de los DD.FF, su finalidad, límites y restricciones, destinatarios, regulación, cláusula de obligaciones generales de los DD.FF, así como también mecanismos de garantías, financiamiento y principios de no regresión, de progresividad y criterios de interpretación.

En el segundo bloque, en tanto, se incluye la libertad de conciencia y religión, de emitir opinión, de información, de culto, de prensa, de expresión, personal y ambulatoria, autonomía e identidad, libertad de emprender y desarrollar actividades económicas, de asociación. También los derechos a la seguridad individual, a la inviolabilidad del hogar, sexuales y reproductivos, de propiedad, a la vida y a la integridad física y psíquica, a la honra, el debido proceso, el derecho a reunión, de los chilenos residentes en el extranjero, de las personas frente a la administración del Estado y de petición.

Dentro de estos temas, aquellos que reúnen mayor consenso y que, según señalan desde algunos colectivos, serían aprobados mañana, son el derecho a la vida, financiamiento de los DD.FF y sus principios, libertad y seguridad individual.

Sin embargo, hay varios cuestionamientos hacia las normas aprobadas en la comisión. De acuerdo a Harboe, este primer informe tiene un gran problema: no se establece en términos globales quiénes son los protegidos por los DD.FF. El convencional explica: “Se excluyó a personas jurídicas. Eso obligó a que en cada artículo que consagra un derecho, hay que establecer si es que le corresponde a la persona jurídica o no”.

El convencional Ossandón complementa: “Si se nos pasa regular expresamente que son para personas jurídicas, vamos a generar vacíos que pueden ser muy graves”.

En esta misma línea, la convencional Rocío Cantuarias (Chile Libre) manifiesta: “No quieren ser prolijos con un instrumento tan importante como la Carta Magna. Ni siquiera estoy hablando de contenido, estoy hablando incluso solo de redacción”.

Frente a estas críticas, el co-coordinador Valenzuela (Colectivo Socialista) sostiene: “Es transversal el reconocimiento de que no hay disparates en este informe. Uno puede estar en contra o a favor de alguna cosa, pero los elementos centrales creo que son compartidos por la inmensa mayoría”.

Entre los convencionales de la comisión es compartida la idea de que varios de los artículos incluidos en el informe deberían ser rechazados en el pleno, para que puedan retornar a la comisión y ser modificados. De hecho, según estimaciones de algunos de ellos, al cierre de esta edición, alrededor de la mitad de los artículos serían rechazados, aunque aún se mantenían negociaciones en curso. En este sentido, Valenzuela justifica: “Hay problemas gramaticales, de redacción, que producto del frenesí con el que estamos trabajando no tuvimos la oportunidad de poder corregir”.

Al respecto, la co-coordinadora Meneses (Movimientos Sociales) agrega: “En materia de derechos, tiene que quedar una Constitución que permita ejercerlos, que sean articulados, que hagan que esta Constitución no sea declarativa, sino que los derechos puedan ser exigibles. Entonces, tenemos que ajustar mucho eso en la redacción”.

Entre las normas que los convencionales adelantan que serían rechazadas, están la propiedad indígena, la expropiación, el negacionismo y el debido proceso. Sobre este último, Harboe plantea: “Hay normas muy positivas, pero se rechazaron otras que eran complementarias a las que quedaron, entonces hay vacíos”.

Además, el convencional Javier Fuchslocher (INN) adelanta que artículos como los referidos a la libertad de religión y de expresión también deberían regresar a la comisión, para perfeccionarlos y que logren garantías. Por su parte, la convencional Tatiana Urrutia (FA) confía en que el segundo informe “llegará mejor preparado” que el primero. “Estos meses de conversación fueron muy de llegar a acuerdos, pero entendemos también la urgencia. Nos vamos con harta pega cada colectivo”, señala Urrutia.

Frente al retorno de artículos a la comisión, Harboe sostiene que se corre el riesgo de un proyecto constitucional sin un capítulo adecuado de DD.FF producto del retraso. En esta misma línea, Ossandón considera que el cronograma actual es tan acotado, que no contempla que muchas de las normas, por sus problemas de redacción, necesariamente van a tener que volver a ser discutidas.

Frente a este problemas, la coordinación de la comisión ya ha comenzado a tomar medidas. Meneses adelanta que, a partir de este sábado, dentro de DD.FF comenzarán a funcionar dos subcomisiones. De esta forma, se repartirán en dos grupos las 400 iniciativas constituyentes que tienen que revisar.

Pese a las exigencias del ritmo de trabajo, para algunos convencionales, como Fuchslocher, no queda otra opción. “Estamos trabajando a toda máquina, pero contra el tiempo. Sin embargo, debemos contar con una Constitución que dará respuestas y garantías de aquí a 50 años. Por eso creemos que debemos perfeccionar y dialogar sobre estos derechos todo lo que sea necesario”, afirma.